--- canonical_url: "https://elnuevoconservador.com/contenido/5240/introduccion-a-la-sociedad-sonambula-o-el-peligro-real-del-desmontaje-de-occiden" title: "Introducción a la sociedad sonámbula, o el peligro real del desmontaje de Occidente" article_type: "Article" main_image: "https://elnuevoconservador.com/static/_7/custom/imagen-default.png?t=2026-10-21+02%3A00%3A10.947335" date_published: "2026-10-21T07:19:00-04:00" date_modified: "2026-10-21T15:47:38-04:00" author_name: "Luis Leonel León" author_url: "https://elnuevoconservador.com/usuario/3/luis-leonel-leon" author_bio: "Luis Leonel León, director ejecutivo del Cuban Studies Institute, es un escritor, periodista y cineasta especializado en estudios cubanos. Su trabajo ha aparecido en El Nuevo Herald, Diario Las Américas, The American Spectator, El Nacional, Disidentia, La Gaceta de la Iberósfera y otros medios. Ha escrito sobre artistas (Rafael Soriano, Arturo Rodríguez, César Trasovares y William Osorio) y autores cubanos (Dulce María Loynaz, Guillermo Cabrera Infante, César Reynel Aguilera y Carlos Alberto Montaner), entre otros. También ha curado exposiciones de arte y ciclos cinematográficos en Estados Unidos, Cuba y España. Ha producido películas y series documentales sobre historia, cultura y exilio cubanos (Mariel: 40 años, Brigada 2506: Héroes cubanos y 8 × 8: Mujeres cubanas en busca de la libertad). Entre sus documentales premiados se encuentran Habaneceres, La gracia de volver y Coro de ciudad. Sus libros incluyen: La libertad y la isla, Historias de Cuba y Breve manual contra la trampa socialista. Es fundador de la editorial LiberPolis y Colección Fugas, miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y del Interamerican Institute for Democracy." author_social_links: - "https://www.facebook.com/luisleonelleon" - "https://x.com/LuisLeonelLeon" - "https://www.linkedin.com/in/luis-leonel-leon-86119838/" - "https://www.instagram.com/luisleonelleon/" - "https://www.youtube.com/@LuisLeonelLeon" - "https://www.tiktok.com/@luisleonelleon" --- # Introducción a la sociedad sonámbula, o el peligro real del desmontaje de Occidente Hay sociedades que pierden la libertad mediante una derrota militar y otras que comienzan a perderla mientras continúan celebrando elecciones, discutiendo apasionadamente sobre sus derechos y confiando en que las instituciones democráticas sobrevivirán por la simple fuerza de la costumbre. Estas últimas suelen descubrir demasiado tarde que la libertad política no es una condición natural ni una conquista irreversible, sino un orden histórico que necesita ciudadanos capaces de reconocer sus amenazas y autoridades dispuestas a cumplir sus responsabilidades. Una democracia puede conservar sus procedimientos electorales y, sin embargo, debilitar progresivamente los principios que les dan sentido. Puede seguir votando mientras tolera la intimidación, defender la protesta mientras se acostumbra a la destrucción e invocar la tolerancia mientras renuncia a proteger a quienes padecen la violencia. A esa contradicción la llamo democracia sonámbula. No porque sus ciudadanos desconozcan necesariamente lo que ocurre a su alrededor, sino porque una parte de ellos ha desarrollado una extraordinaria capacidad para contemplar los hechos sin reconocer sus consecuencias. Las imágenes de establecimientos saqueados, automóviles incendiados, monumentos vandalizados y agentes policiales atacados se suceden ante nuestros ojos hasta amenazar con convertir lo excepcional en habitual. Cada episodio provoca indignación, discusiones partidistas y una nueva disputa sobre sus causas. Después llega otro, y el anterior desaparece de la conversación pública sin que hayamos comprendido los mecanismos que lo hicieron posible ni las responsabilidades que dejó al descubierto. Uno de esos mecanismos merece especial atención porque revela una dimensión significativa de la violencia contemporánea: la utilización de tecnologías de comunicación para coordinar movimientos, compartir información y anticiparse a las actuaciones policiales. Los walkie-talkies, los teléfonos móviles y las aplicaciones de mensajería son instrumentos ordinarios de una sociedad tecnológicamente avanzada, pero también pueden proporcionar ventajas operativas a grupos que buscan aprovechar la confusión de una manifestación multitudinaria para cometer actos violentos. El problema no reside en los dispositivos, sino en la organización y los propósitos de quienes los utilizan. Una multitud reunida en una plaza no constituye necesariamente una organización. Una protesta puede ser multitudinaria, espontánea y legítima. Pero cuando determinados participantes se distribuyen funciones, intercambian información sobre movimientos policiales y coordinan acciones contra objetivos específicos, la violencia adquiere una capacidad que supera la actuación aislada de individuos enfurecidos. La diferencia entre una manifestación y una operación organizada no depende de la cantidad de personas presentes, sino de las conductas, los métodos y las responsabilidades que puedan establecerse. En Francia, esta cuestión ha sido examinada oficialmente. Una [investigación parlamentaria de la Asamblea Nacional, publicada en noviembre de 2023](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L16B1824-t1.html), dedicada a estudiar las organizaciones, los medios y las modalidades de actuación de grupos responsables de violencia durante las manifestaciones de aquella primavera, recogió información policial sobre las tácticas utilizadas por participantes de los llamados black blocs. Según las respuestas oficiales incorporadas al informe, algunos militantes situados a cierta distancia evaluaban los dispositivos de seguridad y orientaban a otros mediante walkie-talkies, desplazamientos en patinetes e incluso drones. El documento describió también procedimientos de ocultamiento de identidad, formación de grupos compactos y preparación de materiales empleados durante los enfrentamientos. La relevancia de esta investigación no reside solamente en la confirmación del uso de determinadas tecnologías. Permite comprender cómo una forma de violencia política puede adquirir organización táctica sin necesitar una estructura permanente y centralizada. La expresión black bloc designa principalmente una modalidad de actuación y no una organización mundial con dirección única. Esa distinción es importante porque la existencia de grupos coordinados durante una manifestación no demuestra por sí sola quién los financia, qué relaciones mantienen con otras organizaciones o si obedecen órdenes procedentes de otro país. La investigación de esas cuestiones requiere pruebas específicas. Pero tampoco debe utilizarse la ausencia de un mando único como argumento para restar importancia a las conductas violentas que sí han sido documentadas. Francia ofrece, además, una contradicción especialmente reveladora. Una parte de la violencia ocurre al amparo de convocatorias que reúnen a ciudadanos interesados en ejercer derechos legítimos, incluidos trabajadores y organizaciones sindicales que nada tienen que ver con los actos delictivos. Los grupos que recurren a la destrucción pueden aprovechar la presencia de esas multitudes, aunque la responsabilidad por sus actuaciones corresponde a quienes participan en ellas. La distinción protege simultáneamente dos principios fundamentales: el derecho de reunión pacífica y el derecho de los demás ciudadanos a no ser intimidados, agredidos o privados de sus bienes. La experiencia estadounidense ofrece otro ejemplo, ideológicamente diferente, que confirma la importancia de examinar los métodos antes que las simpatías políticas. Las investigaciones judiciales sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 documentaron comunicaciones entre integrantes de organizaciones extremistas. En el caso de los Oath Keepers, el [Departamento de Justicia de Estados Unidos](https://www.justice.gov/usao-dc/pr/three-individuals-affiliated-oath-keepers-indicted-federal-court-conspiracy-obstruct) identificó el empleo de Zello, una aplicación de comunicación por voz cuyo funcionamiento recuerda al de un walkie-talkie. Los investigadores obtuvieron grabaciones que permitieron reconstruir intercambios entre participantes y que formaron parte de las pruebas utilizadas en los procedimientos judiciales. La existencia de esas comunicaciones no permite atribuir una dirección común a toda la multitud, pero sí demuestra la coordinación de determinadas personas involucradas en los acontecimientos. La importancia política de este caso reside en que la tecnología no tiene ideología y la violencia tampoco adquiere legitimidad por situarse a la derecha o a la izquierda. Una democracia que condena los ataques de sus adversarios, pero encuentra excusas para los de quienes considera aliados, termina debilitando la autoridad moral de sus propias instituciones. La defensa del orden constitucional exige un principio que pueda aplicarse a todos: la protesta es legítima, la oposición es indispensable y ninguna causa política concede inmunidad para intimidar, agredir o destruir. Quien defiende la libertad solamente cuando beneficia a su propio partido termina defendiendo un privilegio, no un principio. Los disturbios que sacudieron Inglaterra en agosto de 2011 permiten observar un antecedente significativo de la utilización de comunicaciones digitales durante situaciones de desorden público. Después de la muerte de Mark Duggan durante una intervención policial, las protestas iniciales fueron seguidas por varios días de incendios, saqueos y enfrentamientos en distintas ciudades. La [Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes](https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/1456/145607.htm) examinó posteriormente el papel de las redes sociales y de BlackBerry Messenger, un servicio que permitía intercambiar mensajes dentro de grupos de usuarios. La investigación recogió indicios de utilización de esas comunicaciones para alentar o facilitar actos delictivos, aunque reconoció las limitaciones de parte de las pruebas y los usos positivos que esas mismas plataformas tuvieron para informar a los ciudadanos y contribuir a la respuesta comunitaria. Las consecuencias de aquella violencia pueden comprenderse mejor a través de la experiencia de Siva Kandiah, un comerciante de Hackney que llevaba once años trabajando en su establecimiento de Clarence Road. En una [entrevista publicada por The Guardian el 8 de diciembre de 2011](https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/08/victims-voices-confidence-siva-hackney), Kandiah relató que había confiado en que los disturbios no llegarían a su calle, hasta que terminó viendo por televisión cómo entraban en su negocio. Las pérdidas se aproximaron a 87.000 libras esterlinas. Cuando regresó encontró devastado el resultado de más de una década de trabajo. Su testimonio también dejó constancia de la solidaridad de los vecinos, que reunieron fondos y contribuyeron a que pudiera reabrir el establecimiento. La historia de Kandiah devuelve al debate una dimensión humana que desaparece con demasiada facilidad cuando los saqueos se interpretan exclusivamente mediante categorías ideológicas. Detrás de un comercio destruido hay ahorros, sacrificios, responsabilidades familiares y expectativas de independencia económica. La propiedad privada representa capital, pero también tiempo de vida, esfuerzo acumulado y una forma concreta de autonomía. Su destrucción no puede presentarse como un daño secundario que la sociedad deba aceptar en nombre de reivindicaciones colectivas. Quienes justifican los saqueos como expresión de frustraciones sociales pueden terminar ignorando la frustración, el sufrimiento y las pérdidas de quienes soportan sus consecuencias. La experiencia de Kandiah revela también una diferencia moral fundamental entre la solidaridad y la violencia. Quienes destruyeron su negocio no resolvieron ninguna de las injusticias que pudieran haber servido de pretexto para los disturbios. Fueron sus vecinos, mediante una cooperación voluntaria, quienes contribuyeron a reparar parte de los daños. En un mismo episodio aparecieron dos formas opuestas de relación social: la imposición de la fuerza y la responsabilidad compartida. Una destruyó años de trabajo ajeno. La otra ayudó a recuperar lo que había sido destruido. La diferencia constituye una lección cívica mucho más profunda que cualquier consigna pronunciada durante los enfrentamientos. Los episodios de Francia, Estados Unidos e Inglaterra no demuestran la existencia de una organización internacional que dirija conjuntamente los disturbios, ni permiten atribuir motivaciones idénticas a sus protagonistas. Lo que muestran, mediante documentos oficiales e investigaciones periodísticas, es que determinados grupos y participantes han utilizado medios de comunicación para facilitar acciones coordinadas durante episodios de violencia. La semejanza de métodos merece atención porque revela posibilidades organizativas que pueden reproducirse en contextos políticos distintos. Investigar esas coincidencias exige pruebas, no especulaciones. Precisamente por eso resulta indispensable distinguir entre la protesta legítima, la radicalidad ideológica y la comisión de delitos, sin extender la responsabilidad de unos participantes a quienes no han intervenido en ellos. El problema de fondo es más amplio que la tecnología. Los dispositivos permiten transmitir información con rapidez, pero no explican por sí solos la disposición a utilizar la violencia ni las ideas que pueden justificarla. Para comprender ese fenómeno es necesario examinar las organizaciones que participan, las doctrinas que invocan, las circunstancias que facilitan sus actuaciones y las respuestas institucionales que pueden contenerlas o alentarlas. La técnica multiplica las posibilidades de acción, mientras las convicciones y decisiones humanas determinan sus propósitos. Una sociedad que concentra toda su atención en los instrumentos puede terminar ignorando la cultura política que permite convertirlos en herramientas de intimidación. Alexis de Tocqueville comprendió, desde otra perspectiva, que la libertad democrática depende de hábitos, asociaciones y responsabilidades que no pueden reducirse al funcionamiento formal del gobierno. En La democracia en América examinó la importancia de la participación cívica y de las instituciones intermedias para evitar que los individuos quedaran aislados frente a una autoridad cada vez más poderosa. Su reflexión conserva actualidad porque una sociedad libre necesita ciudadanos capaces de asumir responsabilidades más allá de los períodos electorales. La democracia no puede sostenerse únicamente mediante leyes escritas cuando desaparecen las convicciones necesarias para respetarlas. Karl Popper abordó otra dimensión de este problema en La sociedad abierta y sus enemigos, publicada en 1945. Su crítica de los proyectos políticos que pretenden conocer de antemano el destino de la historia estuvo acompañada de una defensa de instituciones capaces de corregir errores y sustituir gobiernos sin recurrir a la violencia. Su conocida reflexión sobre los límites de la tolerancia, desarrollada en una nota de esa obra, no constituye una autorización general para prohibir ideas extremas. Advierte, más bien, del peligro que representan quienes rechazan el debate racional y recurren a la intimidación y la violencia para imponerse. Una sociedad abierta debe preservar la discusión incluso con adversarios radicales, pero no está obligada a permitir que estos destruyan las condiciones que hacen posible la convivencia. Aquí aparece la figura del votante suicida, una expresión deliberadamente provocadora que identifica una contradicción política especialmente peligrosa: la del ciudadano que utiliza las libertades democráticas para respaldar decisiones, dirigentes o prácticas que terminan debilitando las condiciones necesarias para conservarlas. No necesita desear la destrucción del orden constitucional. Basta con que considere aceptable vulnerar sus principios cuando la excepción parece favorecer a su partido, perjudicar a sus adversarios o satisfacer una demanda inmediata. El votante suicida puede celebrar restricciones contra quienes piensan de manera diferente sin advertir que mañana esas mismas facultades podrán utilizarse contra él. Puede disculpar la intimidación porque simpatiza con las reivindicaciones de quienes la ejercen, sin comprender que la legitimación de la fuerza como procedimiento político terminará afectando a todos. Puede reclamar una autoridad extraordinaria para resolver problemas urgentes y descubrir después que carece de instrumentos para limitarla. Su contradicción consiste en aprovechar las posibilidades de una sociedad libre para favorecer decisiones que reducen su propia autonomía. La responsabilidad de esta conducta aumenta cuando se traslada a dirigentes, partidos e instituciones que presentan el desorden como una consecuencia comprensible o inevitable de determinadas reivindicaciones. Explicar las circunstancias de una protesta es una obligación del análisis político. Justificar delitos concretos constituye una decisión moral diferente. Una sociedad puede investigar injusticias, reconocer abusos y exigir reformas sin convertir a los comerciantes saqueados, a los vecinos atemorizados o a los agentes agredidos en responsables colectivos de los conflictos que otros invocan. La legitimidad de una reivindicación debe examinarse por sus propios fundamentos, mientras la responsabilidad por la violencia corresponde a quienes la cometen, la ordenan o participan delictivamente en ella. Esta distinción no pertenece exclusivamente a una corriente ideológica. Puede exigirse a ciudadanos de izquierda o de derecha, a quienes invocan la igualdad y a quienes apelan al orden. El conservadurismo que defiendo encuentra precisamente aquí una de sus obligaciones fundamentales: reconocer que la autoridad es indispensable para la libertad, pero que su ejercicio debe permanecer sometido a límites jurídicos. La defensa de las instituciones no puede convertirse en una autorización para destruirlas, del mismo modo que la defensa de la justicia social no puede servir de pretexto para atropellar los derechos de personas inocentes. La democracia sonámbula encuentra en la indulgencia selectiva una de sus manifestaciones más inquietantes. Las instituciones pueden debilitarse por la acción de enemigos declarados del sistema, pero también por decisiones de personas que continúan considerándose demócratas mientras aceptan excepciones crecientes a sus principios. El deterioro puede desarrollarse mediante una sucesión de medidas aparentemente aisladas, cada una justificada por circunstancias extraordinarias, hasta que la suma de esas excepciones modifica la naturaleza del orden político. El problema no es solamente quién gobierna, sino qué facultades estamos dispuestos a concederle y qué derechos estamos dispuestos a sacrificar para obtener una victoria partidista. La responsabilidad corresponde igualmente a los gobernantes. La autoridad democrática debe proteger la protesta pacífica, investigar los abusos policiales y garantizar que las fuerzas del orden actúen dentro de la ley. Pero también tiene la obligación de proteger a quienes desean trabajar, desplazarse, mantener abiertos sus negocios y vivir sin temor a la violencia. Ambas responsabilidades forman parte de una misma concepción del Estado de derecho. La pasividad frente a los saqueos no constituye una forma superior de tolerancia, sino una renuncia a proteger derechos concretos de ciudadanos que no tienen por qué soportar las consecuencias de conflictos ajenos. Cuando las instituciones incumplen esas obligaciones, el daño excede las pérdidas materiales inmediatas. La percepción de que el Estado no puede garantizar la seguridad debilita la confianza pública en la legalidad y alimenta la búsqueda de soluciones al margen de ella. La tolerancia frente a la violencia puede terminar favoreciendo demandas de autoridad extraordinaria, creando un círculo en el que la debilidad institucional prepara el terreno para nuevas restricciones de libertad. La defensa del orden público, ejercida dentro de límites constitucionales, constituye por ello una condición de la democracia y no una alternativa a ella. El conservadurismo constitucional ofrece una respuesta fundada en la responsabilidad individual, la continuidad institucional y el reconocimiento de que la sociedad es anterior y más amplia que cualquier organización política. La propiedad, la familia, las asociaciones independientes, la libertad religiosa y las comunidades locales representan espacios de autonomía que contribuyen a limitar la concentración del poder. Su protección no exige negar los conflictos sociales ni considerar ilegítima la protesta. Exige comprender que la transformación política debe desarrollarse mediante procedimientos que respeten los derechos de quienes no comparten sus objetivos y que ninguna reivindicación concede autoridad para destruir la vida o el patrimonio de otros ciudadanos. Los walkie-talkies de la violencia representan, en este sentido, algo más que una herramienta de comunicación. Son una imagen de la capacidad organizativa que pueden adquirir grupos dispuestos a actuar fuera de las reglas de convivencia. Los votantes suicidas constituyen el complemento político de ese fenómeno: ciudadanos que pueden terminar debilitando, mediante sus propias decisiones, las instituciones que necesitarán para defender sus derechos. Unos muestran cómo puede organizarse la coerción. Los otros revelan cómo puede debilitarse la voluntad de rechazarla, particularmente cuando las simpatías partidistas se vuelven más importantes que los principios jurídicos compartidos. La democracia no desaparece únicamente cuando alguien anuncia su destrucción. También puede deteriorarse cuando quienes deberían protegerla se acostumbran a justificar sus vulneraciones. Su supervivencia depende de una cultura política capaz de reconocer la legitimidad del desacuerdo, rechazar la violencia como instrumento de acción y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades dentro de límites jurídicos claros. Una sociedad libre necesita ciudadanos que sepan distinguir entre protesta y saqueo, entre organización legítima y coordinación delictiva, entre autoridad y arbitrariedad, entre tolerancia y renuncia a la ley. La libertad occidental no se conserva por inercia. Una democracia puede resistir conflictos profundos mientras sus ciudadanos reconozcan que ninguna victoria política merece la destrucción de las garantías que hacen posible la convivencia. Cuando esa convicción desaparece, las elecciones pueden continuar celebrándose mientras la fuerza comienza a sustituir al derecho y la obediencia desplaza progresivamente a la responsabilidad ciudadana. Ese es el peligro de la democracia sonámbula: que sus ciudadanos sigan proclamando su amor por la libertad cuando ya han comenzado a olvidar lo que exige conservarla. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.