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title: "Los walkie-talkies que conectan el rencor, la idiotez y la violencia"
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  - "disturbios en francia"
  - "islamismo"
  - "Luis Leonel León"
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author_name: "Luis Leonel León"
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author_bio: "Luis Leonel León, director ejecutivo del Cuban Studies Institute, es un escritor, periodista y cineasta especializado en estudios cubanos. Su trabajo ha aparecido en El Nuevo Herald, Diario Las Américas, The American Spectator, El Nacional, Disidentia, La Gaceta de la Iberósfera y otros medios. Ha escrito sobre artistas (Rafael Soriano, Arturo Rodríguez, César Trasovares y William Osorio) y autores cubanos (Dulce María Loynaz, Guillermo Cabrera Infante, César Reynel Aguilera y Carlos Alberto Montaner), entre otros. También ha curado exposiciones de arte y ciclos cinematográficos en Estados Unidos, Cuba y España. Ha producido películas y series documentales sobre historia, cultura y exilio cubanos (Mariel: 40 años, Brigada 2506: Héroes cubanos y 8 × 8: Mujeres cubanas en busca de la libertad). Entre sus documentales premiados se encuentran Habaneceres, La gracia de volver y Coro de ciudad. Sus libros incluyen: La libertad y la isla, Historias de Cuba y Breve manual contra la trampa socialista. Es fundador de la editorial LiberPolis y Colección Fugas, miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y del Interamerican Institute for Democracy."
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# Los walkie-talkies que conectan el rencor, la idiotez y la violencia

![Captura de pantalla 2026-10-23 a la(s) 8.15.31 p.m.](/download/multimedia.normal.b9919ffda070e9b9.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

¿Las mismas tecnologías que usamos para hablar con nuestros hijos, organizar el trabajo o pedir ayuda pueden servir para coordinar robos, atacar a los agentes de la ley y el orden, desestabilizar gobiernos y sociedades, incinerar establecimientos, casas e iglesias, sembrar el terror y destruir las libertades que hicieron posible su desarrollo?

Los walkie-talkies, los teléfonos móviles y las aplicaciones de mensajería permiten coordinar movimientos, compartir información y anticiparse a las actuaciones policiales. Pueden proporcionar ventajas operativas a grupos que aprovechan una manifestación multitudinaria para cometer actos violentos. Cuando unos participantes vigilan el despliegue policial y orientan a otros, la violencia incorpora una dimensión táctica que las autoridades tienen la obligación de comprender y enfrentar. El 17 de octubre de 2026, Francia volvió a sufrir saqueos de comercios y ataques contra agentes y vehículos policiales. [Reuters documentó](https://www.reuters.com/world/students-trade-unions-yellow-vests-set-protest-across-france-2026-10-17/) el incendio del ayuntamiento de Limoges, la irrupción en la sede municipal de Marsella y el incendio de la oficina de turismo de Lyon. Ningún alegato basado en reivindicaciones, reales o inventadas, concede derecho a cometer esos actos delictivos. Sus responsables deben responder por ellos, con independencia de las consignas que griten o de las simpatías que despierten sus posiciones políticas.

Condeno rotundamente esa violencia. Incendiar edificios, saquear negocios y agredir personas son actos que destruyen derechos concretos y someten a otros ciudadanos a la fuerza. Los responsables convierten el trabajo ajeno, el patrimonio común y la seguridad de la población en instrumentos de presión. La sociedad tiene derecho a exigir que se les detenga, se investiguen sus responsabilidades y se les juzgue. La oposición, el desprecio o el miedo a una etiqueta política no pueden convertirse en una licencia para delinquir.

En Francia, esta cuestión ya había sido oficialmente señalada. El [informe n.º 1824](https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L16B1824-t1.html) de la Asamblea Nacional, registrado el 7 de noviembre de 2023, investigó la estructura, financiación, medios y modalidades de actuación de grupos responsables de violencia durante las manifestaciones de aquella primavera. Según la información policial incorporada al documento, algunos militantes situados a cierta distancia evaluaban los dispositivos de seguridad y orientaban a participantes de los llamados black blocs mediante walkie-talkies, desplazamientos en patinetes e incluso drones. El informe también describió procedimientos de ocultamiento de identidad, formación de grupos compactos y preparación de materiales empleados durante los enfrentamientos. Las instituciones conocían, por tanto, esos recursos de coordinación desde antes de los episodios recientes.

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¿Y quiénes son esos encapuchados que aparecen entre la multitud y terminan imponiendo su violencia? La expresión black bloc designa una táctica de actuación colectiva, más que una organización única. Su carácter descentralizado puede dificultar la identificación de las estructuras participantes, pero no elimina la coordinación ni convierte en improvisadas las acciones preparadas. Una democracia que solo sepa reconocer amenazas cuando estas tengan un jefe visible, una sede y un organigrama público llegará tarde frente a quienes se organizan de otras maneras. Una parte de esa violencia ocurre al amparo de convocatorias que también reúnen a trabajadores, organizaciones sindicales y otros ciudadanos ajenos a los delitos. Los grupos que recurren a la destrucción pueden aprovechar la presencia de esas multitudes. La responsabilidad por los saqueos y las agresiones corresponde a quienes los cometen, organizan o facilitan. Establecerla con precisión protege el derecho de reunión pacífica y el derecho de los demás ciudadanos a vivir sin intimidaciones y conservar sus bienes.

En una [radiografía publicada en ABC](https://www.abc.es/internacional/black-bloc-grupo-jovenes-anarquistas-incendian-protestas-20261021192908-nt.html) el 21 de octubre de 2026, **Carlota Pérez** recoge la distinción del politólogo Jérôme Fourquet entre militantes de ultraizquierda «cuasi profesionales» y vándalos oportunistas, más numerosos. No todos participan con los mismos propósitos ni tienen la misma preparación. Fourquet habla de una «cultura del motín». El reportaje recoge también testimonios de vecinos que reconocen patrones repetidos de violencia y temen nuevos saqueos alentados desde las redes sociales.

Yo diría que estamos ante tácticas de guerrilla urbana. La coordinación descrita en el informe parlamentario, el ocultamiento de las identidades y el aprovechamiento de la multitud permiten atacar y dificultan la identificación de los responsables. El anonimato protege a quienes actúan y complica la investigación posterior. Cuando se dispersan, los vecinos se quedan con los daños y con la incertidumbre de cuándo volverá a ocurrir. El informe del 2023 acredita la existencia de observadores, comunicaciones y orientación de movimientos. Calificar indiscriminadamente de espontánea esa violencia impide reconocer su preparación. Cuando las autoridades incurren en ese error y dejan de actuar en consecuencia, incumplen gravemente su deber de proteger a los ciudadanos, razón de ser de las fuerzas de seguridad del Estado. Por los daños deben responder tanto los perpetradores como las autoridades que, por negligencia, tolerancia o cálculo político, hayan permitido que actuaran o dejado indefensas a sus víctimas.

Y no se trata de arrojar el sofá a la calle mientras la infidelidad sigue durmiendo en casa. La culpa no es de la tecnología, que no tiene ideología ni conciencia de los fines para los que se emplea. El mismo dispositivo que permite pedir una ambulancia puede servir para avisar a unos saqueadores de que la policía se ha retirado. Prohibirlo castigaría también a quienes lo utilizan para trabajar, comunicarse o protegerse. Lo que debemos exigir a las autoridades es que vigilen su utilización delictiva, investiguen las redes de coordinación y actúen ante los preparativos de una agresión. Esa vigilancia debe dirigirse exclusivamente a conductas e indicios concretos, con los controles legales correspondientes. La libertad de comunicación no concede impunidad para organizar ataques, y protegerla exige que el Estado sepa perseguir a quienes la aprovechan para destruir los derechos ajenos.

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Durante los disturbios de Inglaterra en agosto de 2011 también se utilizaron comunicaciones digitales. La [Comisión de Asuntos Internos](https://publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmhaff/1456/145607.htm) de la Cámara de los Comunes examinó el papel de las redes sociales y de BlackBerry Messenger. Recogió indicios de su empleo para incitar conductas delictivas, aunque señaló el carácter limitado y anecdótico de parte de la evidencia sobre este último servicio. Reconoció igualmente la utilidad de las redes para informar a la población y contribuir a la respuesta ciudadana.

The Guardian publicó el [testimonio de Siva Kandiah](https://www.theguardian.com/uk/2011/dec/08/victims-voices-confidence-siva-hackney) el 8 de diciembre de 2011: pérdidas cercanas a 87.000 libras por el saqueo. [Una colecta](https://www.standard.co.uk/news/sos-save-our-shops/supporters-raise-ps16-000-for-shopkeeper-6432992.html) reunió 16.000 libras para ayudarlo a reabrir su comercio. Detrás de un comercio destruido hay ahorros, sacrificios, responsabilidades familiares y expectativas de independencia económica. La propiedad privada representa tiempo de vida, esfuerzo acumulado y una forma concreta de autonomía. Su destrucción no puede presentarse como un daño secundario que la sociedad deba aceptar en nombre de reivindicaciones colectivas. Quienes justifican los saqueos como expresión de frustraciones sociales suelen desentenderse del sufrimiento de quienes soportan sus consecuencias. Los saqueadores destruyeron el negocio de Kandiah. Quienes aportaron voluntariamente contribuyeron a recuperar una actividad económica y una fuente de sustento. Esa responsabilidad ciudadana ofrece una lección cívica que ninguna consigna pronunciada entre incendios puede reemplazar.

Los episodios de Francia e Inglaterra muestran usos de las comunicaciones en contextos diferentes de violencia colectiva. Sus semejanzas no demuestran una organización común ni una misma doctrina. Revelan posibilidades de coordinación que pueden reproducirse entre actores distintos. Los dispositivos facilitan la transmisión de información, pero las decisiones humanas determinan para qué se utiliza. Comprender el fenómeno exige estudiar también las organizaciones participantes, las ideas con que justifican sus actos y las respuestas institucionales que encuentran.

Los fallos de previsión, la falta de recursos y las decisiones equivocadas de las autoridades dejan espacios que los violentos pueden aprovechar. Después de las manifestaciones francesas del 17 de octubre, el propio gobierno reconoció deficiencias en la respuesta de seguridad. Una [investigación de Le Monde](https://www.lemonde.fr/en/france/article/2026/10/20/french-protests-from-intelligence-failures-to-insufficient-police-presence-overview-of-a-security-disaster_6760327_7.html), publicada el 20 de octubre de 2026, describió fuerzas desbordadas, retiradas policiales y zonas que quedaron sin protección suficiente. Tampoco se puede exigir eficacia a una policía a la que se le escatiman los medios para actuar. En Francia, el [Senado documentó](https://www.senat.fr/rap/l24-144-329-1/l24-144-329-13.html) que las restricciones presupuestarias y los gastos extraordinarios de 2024 obligaron a reducir alrededor de un 80 % el plan de renovación de vehículos de la Policía Nacional y a paralizar nuevos proyectos de inversión inmobiliaria. En Inglaterra y Gales, la [Oficina Nacional de Auditoría](https://www.nao.org.uk/press-releases/financial-sustainability-of-police-forces-in-england-and-wales-2018/) registró una caída del 19 % de la financiación policial en términos reales entre 2010-2011 y 2018-2019. Después llegan las emergencias y se exige a los agentes que suplan con su cuerpo los medios que les faltan.

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Las consecuencias políticas sobreviven a la retirada de los escombros y a las lágrimas secas en el rostro de las víctimas. Quien esperó en vano la protección del Estado puede dejar de confiar en sus instituciones y empezar a escuchar a quien le prometa seguridad a cualquier precio. Ahí encuentra terreno fértil la demanda de poderes extraordinarios. Las autoridades deben responder también por ese descrédito, por las decisiones y omisiones que dejan indefensos a los ciudadanos. Su responsabilidad no termina cuando se apaga el último incendio. Pero, amén de lo que sus funciones exigen, ahí vimos al presidente francés, Emmanuel Macron, asistiendo con su esposa a un [concierto de Céline Dion](https://www.lemonde.fr/en/politics/article/2026/10/19/overwhelmed-and-under-fire-macron-asks-parties-and-unions-to-find-crisis-off-ramp_6758788_5.html) la víspera de las manifestaciones del 17 de octubre de 2026. Ya en junio de 2023 había acudido a un [concierto de Elton John](https://news.sky.com/story/emmanuel-macron-urges-parents-to-keep-teenagers-indoors-as-he-faces-backlash-over-attending-elton-john-gig-during-riots-12912193) cuando Francia atravesaba otra oleada de disturbios. Y ahí tenemos a Pedro Sánchez, no solo presidente del Gobierno de España, sino también —y ojo con esto— de la [Internacional Socialista](https://www.socialistinternational.org/about-us/). En agosto de 2026 defendió sus [vacaciones en Lanzarote](https://www.infobae.com/espana/agencias/2026/08/31/sanchez-ante-las-criticas-por-sus-vacaciones-de-agosto-he-trabajado-y-he-descansado/) durante la crisis migratoria de Ceuta: «He trabajado y he descansado. También ese es mi derecho». Antes, el 29 de octubre de 2024, cuando las inundaciones devastaban poblaciones valencianas, se encontraba de viaje oficial en la India. Según publicaron [Vozpópuli](https://www.vozpopuli.com/espana/politica/sanchez-quedo-4-horas-sin-agenda-india.cenar-begona-dana-ya-habia-inundado-varios-pueblos.html) y [The Objective](https://theobjective.com/espana/politica/2024-11-11/cena-sanchez-begona-bombay/), aquella jornada incluyó varias horas sin agenda oficial y una cena con su esposa en Bombay. ¿Cuánto les importan, en realidad, sus ciudadanos?

Hace tiempo que estas sociedades debieron abrir los ojos. Pero también se adquiere el hábito de no querer ver, de aplazar la alarma, de confiar en que alguien pondrá orden antes de que el desastre llegue a nuestra puerta. A eso llamo democracia sonámbula: una sociedad que conserva las formas de la libertad mientras se acostumbra a tolerar su destrucción. Los walkie-talkies de la violencia dejan oír algo que esa sociedad se empeña en ignorar: mientras unos buscan excusas, otros se organizan.

¿Y qué ocurre cuando esa ceguera también decide en las urnas? El votante suicida, aquel que respalda con su voto a quienes debilitan las garantías que lo protegen, ayuda a desarmar desde dentro la resistencia frente a esos atropellos. Cuando la lealtad partidista pesa más que la libertad del vecino, el agresor encuentra indulgencia y la víctima se queda sola. Después, quienes incumplieron su deber pueden presentarse como los únicos capaces de devolver la seguridad, reclamando más poder sobre los ciudadanos a los que no supieron proteger.

Gobernar obliga a garantizar que la gente pueda trabajar, desplazarse, abrir su negocio y regresar a casa sin miedo. Cada saqueo tolerado deja una deuda con sus víctimas y una advertencia para todos los demás. Si el Estado abandona esa obligación, la libertad queda a merced de quien consiga imponer su fuerza, desde la calle o desde el poder. Para que una orden transmitida por un walkie-talkie se convierta en un negocio incendiado, también cuenta lo que las autoridades dejan hacer. Por esos walkie-talkies circulan instrucciones, pero la conexión más peligrosa se completa cuando el rencor organiza la violencia, la idiotez la justifica y el voto mantiene en el poder a quienes la toleran. ¿Quién protegerá al ciudadano cuando quienes deben garantizar sus derechos aprendan a sacar provecho de su miedo?

![BIO LLL](/download/multimedia.normal.a53089c979a5df4a.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

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