Las palabras, en el laberíntico ámbito de la política exterior, rara vez cambian por sí solas el curso de los acontecimientos, pero a veces permiten advertir que una vieja certeza comienza a perder autoridad entre quienes durante años la administraron. El 14 de julio de 2026, el embajador Michael Kozak, cuyo cargo oficial es Senior Bureau Official de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, compareció ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y declaró que la captura de Nicolás Maduro había privado al régimen comunista cubano de su último gran benefactor, dejando al descubierto una incompetencia económica que –para algunos todavía cegados por la propaganda y los bulos ideológicos de la izquierda– los subsidios venezolanos habían ocultado durante años.
¿Vale la pena aventurarse a pensar que la Administración Trump, después de varias amenazas verbales y de algunas decisiones que comienzan a otorgarles una forma más concreta, está tratando al castrismo no como una incómoda reliquia de la Guerra Fría, sino como una amenaza estratégica cuya permanencia ya no considera tolerable?
Tal vez aún, aunque sea un profundo anhelo colectivo, sea demasiado pronto para afirmarlo, pero no para observarlo en perspectiva. Conviene mirar los movimientos como quien contempla un gigantesco tablero de ajedrez, tratando de comprender no sólo la pieza que avanza, sino también las casillas que quedan abiertas, las amenazas que se insinúan y las jugadas que todavía no han sido ejecutadas. Sólo así, con la distancia necesaria y una mirada de gran angular, podremos evitar perdernos demasiado entre los anuncios, los silencios y las maniobras.
Y es que durante más de seis décadas la política de Estados Unidos hacia Cuba ha oscilado entre la sanción y la indulgencia, entre el embargo convertido en gestión rutinaria del conflicto y el espejismo diplomático según el cual la apertura económica terminaría domesticando a una dictadura que nunca dejó de considerarse en guerra contra la sociedad abierta.
Ante las palabras, y también ante algunas cosas, porque en política las unas rara vez pueden comprenderse sin las otras, pareciera que Washington comienza finalmente, bajo la presidencia de Donald Trump y con Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, a abandonar aquella costumbre de convivir con el castrismo del mismo modo en que algunas familias aprenden a convivir con una grieta en la pared, observándola crecer, pintando sobre ella y confiando en que la casa no se derrumbe durante su turno. La proximidad de la isla, aquellas 90 millas repetidas hasta el desgaste, terminó funcionando menos como advertencia que como excusa, porque lo que estaba demasiado cerca para ser ignorado se convirtió, paradójicamente, en algo demasiado antiguo para provocar una decisión. Sin embargo, dos acontecimientos producidos en el curso de la misma semana permiten pensar, todavía con cautela, que aquella resignación podría estar acercándose a su fin.
Kozak describió a Cuba como un Estado fallido, situado a 90 millas de las costas estadounidenses y convertido en territorio amistoso para algunos de los adversarios de Estados Unidos, antes de afirmar que el presidente Donald Trump había dejado claro que Washington no seguiría tolerando aquella amenaza a sus puertas. Recordó además las protestas nacionales del 11 de julio de 2021, sostuvo que varios cientos de manifestantes pacíficos continuaban encarcelados cinco años después, exigió la liberación de todos los presos políticos y declaró insostenible el statu quo. No parece haber sido una frase electoral pronunciada para Miami y el exilio en general, sino un testimonio formal presentado ante el Senado dentro de una audiencia dedicada a la Estrategia de Seguridad Nacional en el hemisferio occidental.
Poco después, CBS News informó que planificadores militares habían examinado durante las semanas anteriores diferentes opciones para una posible acción contra Cuba, entre ellas un asalto aéreo dirigido por el Ejército, con miles de soldados y participación de la 101.ª División Aerotransportada. Según los funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, a finales de junio se había realizado una exposición preliminar de conceptos operacionales en la que se consideraron los objetivos de posibles misiones, el número de tropas, la secuencia de acontecimientos, las necesidades logísticas y los riesgos. El reportaje subrayó, sin embargo, que aquellas sesiones no significaban que Trump o el Pentágono hubieran decidido ejecutar una operación, sino que Rubio continuaba favoreciendo una salida diplomática, al más conocido estilo Trump, que condujera a un nuevo gobierno encabezado por tecnócratas y dispuesto a realizar reformas económicas. Así que lo que CBS documentó fue una planificación preliminar de contingencias, no una orden presidencial de invasión, una fecha establecida ni una operación definitivamente aprobada.
Entretanto, y sin perder de vista la naturaleza impredecible de Trump, el manejo de la noticia no disminuye su importancia o posible impacto, sino que nos permite entenderla sin histeria ni ingenuidad. Tampoco olvidemos que los Estados responsables elaboran planes para contingencias que quizá nunca lleguen a materializarse, porque improvisar cuando una crisis ya ha comenzado es una de las maneras más costosas de perderla. Una exposición de conceptos operacionales no equivale a una declaración de guerra, pero las palabras de Kozak ante el Senado tampoco deben ser reducidas a una comparecencia burocrática intrascendente, sobre todo cuando coincide con un cambio público en el lenguaje político.
Vale recordar que en 1966, en plena Guerra Fría, en su obra clásica Arms and Influence, Thomas Schelling explicó que las capacidades militares, reales o imaginadas, no comienzan a actuar únicamente cuando se dispara el primer proyectil, pues también pueden convertirse en poder de negociación, advertencia y persuasión. La fuerza influye antes de ser empleada si el adversario considera creíble la posibilidad de que llegue a utilizarse. Desde esa perspectiva, los planes revelados por CBS pueden desempeñar una función política incluso si jamás se ejecutan, porque comunican a la cúpula castrista que su negativa absoluta a cualquier transformación podría enfrentarse a consecuencias distintas de las sanciones rutinarias y de las condenas diplomáticas que durante décadas aprendió a soportar.
Que el Pentágono configure mapas, calcule rutas o estime el número de tropas necesarias para una contingencia no es, en sí mismo, lo más llamativo, pues eso lo hacen casi todos los días. Estos elementos no constituyen una señal inequívoca de intervención humanitaria (ampliamente justificada), ni siquiera deben ser lo más esperanzador para quienes anhelan la libertad de Cuba. Lo importante, según mi criterio, es el marco político dentro del cual Trump y Rubio comienzan a hacerlo: la escalada de una segunda administración –en la primera, sin Rubio como secretario de Estado, Trump no lo hizo– que da pasos para dejar de convivir con el castrismo y comienza a contrarrestarlo como la amenaza hemisférica que siempre ha sido. Por eso, Kozak no presentó a Cuba solamente como una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos, ni como una economía arruinada por la planificación comunista, ni como el molesto vestigio de una confrontación ideológica del siglo XX. La presentó como un problema actual de seguridad nacional. Ahí está el detalle que pudiera resultar definitorio.
De cualquier modo, la precisión de Kozak conecta la represión interna con la geopolítica, la dependencia de potencias adversarias, las sabidas penetraciones de los servicios de inteligencia de La Habana, la presión de un nuevo éxodo masivo —al que teme Trump, pues permitirlo sería una contradicción y un problema para sus políticas de campaña, y por lo que sigue siendo una carta bajo la manga de la familia Castro— y la posibilidad de que una crisis terminal, como la que se recrudece en la isla, produzca consecuencias inmediatas para Estados Unidos. ¿La suma de todo esto pudiera desencadenar el verdadero comienzo del fin del castrismo, ya no sólo como una vulgar dictadura, sino como amenaza para Estados Unidos y el hemisferio occidental? Y es que, cuando las palabras vienen acompañadas de planes operacionales, el empleo de las fuerzas militares deja de ser una hipótesis y puede llegar a convertirse en un instrumento real de presión, capaz de dar al traste con la pretensión castrista, o neocastrista, de imponer el denunciado "cambio fraude", esta vez de la mano de los nietos de la Revolución y sus amigos, que cambie solamente los rostros de la nomenclatura sin desmontar el régimen.
El reportaje de CBS es un elemento a tener en cuenta, pero hay más. El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 5, reemitido y enmendado el 30 de junio de 2025, ordenó orientar los recursos hacia el pueblo cubano y alejarlos del gobierno, las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y las estructuras de seguridad que controlan una parte fundamental de la economía. El documento identificó expresamente a GAESA, sus afiliadas, subsidiarias y sucesoras, ordenó restringir las transacciones que beneficiasen desproporcionadamente al aparato militar a expensas del pueblo cubano y defendió el crecimiento de un sector privado independiente del control gubernamental. La política partía de una distinción esencial que durante años fue deliberadamente oscurecida por los defensores de la normalización, la diferencia entre ayudar a los cubanos y financiar a quienes los mantienen sometidos.
El 29 de enero de 2026, la Orden Ejecutiva 14380 declaró una emergencia nacional frente a las políticas, prácticas y acciones del gobierno cubano, al considerarlas una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La orden creó, además, un mecanismo para imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministraran petróleo a la isla. El texto acusó al régimen de mantener vínculos con Rusia, China e Irán, de prestar servicios de defensa, inteligencia y seguridad a adversarios regionales y de utilizar la migración y la violencia como instrumentos de desestabilización.
Menos de un mes después, el 20 de febrero, la Orden Ejecutiva 14389 dispuso que los aranceles adicionales impuestos bajo la autoridad de la Orden 14380 dejaran de estar vigentes y de ser cobrados. La retirada no obedeció a un cambio de política hacia Cuba, sino al fallo dictado ese mismo día por la Corte Suprema en los casos Learning Resources, Inc. v. Trump y Trump v. V.O.S. Selections, Inc., que estableció que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no autorizaba al presidente a imponer aranceles y dejó, por tanto, sin base legal todos los gravámenes sustentados en esa facultad, incluido el mecanismo relacionado con Cuba. Lo que desapareció fue ese instrumento arancelario. Pero la emergencia nacional declarada respecto del régimen cubano y las restantes medidas de presión permanecieron en vigor.
El 1 de mayo, la Orden Ejecutiva 14404 amplió las facultades para bloquear bienes e intereses de personas formalmente designadas por operar en determinados sectores de la economía cubana, actuar en nombre del gobierno, prestar apoyo material al régimen, participar en graves abusos contra los derechos humanos o estar implicadas en corrupción. La orden también suspendió la entrada en Estados Unidos de las personas incluidas en esas categorías, salvo excepciones de interés nacional, y estableció restricciones aplicables a transacciones realizadas en beneficio de los sancionados. La presión ya no se limita al antiguo embargo general, sino que procura identificar y cercar la infraestructura militar, financiera y política que captura las divisas, sostiene la represión y convierte la escasez colectiva en un artefacto tiránico.
A esa ofensiva económica se añadió una acción judicial que rompe con una de las costumbres más dañinas de la política occidental: creer que los crímenes de una dictadura envejecen hasta convertirse en asuntos exclusivos de los historiadores y de los activistas de derechos humanos, mientras nunca pasa nada. En una fecha especialmente cargada de significado para los cubanos —el 20 de mayo, aniversario del nacimiento de la República en 1902—, el Departamento de Justicia hizo pública en 2026 una acusación sustitutiva contra Raúl Castro y otros cinco imputados por sus presuntas funciones en el derribo, el 24 de febrero de 1996, de dos aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. Por primera vez en casi setenta años, según subrayó el propio Departamento de Justicia, altos dirigentes del régimen cubano fueron acusados en Estados Unidos por asesinato.
En el ataque murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses y uno residente legal permanente. Hermanos al Rescate había desarrollado durante años vuelos humanitarios para localizar y auxiliar a balseros cubanos en peligro en el estrecho de Florida, ayudando a salvar miles de vidas. Como se denunció durante décadas y quedó recogido posteriormente en expedientes judiciales, agentes de la inteligencia cubana penetraron la organización y transmitieron a La Habana información sobre sus vuelos. La sentencia del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito estableció que René González y Juan Pablo Roque se infiltraron en Hermanos al Rescate y que la inteligencia cubana ordenó conocer sus planes de vuelo y evitar que sus agentes viajaran entre el 24 y el 27 de febrero. Roque escapó a Cuba un día antes del crimen y dos días después del derribo apareció en la televisión cubana acusando a Hermanos al Rescate de colaborar con la CIA y de preparar actos de sabotaje en la isla, proporcionando al régimen la coartada propagandística con la que intentaría presentar a una organización humanitaria como terrorista y anticubana. No fue un detalle lateral de aquella operación, sino su conclusión: primero la infiltración, después la información, luego el burdo asesinato y finalmente el relato destinado a justificarlo.
Para comprender por qué Cuba siempre debió ser considerada una amenaza, sin caer en exageraciones propagandísticas, es necesario distinguir entre poder militar convencional y peligrosidad estratégica. La capacidad de un Estado para causar daño no se determina únicamente por el número de soldados, la modernidad de sus aviones, el alcance de sus misiles o la potencia de su armada. Cuba posee unas fuerzas armadas abrumadoramente inferiores a las de Estados Unidos. No tiene capacidad realista para invadir territorio estadounidense, derrotar al Pentágono, sostener una guerra convencional prolongada ni competir con la superioridad aérea, naval, tecnológica y logística norteamericana. La Evaluación Anual de Amenazas de 2026 no identifica a Cuba como una potencia capaz de amenazar materialmente por sí sola a Estados Unidos. La sitúa, en cambio, dentro de un entorno regional en el cual competidores geopolíticos mucho mayores buscan ampliar su influencia. Presentar al ejército cubano como si pudiera disputar militarmente el dominio regional a Washington sería absurdo y facilitaría la propaganda de La Habana, siempre dispuesta a convertir cualquier análisis serio en una caricatura de miedo irracional. Cuba es, en ese sentido estricto, militarmente débil.
Sin embargo, la debilidad de las fuerzas armadas castristas no elimina la importancia estratégica de su territorio, de sus alianzas ni de sus servicios de inteligencia. La isla se encuentra a unas 90 millas de Florida, cerca de rutas marítimas esenciales, instalaciones militares, redes de comunicaciones y uno de los principales centros económicos y demográficos de Estados Unidos. Esa posición puede ser utilizada para actividades que no requieren un ejército moderno, como espionaje, vigilancia electrónica, recopilación de señales, operaciones de influencia, desinformación, penetración institucional, tránsito de agentes o cooperación con potencias interesadas en acercar sus capacidades al territorio estadounidense. La amenaza no consiste en imaginar tanques cubanos avanzando sobre Miami, sino en comprender que un régimen pequeño puede multiplicar su alcance cuando ofrece su territorio, sus redes y sus estructuras de inteligencia a actores mucho más poderosos.
Ana Belén Montes llegó a convertirse en la principal analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa sobre Cuba. Según el FBI, entregó durante años información militar clasificada al régimen, reveló la identidad de cuatro oficiales estadounidenses que operaban clandestinamente en Cuba y fue condenada a veinticinco años de prisión. La DIA es, además, una de las principales productoras de inteligencia militar para el Pentágono. El caso no demuestra que toda relación diplomática o académica con Cuba forme parte de una conspiración, pero sí impide sostener seriamente que el aparato de inteligencia de La Habana es una invención del exilio o una reliquia incapaz de causar daño. Un agente situado dentro de una institución sensible puede afectar la seguridad estadounidense mucho más que una unidad militar obsoleta, porque la inteligencia, a diferencia de la fuerza convencional, opera silenciosamente y utiliza la confianza del adversario como vía de penetración. La historia de esta y de otras penetraciones de agentes castristas en Estados Unidos así lo confirma.
Y claro que hay más. El FBI documenta que en septiembre de 1998 fueron detenidos diez integrantes de una red cubana de espionaje que operaba en el sur de Florida. Entre sus objetivos se encontraban importantes instalaciones militares de la región, incluido el Comando Sur de Estados Unidos, así como la comunidad cubana exiliada. Tres de los detenidos eran oficiales de inteligencia cubanos que habían ingresado en Estados Unidos utilizando las identidades de niños estadounidenses fallecidos. No se trataba de una fantasía política ni de una sospecha basada en afinidades ideológicas, sino de una operación clandestina investigada, desarticulada y llevada ante los tribunales estadounidenses.
Es claro que una fortaleza situada junto a una ruta decisiva no necesita conquistar un imperio para representar un peligro: le basta con permitir que otro observe el tránsito, intercepte comunicaciones, instale equipos de vigilancia o establezca un punto de apoyo desde el cual ampliar su influencia. Cuba puede cumplir esa función para potencias que sí poseen capacidades tecnológicas, financieras y militares de primer orden. La Evaluación Anual de Amenazas de 2026 señala que China, Rusia e Irán buscan mantener una presencia económica, política y militar en América Latina que puede entrar en conflicto con los intereses estadounidenses, y considera probable que Rusia intente ampliar sus relaciones diplomáticas y de seguridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela. La peligrosidad cubana no procede solamente de aquello que La Habana puede hacer por sí misma, sino de lo que puede facilitar a adversarios capaces de proyectar poder a escala global.
La amenaza estratégica incluye, además, un riesgo que no nace de la fortaleza del régimen, sino de su creciente fragilidad. Un colapso súbito y desordenado podría provocar violencia interna, luchas entre facciones, saqueos, pérdida de control sobre depósitos de armas e instalaciones sensibles, expansión de organizaciones criminales y una nueva estampida migratoria hacia Florida. La comunidad de inteligencia estadounidense considera que la inestabilidad y las graves privaciones que padece la población cubana continuarán durante 2026 y que un empeoramiento de las condiciones podría producir nuevas oleadas migratorias. La isla puede ser estratégicamente peligrosa tanto por lo que hace deliberadamente la dictadura como por las consecuencias de su posible desintegración. Su debilidad militar no cancela esa importancia. En determinadas circunstancias puede aumentarla, porque un régimen quebrado, aislado y temeroso de perder el poder se vuelve más dependiente de aliados extranjeros, más dispuesto a explotar la emigración como válvula de escape y presión, y más inclinado a recurrir a operaciones clandestinas para compensar aquello que no puede hacer mediante la fuerza convencional.
La investigadora Kelly M. Greenhill estudió precisamente este fenómeno en Weapons of Mass Migration (Armas de migración masiva, Cornell University Press, 2010), donde examinó cómo ciertos gobiernos pueden crear, manipular o explotar movimientos masivos de población para imponer costos políticos, económicos y humanitarios a otros Estados. Eso nos aleja de la ingenuidad de considerar las llamadas «crisis migratorias» como acontecimientos desprovistos de dimensión estratégica. Y ojo: Greenhill aplicó este razonamiento específicamente a la crisis de los balseros de 1994, que interpretó como un intento de Fidel Castro de trasladar una crisis interna hacia Estados Unidos y presionar por cambios en la política norteamericana. Los exiliados continúan siendo las primeras víctimas del sistema que los expulsa, no enemigos de Estados Unidos, aunque su desesperación pueda ser utilizada por la dictadura como presión sobre Florida y después presentada como consecuencia exclusiva de la política de Washington.
Esa es la diferencia entre afirmar que Cuba puede derrotar militarmente a Estados Unidos, lo cual carece de seriedad, y reconocer que puede afectar intereses estratégicos estadounidenses. Un Estado militarmente fuerte amenaza principalmente mediante sus armas. Un Estado estratégicamente peligroso puede hacerlo mediante su geografía, sus alianzas, sus servicios de inteligencia, su capacidad de penetración, su utilidad para adversarios mayores y el desorden que produciría su colapso. Reducir todo el problema a la pregunta de cuántos tanques conserva Cuba sería medir una realidad del siglo XXI con una regla fabricada para las guerras del XIX.
Consideradas en su conjunto, las medidas adoptadas por la Administración Trump forman una escalera de coerción cuyos peldaños conducen hacia el mismo centro de poder. Las restricciones financieras buscan reducir los ingresos de GAESA y del aparato represivo. Las sanciones personales –que han aumentado notablemente contra esbirros de la dictadura, familiares y testaferros– a la vez aumentan el costo de colaborar con la nomenclatura. Las acusaciones judiciales advierten que determinados crímenes no quedarán archivados por el paso del tiempo. La diplomacia ofrece una salida condicionada a transformaciones económicas y políticas, al tiempo en la planificación militar introduce la posibilidad de que el rechazo absoluto a cualquier transición tenga consecuencias que ya no sean exclusivamente retóricas.
Alexander L. George definió esta lógica en Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War, publicado en 1991 por el United States Institute of Peace Press. George estudió las condiciones bajo las cuales la amenaza de fuerza puede obtener resultados sin que sea necesario desencadenar una guerra, y concluyó que la diplomacia coercitiva tiene mayores posibilidades de éxito cuando los objetivos son claros, existe una amenaza creíble de escalada, el adversario teme más la intensificación del conflicto que la aceptación de un acuerdo y se ofrecen términos comprensibles para poner fin a la presión. La arquitectura que comienza a perfilarse en Washington responde a esa lógica, elevar suficientemente el costo de la resistencia para que negociar una transición resulte menos peligroso para determinados sectores del poder cubano que acompañar al castrismo hasta su derrumbe.
El mensaje está dirigido no sólo a Raúl Castro y a la familia gobernante, sino también a los generales, administradores, tecnócratas y funcionarios que deberán decidir si desean acompañar a la vieja estructura comunista hasta el desastre o participar en una transición capaz de preservar el Estado mientras desmonta la dictadura. La amenaza de fuerza, cuando es creíble, intenta modificar los cálculos internos del adversario antes de que sea necesario emplearla. Busca demostrar que el tiempo ya no trabaja necesariamente a favor de quienes sobrevivieron durante décadas esperando que cada administración estadounidense se fatigara, cambiara de prioridades o sustituyera la presión por otro experimento de normalización. El objetivo más inteligente no sería conquistar una isla devastada, sino persuadir a sectores del poder de que una transición ordenada ofrece mayores garantías que una resistencia destinada a terminar en colapso, procesamiento judicial o enfrentamiento. CBS informó que la Administración prefiere una opción diplomática, que ha mantenido contactos con figuras vinculadas al poder y que busca un gobierno dispuesto a aplicar reformas económicas, aunque la falta de resultados explica que la planificación de contingencias continúe sobre la mesa.
Una política conservadora seria, sin embargo, no puede confundir firmeza con arbitrariedad ni poder con ausencia de límites. El Estado de derecho no es un estorbo inventado para proteger dictaduras, sino una de las diferencias esenciales entre una república constitucional y el régimen al que esa república se enfrenta. La Carta de las Naciones Unidas establece como regla general la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, mientras su artículo 51 reconoce el derecho de legítima defensa individual o colectiva cuando se produce un ataque armado. El Consejo de Seguridad también puede autorizar medidas destinadas a mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.
En el orden constitucional estadounidense, el Congreso declaró mediante la War Powers Resolution que la introducción de tropas en hostilidades debe apoyarse en una declaración de guerra, una autorización legislativa específica o una emergencia causada por un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o sus fuerzas. La rama ejecutiva, sin embargo, ha defendido históricamente una interpretación más amplia de la autoridad presidencial para determinadas operaciones limitadas y ha cuestionado parcialmente las restricciones establecidas por la resolución. Existe, por tanto, una controversia constitucional real, pero una declaración de emergencia económica o la caracterización política de Cuba como amenaza no equivalen automáticamente a una autorización indiscutible para iniciar una guerra prolongada y de gran escala.
Reconocer esos límites no significa conceder al castrismo un derecho perpetuo a continuar oprimiendo, infiltrando y desestabilizando mientras invoca una soberanía que nunca reconoce a sus propios ciudadanos. Significa que cualquier acción estadounidense debería contar con un objetivo definido, una justificación jurídica defendible, una relación proporcional entre medios y fines, protección estricta de la población civil y una estrategia clara para el día siguiente. La tradición conservadora no concibe la fuerza militar como aventura redentora ni como sustituto de la política, sino como instrumento excepcional al servicio de intereses nacionales concretos. Una intervención que comenzara sin saber cómo debe terminar repetiría los errores de quienes creen que la superioridad tecnológica puede reemplazar el conocimiento histórico, cultural e institucional de una sociedad.
La superioridad militar convencional estadounidense sobre Cuba es abrumadora, pero la superioridad bélica no resuelve por sí sola el problema político. Una intervención mal concebida podría destruir en horas lo que después resultaría imposible reconstruir durante años. El comunismo ha eliminado o debilitado sistemáticamente las instituciones independientes que una sociedad necesita para sustituir ordenadamente a un gobierno, porque ésa es una de las técnicas fundamentales del totalitarismo, convencer a la población y al mundo de que después del tirano sólo puede existir el caos. Cualquier política responsable debería incluir, junto con las contingencias militares, una arquitectura civil para la transición, con protección de hospitales, redes eléctricas, puertos, aeropuertos y depósitos de alimentos, apertura inmediata de ayuda humanitaria, liberación de los presos políticos, preservación de archivos, garantías para quienes no hayan cometido delitos graves, recuperación de la prensa libre, reconocimiento de la propiedad y participación efectiva de la oposición democrática dentro y fuera de la isla.
La experiencia venezolana descrita por Kozak ofrece, al menos en el discurso oficial de la Administración, una secuencia que Washington podría considerar al pensar en una eventual transición cubana. El funcionario habló ante el Senado de estabilización, recuperación económica, reconciliación política y posterior transición hacia un gobierno elegido democráticamente. Cuba no es Venezuela, ni su estructura militar, su historia o su relación con Estados Unidos permiten aplicar mecánicamente el mismo modelo, pero la formulación revela algo importante, la Administración no parece considerar suficiente la remoción de una figura gobernante, sino que reconoce la necesidad de estabilizar el país, reconstruir su economía y crear las condiciones institucionales para celebrar elecciones.
También será necesario impedir que el castrismo convierta nuevamente a la población en escudo moral de la nomenclatura. La dictadura presentará cualquier presión como una agresión contra Cuba, aunque durante casi siete décadas haya confundido deliberadamente a la patria con el Partido Comunista, al Estado con una estructura familiar y militar, y la soberanía con el supuesto derecho de encarcelar, expropiar y expulsar ciudadanos. Cuba no es Raúl Castro, no es GAESA, no es la Seguridad del Estado y no es el dirigente comunista que ocupa el palacio mientras una élite controla las divisas y la mayoría sobrevive entre apagones, hambre y ruinas. Una acción que castigara indiscriminadamente a la población sería moralmente inaceptable y estratégicamente desastrosa, pero permitir que el régimen utilice el sufrimiento que él mismo produce como salvoconducto para su impunidad tampoco constituye humanismo. Es apenas una forma más refinada de abandono.
Elegir frívolamente entre invasión y pasividad no es lo elemental ahora mismo. Al parecer, Trump y Rubio presionan sabiendo que entre ambos extremos existe un campo amplio de presión selectiva, negociación condicionada, inteligencia, apoyo a la sociedad civil, protección humanitaria, responsabilidad penal, disuasión y preparación para contingencias. La existencia de planes militares no debe celebrarse con ligereza, porque toda guerra provoca consecuencias que escapan a los mapas y a las simulaciones. Tampoco debe minimizarse por miedo a incomodar al régimen, porque un gobierno responsable tiene la obligación de prepararse para escenarios que pueden afectar directamente su seguridad. El dato decisivo es que Washington parece haber comenzado a pasar de la pregunta pasiva sobre qué ocurriría si el castrismo cayera algún día a otra mucho más exigente, qué instrumentos pueden facilitar una transición, impedir que la isla continúe funcionando como plataforma de adversarios y controlar las consecuencias de un derrumbe.
Lo ocurrido durante estos días no permite anunciar el comienzo de una guerra, pero sí reconocer el posible final de una época política. Durante demasiado tiempo, Estados Unidos administró el conflicto cubano como si la continuidad de la dictadura fuera desagradable pero inevitable, y como si cada generación debiera limitarse a esperar la desaparición biológica de sus gobernantes. La comparecencia de Kozak y el informe de CBS sugieren que esa premisa está siendo reconsiderada por la Administración Trump. Las noventa millas ya no son solamente una medida geográfica repetida en los discursos del exilio. Vuelven a ser una medida de seguridad nacional. Son, en definitiva, las noventa millas de una amenaza cubana que Washington aprendió a tolerar. La planificación militar no significa que las armas vayan a utilizarse, pero comunica a La Habana que Washington desea que esa alternativa resulte creíble.
Michel Foucault sostuvo en Las palabras y las cosas que cada época organiza lo visible, lo decible y lo pensable mediante un orden profundo del saber, una trama histórica que determina qué puede ser reconocido como verdadero, qué conceptos adquieren autoridad y qué realidades permanecen fuera del campo de percepción. Foucault no pensó, desde luego, el problema cubano, pero esa intuición ayuda a comprender la extraordinaria longevidad del castrismo, porque ninguna dictadura sobrevive casi siete décadas únicamente mediante cárceles, policías, fusiles y tribunales subordinados. Necesita también imponer las categorías con las que será interpretada, establecer las palabras que ocultarán las cosas y construir un marco mental dentro del cual su permanencia termine pareciendo menos una anomalía intolerable que una fatalidad histórica con la cual los demás deben aprender a convivir.
El castrismo construyó durante décadas ese orden cerrado de denominaciones, dentro del cual la dictadura debía llamarse Revolución, la ruina económica bloqueo, la propiedad confiscada justicia social, la obediencia pueblo, la disidencia mercenarismo y la perpetuación de una familia y una casta militar en el poder soberanía nacional. No se limitó a falsear determinados hechos. Alteró el vocabulario mediante el cual esos hechos podían ser reconocidos y consiguió que una parte considerable del mundo discutiera el problema cubano utilizando las categorías creadas por el propio régimen. De esa manera, la propaganda dejó de ser solamente una colección de mentiras y se convirtió en algo más profundo, un sistema destinado a decidir de antemano qué podía decirse sobre Cuba sin quedar expulsado del territorio de lo políticamente aceptable. El éxito más persistente del castrismo no consistió sólo en silenciar a los cubanos, sino en conseguir que demasiados observadores extranjeros miraran la isla con los ojos, las palabras y las coartadas de sus carceleros.
Tal vez la ruptura que comienza a insinuarse en Washington consista precisamente en abandonar ese lenguaje heredado, dejar de llamar estabilidad a la permanencia de la dictadura, normalización al financiamiento de su aparato económico, prudencia a la inacción e inevitable a aquello que durante décadas nadie se decidió seriamente a transformar. La amenaza más inmediata para el régimen quizá no sea todavía una división aerotransportada descendiendo sobre la isla, sino algo que siempre ha temido más que a los aviones y a los barcos, que después de décadas de vacilación la principal potencia del hemisferio deje de contemplarlo mediante las categorías que hicieron tolerable su supervivencia. Porque cuando una potencia modifica las palabras con las que nombra una amenaza, también modifica el campo de decisiones que está dispuesta a considerar frente a ella. Y acaso eso sea lo que comienza a moverse ahora en el gigantesco tablero americano, no solamente una pieza militar, una orden ejecutiva o una sanción económica, sino el orden mismo desde el cual Estados Unidos había aprendido a mirar, nombrar y administrar el problema cubano.