La Ley 988 autorizaba la confiscación de las propiedades de los que apoyaran a los alzados y los fusilamientos de los que cometieran “crímenes contra el poder del estado”. Hubo alzados a los que luego de ser capturados, los mataron en el monte, alegando que habían intentado escapar, o hicieron luego el papeleo para demostrar que habían sido juzgados y condenados a muerte