Luis Leonel LeonLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó —al menos por ahora, según declaró en su conferencia matutina— los envíos de petróleo a Cuba. La afirmación se produce en un escenario geopolítico condicionado por las recientes medidas adoptadas por Donald Trump para imponer aranceles a los países que suministren combustible al régimen totalitario que gobierna la isla. La socialista Sheinbaum quiere ayudar al régimen comunista, pero no quiere que le impongan aranceles por colaborar con sus amigos criminales que gobiernan La Habana.
“Por lo pronto no vamos a enviar combustible”, afirmó la mandataria izquierdista. La frase de Sheinbaum, breve y modulada con temor, introduce un compás de espera en una relación energética que, aunque limitada en volumen, había funcionado como alivio circunstancial para la estructura estatal cubana. Porque el petróleo, en el caso de Cuba, no sostiene únicamente la red eléctrica: sostiene la capacidad operativa de un aparato político centralizado que depende de energía para movilizar fuerzas represivas, mantener la logística administrativa y preservar el control social a como de lugar. Lógicamente, pues hablamos de una dictadura pura y dura, aunque Sheinbaum la disfrace con el gastado eufemismo de "justicia social", alineado con su praxis demagógica y que tanto le conviene.
La presidenta mexicana confirmó, no obstante, que continuará enviando ayuda humanitaria —entiéndase que deben ser alimentos y artículos de primera necesidad, pero no significa que esto no sea una pantalla para ocultar otras cosas—. Días atrás, dos buques mexicanos arribaron a puertos cubanos con aproximadamente 800 toneladas de productos básicos, según información oficial de ambos países. Esa distinción entre combustible y asistencia humanitaria, de parte de Sheinbaum, revela un intento de tembloroso incluso falso equilibrio: sostener una narrativa aparentemente ética sin asumir los costos estratégicos de un apoyo energético directo a la dictadura.
Vale precisar que Sheinbaum comparte no pocos posicionamientos políticos e ideológicos con el el régimen cubano. Sus envíos de combustible, su "ayuda humanitaria" y sus negocios con los médicos esclavos del castrismo, no son sólo operaciones comerciales, sino también compromisos de alineamiento. Tampoco olvidemos que la presidenta de México, a pesar de que sabe que Estados Unidos es el pricipal socio comercial de su país, también comparte con los Castro y otros autoritarios del hemisferio un elemento que los define: un enfermo antiamericanismo dizfrazado de antiimperialismo.
Pero como toda izquierdista, grita a Trump, pero de lejos. La decisión mexicana responde directamente al decreto firmado por el presidente estadounidense, que establece tasas elevadas a las exportaciones de países que mantengan comercio energético con Cuba. No se trata de una medida aislada, sino de una pieza dentro de una estrategia de presión económica diseñada para restringir las fuentes externas que sostienen el sistema cubano. En esta arquitectura, el suministro de energía se convierte en variable estratégica.
Sheinbaum expresó su desacuerdo con la imposición de aranceles a terceros países por comerciar con la isla. Sin embargo, reconoció que México debía actuar con cautela para proteger su propia economía ante eventuales medidas de incidencias comerciales. Aquí se revela la tensión clásica entre ideología y realismo: la afinidad doctrinal con la narrativa de soberanía latinoamericana cede ante el peso estructural de la interdependencia económica con Estados Unidos. Claro, siempre matizada por el populismo izquierdista.
La estrategia estadounidense —impulsada por Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, como figura clave en todo esto— puede describirse como coerción económica sin intervención militar. Es una guerra sin balas, pero no sin consecuencias. El objetivo es erosionar la capacidad de supervivencia del aparato castrista limitando el flujo de recursos estratégicos, pues quitarle al castrismo su capacidad represiva contra el pueblo cubano es una forma de ayuda humanitaria que va a la esencia del problema: los cubanos viven bajo una cruel dictadura, además enemiga de los intereses de Estados Unidos, y ese problema ha de ser eliminado. Desde hace varias décadas es un cáncer que avanza dentro (ahogando al cubano) y fuera de la isla (creando inestabilidad regional).
Desde una perspectiva histórica, la relación entre La Habana castrista y Washington ha estado marcada por confrontaciones que trascienden lo simbólico, aunque en no pocos sectores estadounidenses y del exilio cubano la cuestión ideológica haya desviado el tema central: que es la esencial criminalidad del castrismo. El derribo en 1996 de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate —donde murieron ciudadanos estadounidenses en espacio aéreo internacional— consolidó en amplios sectores la convicción de que el régimen cubano no es un simple actor ideológico, sino un Estado que ha operado en clave de confrontación permanente y para imponer su discurso y dominio es capaz de masacrar. Algo que debe tenerse presente, sobre todo por estos días, 30 años después de un crimen de Estado que permanece impune. Y vale también recordar que los asesinatos no prescriben.
Hoy más que nunca, con el dictador Nicolás maduro preso y sin el subsidio de la dictadura chavista, Cuba enfrenta una extrema crisis, no sólo energética, a peor de su historia como nación. Los apagones prolongados no son anomalías coyunturales, sino síntomas de un modelo económico centralizado y dictatorial, incapaz de garantizar abastecimiento estable. El paro del flujo petrolero venezolano, tras ajustes en los mecanismos de supervisión y control, ha profundizado la fragilidad.
El freno del petróleo mexicano representa un revés para un régimen en desgracia, cada vez más aislado financieramente y dependiente de apoyos externos. Sin combustible suficiente, la capacidad de movilización estatal se reduce, la producción industrial se contrae y el control social se complica. Cada barril que no llega incrementa la presión interna y dos esquinas de la cuerda floja entran en conflicto: por un lado, el pueblo accede a menos suministros, y por el otro, la cúpula se va quedando con menos recursos para reprimir. La energía es infraestructura, pero también es poder, y eso lo saben Trump y Rubio.
A nivel regional, que la mandataria izquierdista mexicana haya optado por frenar el suministro revela el delicado momento hemisférico. Incluso gobiernos ideológicamente situados en la órbita progresista regional deben calcular costos frente al poder económico estadounidense. La solidaridad retórica encuentra su límite en la estructura del comercio internacional. La energía, hoy, no es solo un recurso estratégico: es instrumento diplomático. Washington lo ha entendido como mecanismo de presión. La Habana lo padece como vulnerabilidad estructural. Y Ciudad de México lo administra como riesgo económico.
La historia demostrará si el “por lo pronto” mexicano es una pausa táctica o el inicio de un distanciamiento mayor. Pero lo cierto es que, en el tablero hemisférico actual, cada barril cuenta, así como cada decisión revela algo más profundo que una simple transacción comercial. Pero la conclusión es clara: la mayor ayuda humanitaria para el pueblo cubano no consiste en prolongar artificialmente la capacidad energética de un régimen autoritario, sino en propiciar las condiciones internacionales que aceleren su transformación política: el fin de la dictadura del 67 años. Presionar económicamente no es castigar al ciudadano: es debilitar la estructura que lo mantiene cautivo.
