El Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba se presenta como un ejercicio académico sereno destinado a trazar un camino para salir de la catástrofe nacional. En realidad, ofrece algo mucho más insidioso: un plan para una continuidad controlada bajo un orden dictatorial renovado. Envuelto en el lenguaje del pluralismo, el gradualismo y la reforma pragmática, el documento funciona menos como una hoja de ruta hacia la democracia que como una justificación intelectual para una variante cubana del capitalismo concesionario postsoviético: el modelo putinista con un toque tropical. Propone una transición, sí, pero una cuidadosamente diseñada para preservar el esqueleto institucional, las redes de personal y la impunidad moral del actual régimen cleptocrático y sultanista.
En el núcleo de cualquier transición democrática genuina desde un régimen totalitario se encuentra la justicia transicional. Las transiciones exitosas desde el comunismo —o desde cualquier sistema que haya violado sistemáticamente la dignidad humana— han requerido medidas retributivas contra quienes dirigieron la represión, una restitución correctiva para las víctimas, una reforma sistémica que desmantele el aparato de seguridad y una ruptura simbólica con el antiguo orden. La depuración, el escrutinio de la vieja guardia, las comisiones de aclaración histórica y las garantías de no repetición no son adornos opcionales. Son las condiciones mínimas para impedir que la antigua élite se limite a cambiarse de uniforme y siga gobernando.
La experiencia postsoviética demuestra las consecuencias de omitirlas. Allí donde se aplazó o se negó la rendición de cuentas —Rusia, Bielorrusia, las repúblicas de Asia Central—, el resultado no fue la democracia, sino un autoritarismo más flexible y menos ideológico en el que la antigua nomenklatura del partido y los servicios de seguridad se convirtieron en los nuevos dueños del Estado y de la economía. Georgia, Ucrania, Moldavia y Armenia lograron aperturas democráticas imperfectas solo tras levantamientos populares que forzaron una ruptura más clara. La transición incompleta de Nicaragua produjo el mismo resultado previsible: las viejas estructuras se reafirmaron. El Informe de Harvard no menciona nada de esto. Guarda silencio sobre la justicia transicional, sobre la rendición de cuentas por sesenta y siete años de crímenes contra la humanidad, sobre la necesidad de disolver los órganos represivos que han sostenido el orden castrista. Ese silencio no es un descuido. Es la elección política central del documento.
En cambio, el informe se apoya en gran medida en el marco constitucional existente. Insta a la restauración de derechos que ya están nominalmente presentes en la Constitución de 2019, al tiempo que trata ese mismo instrumento como un punto de partida viable. Sin embargo, esa Constitución se elaboró precisamente para constitucionalizar la supremacía del Partido Comunista y para proporcionar cobertura legal a las mismas prácticas a las que el informe afirma oponerse. Tratarla como un fundamento en lugar de como un obstáculo equivale a aceptar la propia ficción jurídica del régimen. La propuesta de una futura Asamblea Constituyente se aplaza a medio o largo plazo, una vez que las autoridades actuales ya se hayan posicionado como «facilitadoras» del proceso. En otras palabras, se invita a los artífices del desastre actual a diseñar la arquitectura del futuro. Esto no es democratización; es cooptación.
El lenguaje del Informe sobre la «amnistía» para los presos políticos revela aún más su orientación. La liberación inmediata e incondicional es un imperativo moral y jurídico. Ningún poder estatal legítimo ha tenido jamás la autoridad para encarcelar a ciudadanos por el ejercicio de derechos que incluso los propios documentos del régimen reconocen hipócritamente. Hablar de «amnistía» es otorgar un reconocimiento implícito al teatro judicial que produjo esas condenas. Plantea la libertad como una concesión en lugar de como la restitución de lo que nunca se les quitó legítimamente.
La misma lógica aparece en el tratamiento del fracaso económico. La catástrofe se atribuye principalmente a la ineficiencia, a malas decisiones de inversión y a la mala gestión —síntomas, no causas—. La etiología más profunda —el monopolio totalitario del poder, la destrucción sistemática de la vida social y económica independiente y la extracción de riqueza por parte de una casta gobernante organizada en torno al control personalista— queda en gran medida sin examinar. La receta que se propone a continuación es, por tanto, predecible: mejorar el funcionamiento del sistema existente, abrir espacio a la propiedad privada dentro de límites cuidadosamente gestionados, reintegrarse en las instituciones financieras internacionales e invitar a la diáspora a financiar la reconstrucción. El resultado sería una dictadura más productiva, no un Estado libre.
Resulta especialmente revelador el interés del informe por la eventual derogación de la Ley Helms-Burton. Esa ley condiciona el levantamiento del embargo a reformas políticas y civiles concretas: la legalización de la actividad política, la liberación de presos, la disolución del aparato de seguridad, la celebración de elecciones libres bajo observación internacional y avances hacia un poder judicial independiente y una economía de mercado. La Ley Helms-Burton no permite un aterrizaje suave para la antigua élite. El documento de Harvard, por el contrario, busca precisamente ese aterrizaje suave. Al abogar por la eliminación de la principal barrera jurídica que vincula la normalización económica a los requisitos previos democráticos, proporciona una justificación académica para el objetivo diplomático de larga data del régimen: el alivio sin renunciar al poder.
Lo que surge es un proyecto de autoritarismo ilustrado. El sistema castrocomunista debe racionalizarse, deben corregirse sus ineficiencias más flagrantes y deben moderarse sus excesos represivos lo justo para desbloquear recursos externos, mientras que las instituciones hegemónicas y el personal que las integra permanecen en gran medida intactos. El precedente soviético es instructivo y condenatorio. No afrontar el pasado no condujo a la democracia, sino a una nueva forma de tiranía que resultó más duradera precisamente porque se desprendió de las restricciones ideológicas residuales del marxismo-leninismo, al tiempo que conservaba los instrumentos de control. El Informe de Harvard ofrece a Cuba el mismo trato. Se trata de una transición del comunismo sultanista a un orden más moderno, menos doctrinario, pero aún así totalmente dictatorial.
Una verdadera transición democrática exige una ruptura, no una renovación. Requiere el desmantelamiento de las estructuras que hicieron posibles los crímenes, la exclusión de quienes los dirigieron de futuros puestos de poder y el establecimiento de instituciones diseñadas para impedir su regreso. Cualquier cosa que no sea esto no es un camino hacia la libertad, sino una sofisticada apología de la continuidad. El documento del Grupo de Trabajo, a pesar de su pulido académico y su prestigio institucional, es, en última instancia, propiedad intelectual de la dictadura que pretende trascender.
Publicado originalmente en Patria de Martí.
