Luis Leonel León
¿Existe una sola forma de que las democracias pierdan su condición y sepulten los derechos y las libertades de sus ciudadanos? La historia registra numerosas vías de imposición de dictaduras socialistas y comunistas: insurrecciones, golpes de Estado, victorias guerrilleras, ocupaciones militares y apropiaciones progresivas de las instituciones. Hay todo un repertorio de ejemplos de la destrucción de la libertad. Los bolcheviques tomaron el poder en Rusia en 1917. En Checoslovaquia, el golpe comunista de febrero de 1948 liquidó la competencia democrática. En Europa oriental, la expansión soviética y la acción de los partidos comunistas sometieron a Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y la mitad de Alemania —la República Democrática Alemana (RDA), cuyo nombre anticipó una estrategia de apropiación semántica: un eufemismo que contradecía su realidad política mediante el uso forzado de los apellidos «Democrática» y «Popular», tal como ocurrió también en la República Popular Democrática de Corea o en Vietnam— a través de procesos que combinaron ocupación, coacción, depuración de adversarios, eliminación del pluralismo y una constante represión. Para todo aquel que desee confrontar la retórica con la evidencia histórica, los Archivos Nacionales británicos custodian los documentos de esa sistemática consolidación del dominio comunista en la Europa de posguerra.
Cruzando el charco, como suele decirse, el continente americano arrastra su propio anacronismo totalitario y sangriento en Cuba: una dictadura de izquierda instaurada por Fidel Castro en 1959 que aún hoy se aferra al poder. La revolución que prometió restaurar el orden constitucional fracturado por Fulgencio Batista consolidó un Estado comunista, sin par en el hemisferio, que volvió a Batista un dictador blandito —una «dictablanda» mucho más blanda que la de Pinochet— y que, al contrario de los pronósticos que auguraban su pronta caída, perdura desde hace casi siete décadas. Los Castro y sus compinches, con el apoyo de la Unión Soviética, desarmaron al pueblo, cancelaron la posibilidad de elegir a los gobernantes y convirtieron la oposición en motivo de persecución y cárcel, consagrando ese monopolio político en la propia ley fundamental.
Bajo estas premisas, la isla opera como una verdadera escuela de ingeniería represiva, ofreciendo un manual práctico sobre cómo una élite puede perpetuarse mediante la asfixia institucional y una burocratización del miedo que es, a la vez, vulgar y despiadadamente criminal. Su longevidad demuestra que el sometimiento de una sociedad no depende únicamente de la fuerza bruta de las armas, sino que se ejecuta a través de la degradación cotidiana, un cerrojo constitucional irrevocable que secuestra la soberanía popular y una manipulación de la economía orientada a rendir por hambre al ciudadano. Esta implacable maquinaria ha dejado de ser un fenómeno meramente insular para convertirse en un exitoso producto de exportación, sirviendo de guía directa para la penetración de los aparatos de contrainteligencia y la replicación del modelo unipartidista en otros países de la región.
El artículo 5 del panfleto castrista de 2019 define al Partido Comunista como «único, martiano, fidelista, marxista y leninista» y establece que «es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado». El artículo 4 remacha el cerrojo: «El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable». Así, la norma que debería garantizar los derechos de los ciudadanos deja decidido quién manda y pretende impedir que los cubanos cambien el sistema bajo el que viven. Una cronología del Departamento de Estado documenta cómo fueron fustigados incluso antiguos partidarios de la revolución. Castro declaró el carácter socialista de su régimen en abril de 1961 y se proclamó marxista-leninista en diciembre de ese año. La concentración del poder y la represión habían comenzado antes de esas declaraciones. La salud de Fidel Castro lo obligó en 2006 a traspasar el control total de la isla a su hermano Raúl. Doce años después, la familia decidió otorgarle el cargo de "presidente" a alguien sin el apellido Castro: Miguel Díaz-Canel fue el escogido a dedo. Desde 2018 juró continuidad y, por lo tanto, los ciudadanos siguen sin poder desalojar del poder a la familia y al partido que se robaron el país.
La historia del comunismo ha sido larga y, por supuesto, tortuosa para sus millones de víctimas. La victoria de Mao en China en 1949 abrió paso a otra dictadura comunista. En Laos, los comunistas llegaron al poder en 1975 y establecieron un Estado de partido único. Las promesas de emancipación acompañaron la construcción de sistemas que privaron a sus ciudadanos de instrumentos efectivos para sustituir a sus gobernantes. El uniforme militar, en no pocos casos, ha servido para imponer proyectos revolucionarios de izquierda. En Somalia, Siad Barre tomó el poder en 1969 y adoptó el llamado socialismo científico. En Dahomey, después Benín, Mathieu Kérékou encabezó el golpe de 1972 y proclamó el marxismo-leninismo en 1974. En Etiopía, el derrocamiento del emperador en 1974 abrió paso al Derg y a la posterior consolidación de una dictadura marxista. En Afganistán, el golpe de abril de 1978 llevó al poder al Partido Democrático Popular. En Granada, Maurice Bishop y el Movimiento de la Nueva Joya se impusieron mediante un golpe en marzo de 1979.
No todo ha sido igual, desde luego. Cada país arrastraba sus conflictos, heridas y esperanzas. En unos se destruyeron instituciones representativas, en otros se cerraron caminos que podían conducir a la libertad y en otros se derrocó a un dictador para entregar el poder a uno nuevo. Todos forman parte de una historia que conviene recordar cuando se presenta la promesa socialista como garantía de libertad o se atribuye la dictadura militar a una sola familia ideológica. En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder mediante elecciones y desde el gobierno fue desactivando los contrapesos que podían limitarlo. Nicolás Maduro heredó ese aparato de poder y se aferró a él entre represión, protestas y elecciones fraudulentas, hasta que los miembros de la Delta Force lo capturaron. Hoy está recluido en Brooklyn y afronta cargos relacionados con narcotráfico y torturas. La democracia venezolana no pudo impedirle a Maduro seguir en el poder. Puede que nunca más salga de la cárcel. Y aunque sus continuadores, luego de la espectacular operación militar estadounidense realizada en Caracas el 3 de enero de 2026, no se sienten seguros, en Venezuela persiste el mismo régimen. Y es que la clave no está en eliminar piezas, sino en desmontar el sistema.
Y el problema de fondo puede estallar en cualquier parte. Las votaciones pueden continuar su coreografía mientras el poder reduce las posibilidades de una alternancia efectiva y buena parte de la ciudadanía descubre, en ocasiones demasiado tarde, que la libertad política es un orden histórico que necesita tanto de ciudadanos capaces de reconocer sus amenazas como de autoridades dispuestas a cumplir sus responsabilidades. Algo que no siempre ocurre. Y cuando unos y otras faltan a su elemental deber, el caos se viste de statu quo. ¿Pero qué relación existe entre las imposiciones del castrismo y el chavismo, convertidas en leyes que despojan al ciudadano de sus garantías —antileyes, por su función represiva—, y las pretensiones de colectivos de la izquierda radical que buscan imponer sus objetivos en democracias como Francia, el Reino Unido, Alemania, España o Estados Unidos, entre otras?
Una causa política que se atribuye superioridad moral —y esa es una de las banderas de la izquierda— puede terminar reclamando el derecho a atropellar las libertades ajenas. En una dictadura, ese privilegio puede quedar consagrado en la legislación y ejecutarse mediante los órganos represivos. En una democracia, la presión puede comenzar en la calle, mediante amenazas, agresiones y destrucción, y ganar terreno cuando autoridades, partidos o ciudadanos encuentran razones para disculparla. La diferencia entre los sistemas sigue siendo fundamental. Precisamente por eso es vital reconocer las prácticas que erosionan las garantías democráticas antes de que consigan institucionalizarse. Hemos visto cómo en Francia grupos aprovechan las manifestaciones para atacar a la policía, destruir establecimientos y condicionar por la fuerza el uso del espacio público. Quien saquea un comercio decide que su fuerza vale más que el derecho del propietario. Quien amenaza a un adversario pretende decidir qué puede decir y dónde puede hacerlo. Y quien justifica esas conductas contribuye, sabiéndolo o no, a debilitar los límites que protegen al conjunto de la sociedad.
Una democracia puede conservar sus procedimientos electorales y, al mismo tiempo, debilitar progresivamente los principios que les dan sentido. Estas sociedades —sometidas a la corrección política, al sonambulismo y a la histeria colectiva, donde se normalizan extravagancias tan «emancipadoras» como disfrazarse de canino para pasear en cuatro patas por la avenida o proclamar solemnes romances afectivos con árboles— pueden seguir votando mientras pierden la capacidad de establecer límites. La degradación alcanza una gravedad mucho mayor cuando se buscan justificaciones para conductas que dañan a terceros, incluidos los abusos sexuales y psicológicos contra menores. También pueden invocar la inclusión mientras toleran la intimidación, defender la protesta mientras destruyen derechos y libertades, o hablar de tolerancia mientras abandonan a las víctimas de una violencia ejercida en nombre de supuestas causas emancipadoras. Un absurdo absoluto que, no pocas veces, ha terminado en sangre.
El vínculo entre estos dos fenómenos —el totalitarismo impuesto por el decreto represivo y la degradación democrática permitida por la inacción social— radica en la pérdida de criterio de sociedades que encuentran cada vez más dificultades para establecer y defender sus límites. Esa confusión se traduce en graves consecuencias políticas cuando las autoridades dejan de proteger los derechos elementales por temor al conflicto, al descrédito público o a las etiquetas ideológicas. La intimidación y el caos ganan terreno cuando quienes deberían enfrentarlos se preguntan, antes que nada, cuánto les costará políticamente cumplir con su deber.
A esta profunda contradicción —la de una ciudadanía que acude formalmente a las urnas mientras capitula ante las fuerzas que destruyen su libertad— podemos denominarla democracia sonámbula. Una parte de la población ha desarrollado una extraordinaria capacidad para contemplar los hechos sin reconocer sus consecuencias. Las imágenes de establecimientos saqueados, automóviles incendiados, monumentos vandalizados y agentes policiales atacados se suceden hasta amenazar con convertir lo excepcional en habitual. Cada episodio provoca indignación y disputas partidistas sobre sus causas, pero después llega otro y el anterior desaparece de la discusión sin que se hayan comprendido los mecanismos que lo hicieron posible ni esclarecido las responsabilidades que dejó al descubierto. Así se perpetúa una espiral de desconocimiento y olvido que deja progresivamente desprotegido al ciudadano.
El debate público no debe degradarse en politiquería, en espectáculo comunicacional sin fundamento ni en la superficialidad de las redes sociales, no pocas veces revestida de esa torpe seguridad que ilustra el efecto Dunning-Kruger (la tendencia a sobreestimar la propia competencia cuando los conocimientos insuficientes dificultan reconocer los errores y las limitaciones personales). Para que una sociedad sea libre, próspera y estable necesita una justicia independiente, límites efectivos al poder y respeto a los derechos individuales. Adam Smith describió la justicia en La teoría de los sentimientos morales (1759) como «el pilar principal que sostiene todo el edificio» de la sociedad. La libertad necesita esa protección frente al abuso, tanto de otros individuos como del propio Estado. Pero ninguna garantía institucional se sostiene indefinidamente sin ciudadanos dispuestos a defenderla. De ahí la importancia cardinal de una educación que enseñe a pensar por cuenta propia y a asumir las responsabilidades que acompañan a la libertad.
Sobre la formación política de los ciudadanos y las consecuencias de la desinformación electoral, conversé con el analista político Fernando Amandi Sr., quien me planteó la posibilidad de «implantar un examen cívico básico y obligatorio (o con fuerte incentivo) como requisito para votar en elecciones generales». No se trataría de un filtro ideológico ni de una prueba de inteligencia, sino de «un test corto, público y transparente» sobre el sistema político, las propuestas de los candidatos y las políticas más relevantes. A su juicio, este mecanismo «puede elevar el costo de la demagogia» y dar a los candidatos «más incentivos para explicar medidas concretas en lugar de apelar solo a identidades o miedos». Amandi señala que muchos electores recurren a «atajos cognitivos», como la identificación partidaria, la apariencia de los candidatos o las recomendaciones en redes sociales, lo que facilita la manipulación. Al mismo tiempo, reconoce que «la idea de cualificar electores ataca un problema real (el voto poco informado y manipulable)», pero advierte que restringir el sufragio puede concentrar el poder, no garantiza mejores decisiones colectivas y entraña riesgos de exclusión y de control del propio mecanismo por quienes establecen las reglas. Por ello, considera indispensable resolver «quién controla el examen y cómo se evita que se convierta en un instrumento de discriminación».
Pensar por cuenta propia también permite organizarse con otros sin esperar que el Estado lo resuelva todo. En La democracia en América, Alexis de Tocqueville destacó la importancia de las asociaciones para preservar una sociedad libre. La democracia necesita hábitos y responsabilidades que exceden el funcionamiento formal del gobierno. Las asociaciones independientes proporcionan espacios para defender intereses, resolver problemas y limitar la concentración del poder. Cuando esos vínculos se debilitan, las personas quedan más expuestos a la intimidación y más dispuestos a esperar que una autoridad resuelva por ellos todos los conflictos. Defender esa convivencia exige también afrontar a quienes pretenden destruirla mediante la fuerza. Karl Popper abordó los límites de la tolerancia en la nota 4 al capítulo 7 del primer volumen de La sociedad abierta y sus enemigos, obra publicada originalmente en 1945. El filósofo austríaco advirtió del peligro de que una sociedad tolerante permita su destrucción por quienes recurren a la fuerza y rechazan la discusión racional. El propio pasaje distingue esa defensa de la supresión indiscriminada de las ideas intolerantes que puedan combatirse mediante argumentos y opinión pública. Mantener esa distinción es indispensable frente a gobiernos que encuentran en una supuesta protección de la sociedad una excusa para silenciarla.
En una sociedad libre, los ciudadanos pueden criticar duramente al poder y defender posiciones radicales, pero ese derecho no legitima el adoctrinamiento ni la manipulación mediante falacias, y mucho menos la amenaza y la coacción que sustituyen el intercambio de ideas por el sometimiento. Cuando el sistema tolera que alguien imponga su voluntad por la fuerza o de manera arbitraria, el ciudadano pacífico queda en una situación de inferioridad, convertido en la víctima perfecta precisamente por cumplir las reglas del juego democrático. Las libertades, sin embargo, no desaparecen únicamente por la acción de quienes pretenden arrebatarlas. Su deterioro también exige examinar qué hacen, qué consienten y qué dejan de defender los ciudadanos que todavía pueden elegir a sus gobernantes. Porque una sociedad puede descubrir demasiado tarde que las garantías que creyó permanentes dependían también de sus propias decisiones.
