Raúl Castro: el mito impune ante un tribunal federal

Que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haya acusado formalmente a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996, constituye un hito de importancia jurídica, histórica y moral imposible de minimizar, incluso aunque algunos intenten hacerlo, o terminen presos de esa idea por los efectos de un largo y herido cansancio político, por oportunismo ideológico o simplemente porque una parte del mundo contemporáneo aprendió hace tiempo a relativizar ciertos crímenes cuando estos ocurren bajo determinadas banderas románticas del siglo XX. 

Reuters informó este 20 de mayo de 2026 que la acusación federal presentada en Miami incluye conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, varios cargos de asesinato y destrucción de aeronaves, vinculando directamente al antiguo aparato militar cubano con uno de los episodios más graves ocurridos entre ambos países desde el final de la Guerra Fría. Sin embargo, lo verdaderamente revelador no es únicamente el expediente judicial —importante, sí, y profundamente simbólico después de décadas de impunidad diplomática—, sino el modo en que esta noticia obliga a regresar a una serie de preguntas mucho más incómodas para ciertas zonas de Occidente: ¿por qué algunos totalitarismos fueron condenados moralmente por la historia mientras otros sobrevivieron envueltos en una extraña niebla estética, turística e intelectual, como si la pobreza, el miedo, el exilio y la represión pudieran suavizarse mediante consignas revolucionarias, fotografías envejecidas de guerrilleros o nostalgias ideológicas fabricadas lejos de La Habana, casi siempre desde universidades, cafés culturales o editoriales donde el comunismo fue una conversación teórica y nunca una experiencia humana concreta?

En El libro de la risa y el olvido, el escritor checo Milan Kundera escribió algo que me ha acompañado desde los años 90, cuando empecé a hacer programas de radio y documentales en Cuba: “la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”. Esta sentencia —lanzada por Kundera en 1979, desde su exilio en Francia, donde desarrolló la mayor y más aclamada parte de su obra— es una de las frases que mejor resumen no solo la tragedia cubana, sino también la indulgencia cultural con que una parte del mundo decidió contemplarla durante décadas. Algo que el exilio cubano, sobre todo después del fracaso y la traición de Bahía de Cochinos, tuvo que aprender a la fuerza y luego, con el paso de las décadas, asumir.

Una de las dimensiones más perturbadoras de todo este caso, ante un asesinato de Estado de hace 30 años y un Raúl Castro ya nonagenario, pero todavía históricamente responsable, no se encuentra únicamente en los titulares periodísticos, sino en la propia textura burocrática del superseding indictment presentado el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante el Distrito Sur de Florida. Porque detrás de páginas llenas de coordenadas, comunicaciones militares, cadenas de mando y terminología jurídica, emerge lentamente algo mucho más inquietante: la descripción, sintética e innegable, de una violencia organizada desde estructuras racionales de poder estatal.

El documento federal insiste en que las aeronaves derribadas eran civiles y estaban desarmadas, establece que el ataque ocurrió en espacio aéreo internacional y presenta la operación no como accidente diplomático ni reacción improvisada, sino como una acción deliberada coordinada desde las más altas esferas del aparato militar cubano.

Sé que muchos asumen que esto se trata de un tema cubano. Pero se equivocan. En el sustrato de esta acusación federal yace una de las verdades más incómodas del siglo XX y de sus prolongaciones contemporáneas: el hecho de que los totalitarismos rara vez son percibidos esencialmente como las barbaries que son. Desde su interior y desde fuera, los totalitarismos —no solo el castrocomunismo y el socialismo del siglo XXI— en buena medida se conceptualizan, o se justifican, mediante lenguajes administrativos, procedimientos, justificaciones técnicas y maquinaria burocrática, e incluso desde intenciones utópicas, en ocasiones por desconocimiento, pero la mayoría de las veces para transformar el horror humano en simple operación de Estado. Esto es algo que Hannah Arendt comprendió mientras escribía Eichmann en Jerusalén, publicado en 1963, donde señala que una de las características más aterradoras del poder totalitario consiste precisamente en su capacidad para normalizar moralmente la violencia mediante mecanismos aparentemente racionales. 

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Ante la experiencia cubana, una reflexión perturbadora es que millones de personas han vivido durante décadas dentro de un sistema que produjo sometimiento a la miseria, exilio masivo, erosión de la fe, persecución política, criminalización del más mínimo disenso, censura estructural y destrucción económica, entre otros males, mientras una parte importante del imaginario intelectual occidental insistía en mirar hacia otro lado, o peor aún, en transformar aquella realidad en mito cultural. 

Por eso la acusación presentada contra Raúl Castro este 20 de mayo (fecha simbólica: proclamación de la República de Cuba en 1902) produce un efecto, desde hace tiempo anhelado, pues obliga, si no se quiere seguir jugando a defender lo indefendible, a sustituir el lenguaje romántico por un vocabulario judicial. Ya no se habla únicamente de revolución, soberanía o resistencia antiimperialista. Aparecen finalmente tipificados delitos de conspiración, destrucción de aeronaves civiles y asesinato. No olvidemos que el lenguaje importa, pues toda batalla histórica comienza también siendo una batalla semántica, algo que manejaba incesantemente la revolución cubana —sobre todo cuando Fidel Castro estuvo al mando. Hoy sólo quedan sombras— y que George Orwell comprendió con extraordinaria claridad cuando publicó su ensayo Politics and the English Language (publicado originalmente en la revista Horizon en 1946, después de Rebelión en la granja y antes de 1984), donde advirtió que el deterioro del lenguaje político termina haciendo aceptables ideas que, formuladas honestamente, resultarían moralmente insoportables. Lo verdaderamente terrible es que el lenguaje político termina normalizando también el pensamiento y la tolerancia popular ante la crueldad de las acciones, desde las más cotidianas hasta crímenes de Estado. 

Conviene recordar, además, que el derribo de las avionetas no ocurrió en el vacío. Ese día estaba prevista en La Habana la asamblea nacional del Concilio Cubano, una coalición de organizaciones prodemocráticas y de derechos humanos que intentaba articular, desde dentro de la isla, una alternativa cívica y no violenta al monopolio político del régimen. En los días previos, la Seguridad del Estado desató una operación de desactivación contra sus miembros: hostigamientos, detenciones, amenazas y procesos penales destinados a impedir aquella reunión. El mensaje era inequívoco: el castrismo no estaba dispuesto a tolerar ni la oposición interna pacífica ni la denuncia externa del exilio. Por eso el crimen de los Hermanos al Rescate, que había declarado su apoyo a Concilio, debe leerse también dentro de ese contexto: como parte de una misma lógica represiva que buscaba aplastar simultáneamente la disidencia dentro de Cuba y castigar, fuera de ella, a quienes exponían ante el mundo el drama de los balseros y la naturaleza criminal del régimen. 

El 24 de febrero de 1996 no fue, como se ha dicho durante 30 años, un incidente diplomático entre dos sistemas en pugna. Fue la expresión brutal de una lógica de poder construida sobre el miedo y la intolerancia política. Murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, miembros de una organización nacida en el exilio cubano, fundada por el conocido anticastrista José Basulto, dedicada al auxilio de balseros en el Estrecho de la Florida. Desde el aire lograron localizar a cientos de balseros y les salvaron la vida enviando sus coordenadas a la Guardia Costera estadounidense. 

Associated Press recordó, en un despacho publicado el mismo día de la acusación federal, que Brothers to the Rescue operaba desde Miami y que sus vuelos se habían convertido desde hacía años en un símbolo incómodo para el régimen cubano. Pero incluso esa descripción periodística apenas roza la dimensión humana real de la historia: detrás de aquellas avionetas estaba también la desesperación de miles de cubanos lanzados al mar, la fractura de familias enteras y una geografía del exilio que ha marcado la vida espiritual, cultural y política de varias generaciones. La Organización de Aviación Civil Internacional concluyó además, en un informe publicado en 1996, que las aeronaves fueron derribadas en espacio aéreo internacional, desmontando uno de los principales argumentos sostenidos durante años por el régimen cubano para intentar justificar el asesinato.

Resulta interesante observar cómo distintos medios internacionales reflejaron la noticia, porque el tratamiento mediático revela también distintas formas contemporáneas de administrar moralmente el horror. Reuters colocó la acusación dentro de un contexto geopolítico más amplio, relacionándola con las tensiones actuales entre Washington y La Habana. Associated Press adoptó un tono más histórico y humano, enfatizando el papel del exilio cubano y la memoria de las víctimas. The Guardian, en su cobertura del 20 de mayo de 2026, interpretó el caso principalmente como una escalada política estadounidense contra el régimen cubano.

Y claro, ninguno de esos enfoques es completamente falso, pero todos revelan prioridades narrativas distintas. En la intención con que se presenta la noticia aparece algo profundamente contemporáneo: las tragedias humanas terminan clasificadas según marcos ideológicos, diplomáticos o culturales previamente establecidos, como si el sufrimiento necesitara de alguna legitimación conceptual antes de ser reconocido plenamente por su propia naturaleza. Hannah Arendt, cercana en este y otros ángulos a Orwell, advirtió algo semejante cuando observó que uno de los grandes peligros de las sociedades modernas consiste en transformar el horror humano en simple categoría administrativa o política, vaciándolo lentamente de su dimensión moral.

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Hay quienes intentan reducir esta acusación a una operación política tardía o a un gesto simbólico sin consecuencias reales. Era previsible. También hubo quienes durante décadas minimizaron el crimen del remolcador 13 de Marzo, ocurrido el 13 de julio de 1994. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 1999 que el Estado cubano era responsable de la muerte de 41 personas, entre ellas 10 niños, mientras intentaban escapar de la isla. Varias embarcaciones estatales, en una emboscada bajo el mando de Fidel y Raúl Castro, embistieron repetidamente la nave hasta que la hundieron. 

Limitar toda esta discusión únicamente al expediente judicial contra Raúl Castro sería también una forma involuntaria de reducir la verdadera dimensión del problema cubano. Porque la tragedia de Cuba no comenzó hace tres décadas, sino hace casi 70 años. Las avionetas derribadas, el remolcador hundido, los presos políticos, las familias separadas por el exilio, los balseros desaparecidos en el Estrecho de la Florida, las generaciones enteras educadas dentro del miedo y la obediencia ideológica, forman parte de una misma continuidad histórica: la lenta erosión de la libertad humana bajo un sistema que prometió redención colectiva y terminó produciendo vigilancia, pobreza y dependencia espiritual del Estado. La lista podría ser interminable. Las revoluciones totalitarias son tsunamis de promesas incumplidas que terminan dejando ruinas y cadáveres que nunca llegan a contabilizarse con exactitud. 

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En La democracia en América, Alexis de Tocqueville advirtió sobre el riesgo de formas modernas de servidumbre o tutela suave, allí donde el poder político sustituye progresivamente la responsabilidad interior del ciudadano y lo acostumbra a delegar incluso su conciencia. Esa intuición no sirve solo para entender a los pueblos cautivos de regímenes totalitarios, sino también para mirar con mayor severidad a las sociedades libres que observan esas tragedias desde lejos y, muchas veces, a sus propios medios de comunicación, cuando seleccionan las partes más convenientes de la barbarie, reducen el contexto invariable de 67 años a un episodio aislado y presentan como producto de tensiones actuales lo que en realidad pertenece a una constante histórica de represión, propaganda y crimen de Estado.

El punto más importante de esta noticia no es únicamente la acusación contra Raúl Castro, sino aquello que la acusación obliga finalmente a recordar: que detrás de la retórica geopolítica, de los análisis diplomáticos y de las nostalgias ideológicas occidentales, existe un pueblo real que lleva más de seis décadas sobreviviendo entre carencias materiales, represión política y agotamiento moral. Un pueblo cuya tragedia muchas veces fue convertida en objeto de debate abstracto mientras millones de cubanos intentaban simplemente vivir con dignidad. Ahí reside una de las paradojas más dolorosas del mundo contemporáneo: la facilidad con que ciertas sociedades aprenden a discutir ideologías mientras olvidan mirar a las personas concretas atrapadas dentro de ellas.

Cuando los cubanos, desde el exilio y la isla, hablan de intervención humanitaria, el debate no debería reducirse inmediatamente a caricaturas ideológicas ni a automatismos propagandísticos. Lo esencial es comprender el trasfondo humano de ese grito: la sensación de abandono histórico de una sociedad atrapada durante generaciones dentro de un sistema sin mecanismos reales de transformación política, una sociedad desarmada material, política y psicológicamente, donde la protesta puede conducir a prisión, donde el lenguaje público permanece vigilado y donde incluso la esperanza termina muchas veces emigrando.

Durante su histórica visita a Cuba en enero de 1998, Juan Pablo II, cuya vida y pontificado fueron decisivos en la derrota moral del comunismo europeo, pidió que Cuba se abriera al mundo y que el mundo se abriera a Cuba, no como frase diplomática vacía, sino como reconocimiento de que ningún pueblo debería permanecer encerrado indefinidamente dentro del miedo, la pobreza y el aislamiento moral. Cuba permanece cerrada desde hace demasiado tiempo.

Hay, además, una pregunta inevitable que empieza ya a moverse debajo de la superficie jurídica y política de este caso: ¿qué significa, en términos concretos, acusar formalmente a Raúl Castro ante una corte federal estadounidense? No basta decir que se trata de una acusación simbólica, aunque también lo sea, ni basta imaginar una escena cinematográfica de captura inmediata, aunque la historia reciente de América Latina —desde Manuel Noriega hasta Nicolás Maduro, cuya comparación comenzó a aparecer en algunos análisis jurídicos y mediáticos tras conocerse la acusación federal— demuestra que Estados Unidos ha utilizado en otras ocasiones expedientes criminales contra figuras de poder extranjeras cuando considera que sus actos afectan directamente intereses estratégicos, ciudadanos estadounidenses o principios fundamentales de seguridad nacional.

The Guardian señaló este 20 de mayo que la propia acusación contra Raúl Castro reabre interrogantes sobre eventuales escenarios de extradición, captura internacional o restricciones diplomáticas futuras, mientras Associated Press recordó que la imputación presentada en Miami constituye una de las acciones judiciales más severas emprendidas por Washington contra la cúpula cubana desde el final de la Guerra Fría.

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Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el escenario más probable sería la activación de mecanismos de captura si el acusado abandonara territorio cubano o si un eventual cambio político regional modificara las condiciones diplomáticas actuales. Existe incluso un tratado de extradición firmado entre Cuba y Estados Unidos en 1904, aunque la historia posterior entre ambos países terminó convirtiendo ese documento en una pieza casi arqueológica del derecho internacional.

Pero lo verdaderamente importante no es únicamente la discusión procesal, sino el desplazamiento simbólico e histórico que esta acusación produce. Una cosa era Raúl Castro protegido durante décadas por la mitología revolucionaria, la impunidad diplomática y esa indulgencia occidental que tantas veces prefirió llamar “proceso histórico” a lo que para millones de cubanos fue sencillamente represión, cárcel, exilio, censura, pobreza administrada y miedo político. Y otra, muy distinta, es ahora el viejo dictador acusado federal ante una corte estadounidense por conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves civiles. Ahí reside el verdadero alcance histórico de esta noticia: no solo en lo que jurídicamente pueda o no suceder mañana, sino en el lenguaje y la visión con que el mundo puede comenzar a describir al régimen cubano. No pocos medios van a tratar de paliar estos efectos, como ya hemos visto, pero es imposible tapar todo el sol con un dedo.

La acusación contra Raúl Castro rompe parcialmente una antigua estructura de impunidad narrativa. Obliga a llamar ciertas cosas por su nombre. Ahora bien: sería un error histórico convertirla en punto final o en satisfacción moral suficiente. Cuba sigue siendo el verdadero centro de esta historia. Cuba —con el hambre generalizada, los apagones, las cárceles políticas, sus silencios, sus exilios y su agotamiento espiritual— sigue siendo la noticia mayor. La dimensión más dolorosa y más humana de todo esto es comprender que detrás de los titulares, de las acusaciones judiciales y de las disputas ideológicas internacionales, continúa existiendo una nación suspendida desde hace décadas entre memoria, agotamiento y supervivencia histórica, una sociedad entera cuya vida cotidiana ha terminado atrapada entre el miedo político, la precariedad material y la lenta erosión espiritual producida por generaciones enteras obligadas a acostumbrarse a lo inaceptable. Porque más allá de tribunales federales, expedientes judiciales o tensiones diplomáticas, la verdadera tragedia cubana sigue siendo profundamente humana: la deformación silenciosa de la vida interior de un pueblo condenado durante demasiado tiempo a sobrevivir dentro de un sistema donde incluso la normalidad terminó aprendiendo a convivir con la ausencia de libertad.

Es vital no olvidar a Ronald Reagan. Durante un discurso de 1961, mucho antes de llegar a la presidencia, dijo: “La libertad nunca está a más de una generación de extinguirse”. No fue una frase ornamental para decorar discursos patrióticos, sino una verdad histórica que Cuba conoce con una intimidad dolorosa. Ninguna sociedad hereda indefinidamente la libertad ni conserva sus derechos si deja de comprenderlos, defenderlos y transmitirlos como parte de su cotidiana respiración moral.

La libertad, no lo olvidemos, no suele desaparecer de golpe, con el estruendo teatral que después facilita los documentales y las efemérides, sino lentamente, mientras se normaliza la censura, se relativizan los abusos, se acepta la propaganda, se cambia responsabilidad interior por obediencia cómoda y se aprende a vivir dentro del miedo como si el miedo fuese apenas una forma amarga de la normalidad. Una de las heridas más hondas de la experiencia cubana es que varias generaciones nacieron dentro del sistema, sin memoria personal de libertad política real, obligadas a recibir como paisaje natural lo que en cualquier nación libre tendría que resultar insoportable, hasta que la pérdida de derechos, de verdad pública y de autonomía espiritual dejó de parecer una anomalía histórica para convertirse en costumbre administrada por el Estado. Y aquí debemos acentuar algo: la libertad de pensar sin miedo antecede a la valentía de expresarla, porque solo quien rompe primero la prisión interior del temor puede después manifestarse en el espacio público, convocar a otros, desnormalizar la desesperanza y quebrar esa desidia que durante décadas el régimen ha inoculado como una enfermedad moral prolongada, cuya secuela más devastadora consiste precisamente en habituar a un pueblo al horror.

Para no pocos cubanos, esta acusación constituye también una señal de esperanza, de que la impunidad del régimen empieza a resquebrajarse y de que la discusión sobre Cuba ya no puede limitarse a sanciones, publicaciones en redes sociales, comunicados diplomáticos o negociaciones estériles. De ahí que cada vez más cubanos reclamen, sin pelos en la lengua, una intervención humanitaria que coloque en el centro la protección de una población sometida al colapso material, la represión política y la ausencia absoluta de mecanismos reales de cambio. No pocos lo asocian con la cercanía del fin de la dictadura e interpretan que las presiones de Donald Trump y Marco Rubio han funcionado, al menos para cambiar el debate.

Dos días antes del anuncio de la acusación contra Raúl Castro, el Comando Sur publicó en X un video de despliegue militar en su área de responsabilidad bajo una frase de calculada contundencia: “Letal. Preciso. Listo”. El mensaje asegura que las fuerzas estadounidenses están determinadas a garantizar que el Hemisferio Occidental permanezca a salvo de amenazas contra la seguridad, la estabilidad y la democracia. El video, que muestra helicópteros, aviones, lanchas de desembarco, tanques y tropas de infantería, comienza con un conteo regresivo y concluye con mapa satelital de Cuba". Las señales de una inminente intervención estadounidense son cada vez más directas. 

Y en la isla, el pueblo está reaccionando como nunca antes. Años atrás era casi impensable ver en redes sociales a cubanos sosteniendo carteles que dicen “Dios salva a Cuba. SOS Trump”, un mensaje claro que, desde las calles cubanas, pide ayuda inmediata para salir de una vulgar tiranía, caída en desgracia, a la que ni siquiera sus antiguos aliados desean apoyar abiertamente. Ha llegado una etapa que ya no es solo una encrucijada histórica, sino un límite. 

Václav Havel —otro hombre que conoció desde dentro la asfixia totalitaria y que fue un buen amigo de la oposición cubana— explicó en Disturbing the Peace que la esperanza no consiste en la convicción de que algo terminará bien, sino en la certeza de que algo posee sentido independientemente de cómo termine. Y quizá pocas cosas han sostenido tanto al exilio cubano como precisamente esa forma de esperanza, la misma que hoy parece comenzar también a romper el miedo dentro de la isla, donde no pocos cubanos celebran, a pesar del terror y de la vigilancia, que uno de los mayores responsables de su tragedia deje de ser tratado únicamente como figura de poder envejecida por el tiempo y aparezca finalmente nombrado ante una corte federal por aquello que durante décadas la propaganda intentó convertir en incidente, soberanía o defensa revolucionaria: conspiración, asesinato y destrucción de aeronaves civiles. Esa es la importancia profunda de esta acusación: no clausura la tragedia cubana, pero rompe una parte de su impunidad verbal. Y cuando una dictadura empieza a perder el monopolio del lenguaje con que encubrió sus crímenes, también empieza a perder una de las armas más duraderas de su poder.

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