Luis Leonel León
Hay celebraciones que parecen no tener fin. La música continúa, las copas se llenan y los cuerpos se abandonan al placer con esa confianza despreocupada de quienes creen que nada puede perturbarlos. Nadie pregunta cuánto durará la fiesta ni quién sostiene las luces encendidas. Afuera, los comercios pueden estar ardiendo, los manifestantes violentos pueden apedrear policías y una mujer puede ser perseguida por negarse a obedecer un mandato religioso. Adentro, la felicidad consiste, en buena medida, en no enterarse de nada. Y si alguna noticia desagradable consigue atravesar las puertas, siempre habrá alguien dispuesto a subir el volumen de la música.
Las sociedades libres también pueden entregarse a esa forma de enajenación. Acostumbrados a derechos que otros conquistaron y defendieron pagando incluso con sus vidas, muchos ciudadanos terminan considerándolos tan naturales como el aire que respiran. Se indignan fugazmente ante un comercio saqueado, una universidad que castiga la discrepancia o un disidente encarcelado por sus ideas, pero pronto regresan a sus entretenimientos, sus disputas partidistas y sus pantallas. Mientras tanto, la intimidación gana espacios que deberían pertenecer a la libertad, las autoridades pueden acostumbrarse a justificar lo injustificable y los ciudadanos siguen convencidos de que siempre habrá tiempo para rectificar. Hasta pueden celebrar como victorias políticas decisiones que mañana podrían volverse contra sus propios derechos.
Y claro, esto no sólo depende de las autoridades que traicionan el sentido de su trabajo, sino también de quienes les otorgaron ese poder privilegiado. No en balde llamo votante suicida a quien utiliza las libertades democráticas para respaldar decisiones, dirigentes o prácticas que terminan socavándolas. No necesita desear la destrucción del orden constitucional. Basta con que acepte vulnerar sus principios si con ello gana su partido, pierde el adversario o consigue lo que reclama. Puede celebrar restricciones contra quienes piensan de manera diferente sin advertir que mañana podrán aplicárselas a él. Puede disculpar la intimidación porque simpatiza con quienes la ejercen. Puede reclamar poderes extraordinarios para resolver un problema urgente y descubrir después que ya no tiene cómo ponerles freno. Y cuando necesite defender sus propios derechos, puede encontrarse con que ayudó a desmontar las garantías que debían protegerlo.
Václav Havel describió uno de los mecanismos más inquietantes de la supervivencia del totalitarismo en El poder de los sin poder, escrito en 1978. Su célebre verdulero coloca una consigna comunista en el escaparate de su establecimiento, entre las cebollas y las zanahorias, no porque necesariamente crea en ella, sino porque ha aprendido a obedecer y a evitarse problemas. La mentira termina formando parte de la vida cotidiana y el ciudadano contribuye a sostener el sistema que lo somete. Havel, que conocía desde dentro la dictadura checoslovaca, comprendió que aquel poder no se mantenía únicamente mediante policías y cárceles. También necesitaba la resignación, el miedo y la colaboración rutinaria de quienes habían aprendido a vivir dentro de la mentira. Su verdulero no es exactamente nuestro votante suicida, pero ambos permiten comprender hasta qué punto la conducta individual puede contribuir a perpetuar aquello que priva al ciudadano de su libertad.
La democracia sonámbula se alimenta de esa indulgencia selectiva. Sus instituciones se debilitan cuando ciudadanos que se consideran demócratas aceptan vulneraciones de derechos porque perjudican a sus adversarios o favorecen a sus aliados. Cada excepción puede parecer tolerable por separado, pero su acumulación modifica las reglas de convivencia y concede al poder facultades que después resultará difícil retirarle.
El conservadurismo constitucional defiende la responsabilidad individual, la continuidad institucional y el reconocimiento de que la sociedad es anterior y más amplia que cualquier organización política. La propiedad, la familia, las asociaciones independientes, la libertad religiosa y las comunidades locales constituyen espacios de autonomía frente a la concentración del poder. Debilitarlos deja al ciudadano más solo ante quienes gobiernan. Los Socialistas Democráticos de América (DSA) proponen sustituir el capitalismo, establecer la propiedad colectiva de sectores como la energía y el transporte y retirar financiación a la policía para destinarla a las comunidades. Se hace imperativo rechazar su socialismo y a los demócratas que lo impulsan: prometer ciudadanos libres mientras se amplía su dependencia del Estado encierra una contradicción que el adjetivo «democrático» no resuelve. Del mismo modo, hay que rechazar el wokismo que convierte la identidad en autoridad moral y utiliza la acusación de intolerancia para acallar al discrepante. La escuela que adoctrina invade la responsabilidad educativa de los padres y priva al alumno de herramientas para pensar. La universidad que castiga la disidencia forma profesionales del asentimiento.
El programa de los Socialistas Democráticos de América ofrece motivos adicionales para examinar sus posiciones. La organización reclama el fin de los embargos y sanciones estadounidenses contra países como Cuba, Venezuela e Irán, mientras sus propios estatutos defienden la planificación económica y el control colectivo de los recursos y la producción. Aunque los DSA reivindican una vía democrática hacia el socialismo, semejantes propuestas merecen confrontarse con la experiencia histórica de las sociedades donde la concentración del poder económico y político terminó anulando la autonomía del ciudadano. La tragedia cubana demuestra que, una vez desaparecidos los contrapesos institucionales, las promesas de justicia y emancipación pueden convertirse en instrumentos de una subordinación que se prolonga durante generaciones.
La historia reciente demuestra hasta dónde puede llegar el islamismo político cuando consigue someter la vida civil a sus mandatos religiosos. En Irán, la revolución de 1979, encabezada por el ayatolá Jomeini, instauró una teocracia que comenzó a arrebatar derechos a las mujeres. Miles de iraníes salieron a protestar en marzo de aquel año contra las primeras imposiciones del velo. Cuatro años después, el Código Penal castigaba su incumplimiento con hasta 74 latigazos. En Afganistán, tras el regreso de los talibanes al poder en 2021, las niñas fueron excluidas de la enseñanza secundaria y las mujeres de las universidades. En agosto de 2026, UNICEF informó que más de 2,6 millones de niñas habían quedado privadas de educación secundaria desde el retorno talibán. Son hechos documentados, no conjeturas sobre un futuro remoto. Dos países, distintas trayectorias y una misma pretensión de controlar la vida de las mujeres mediante la imposición religiosa, privándolas de libertades elementales bajo la amenaza del castigo.
Estos males desbordan las fronteras estadounidenses. A ellos se suman la complacencia con el antisemitismo en territorio estadounidense y las concesiones a regímenes y movimientos islamistas que subordinan la ley civil a mandatos religiosos. Bajo esos mandatos, mujeres y niñas son humilladas, arrastradas por el suelo y violadas, obligadas a cubrirse el rostro por la fuerza y, en algunos casos, ejecutadas a pedradas, con la misma crueldad e intención de escarmiento con que se castiga con la muerte la apostasía y se ahorca a disidentes en lugares públicos. Ceder ante esas imposiciones es abandonar a sus víctimas y permitir que la coacción islamista decida quién puede ser libre. Acostumbrarse a estas prácticas es, de algún modo, empezar a vivir bajo sus reglas. Y eso es lo que pretende, de manera progresiva, la alianza socialista-islamista que hoy dicta leyes en el Congreso y gobierna ciudades sin que una buena parte de los estadounidenses, inmersos en sus problemas cotidianos y presos de los algoritmos, avizore la gravedad de todo lo que está en juego.
En las elecciones de noviembre en Estados Unidos, defendernos de esas imposiciones y preservar nuestras libertades exige votar con plena conciencia, no por pasión, lealtad partidista ni mucho menos por animadversión hacia Trump, cuya continuidad en la presidencia no está en juego. Y, pese a los errores que se le puedan achacar a la actual administración, votar republicano —sea por convicción o por voto útil— es la única opción con sentido común frente al avance de esos proyectos. Conceder más poder a quienes erosionan las libertades sería seguir avanzando hacia el abismo. No perdamos de vista que el votante suicida empieza por creer que siempre conservará la libertad de corregir su error. Y esa confianza es un grave peligro. Un error garrafal. Quien todavía lo dude puede mirarse en el espejo de Francia —uno de los ejemplos recientes del descalabro europeo— y preguntarse cuánto de lo que allí condena estaría dispuesto a sufrir en su propio país por su rechazo a un presidente que, insisto, no volverá a presentarse a las elecciones, o por lealtad a un partido con evidentes contubernios con la izquierda radical. Apelemos al sentido común de este gran país.
Porque jamás, ni siquiera cuando nos dejemos llevar por el espejismo de una interminable bacanal democrática, entre copas en alto, cuerpos entregados al baile y aguas tibias que invitan a abandonarse, debemos olvidar que la libertad, al menos como la hemos conocido en Occidente, no se conserva por inercia. Hay que rechazar la violencia política, proteger a sus víctimas y exigir responsabilidades a quienes gobiernan. Las urnas pueden seguir abriéndose mientras los ciudadanos aprenden a callar por miedo y las autoridades permiten que la fuerza decida quién puede ejercer sus derechos. Esa es la trampa en la que cae la democracia sonámbula: sus ciudadanos siguen proclamando su amor por la libertad mientras olvidan lo que exige conservarla. Y entonces la música y los reflectores se apagan, abrimos los ojos y buscamos dónde apoyar los pies, pero bajo el agua turbia no hay suelo firme. El gran balneario en el que creíamos celebrar la libertad era un pantano hirviendo.
