Dictadura es “el régimen que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona o grupo que reprime los derechos humanos y las libertades individuales”, domina todos los poderes del Estado, incluyendo la justicia a la que convierte en instrumento de terror. Los jueces en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son subordinados del régimen encargados de sistematizar la violación de derechos humanos para garantizar que el dictador detente indefinidamente el poder con impunidad; no son imparciales ni independientes, son verdugos obsecuentes.
La metodología del socialismo del siglo 21 para detentar indefinidamente el poder puede resumirse en el concepto de “terrorismo de Estado” que es “la utilización de métodos ilegítimos, comisión de crímenes por parte de un gobierno, con el propósito de producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían de otra forma”.
Las dictaduras castrochavistas encarcelan, torturan, asesinan, exilian, extorsionan y cometen todo tipo de crímenes que son ejecutados y/o encubiertos por sus jueces y fiscales, por su sistema de justicia dictatorial que es un aparato delictivo de violación de los derechos humanos y de la libertad.
En las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua las persecuciones se realizan con fiscales y jueces del régimen con fachada de procesos de investigación o judiciales en los que no existe ninguna garantía de “debido proceso legal”, no hay posibilidad de “juez imparcial”, han eliminado la “presunción de inocencia” y la “igualdad jurídica” es una falacia. Un sistema infame.
Con este mismo mecanismo de “justicia dictatorial” se toma presos políticos y se ejecuta el sistema de “puerta giratoria” que consiste en liberar presos para tomar más y así mantener el “capital siniestro” de los injustamente privados de libertad como moneda de extorsión y cambio.
El exilio es consecuencia de este sistema de crimen organizado. Los más de 1.200 presos políticos en Cuba por las manifestaciones pacíficas del 11 de Julio 2021, los 261 presos políticos en Venezuela, los cerca de 300 presos políticos en Bolivia y los ya casi 100 nuevos presos políticos en Nicaragua son operaciones de los jueces de la dictadura.
La función de los jueces de la dictadura abarca todo el ámbito del Estado, desde lo administrativo, electoral, penal, civil, comercial….constitucional. Nada queda al margen del terror que supone enfrentar en Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua una causa en la que se conoce de antemano el resultado señalado por el régimen, por la prevaricación instruida de sus operadores o por la corrupción instalada como compensación para los jueces como parte de su obsecuencia.
Son memorables y muchos los casos en los que los dictadores Castro y Díaz Canel en Cuba, Chávez y Maduro en Venezuela, Morales y Arce en Bolivia, Ortega y Murillo en Nicaragua, y Correa en Ecuador, anunciaron pública y previamente acusaciones y sentencias contra opositores, empresarios, periodistas, militares y ciudadanos en general, para luego de que sus jueces obedecieron dictando “sentencias infames” proclamaran el “fallo de la justicia”.
Las decisiones de la justicia de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son actos delictivos de la dictadura misma, no son sentencias ni tienen valor de juzgamiento alguno, no poseen ninguna consistencia jurídica, violan los derechos humanos, no respetan ninguna garantía del debido proceso, son piezas de prevaricación probadas. Por lo tanto, SON NULAS DE PLENO DERECHO, que se aplican sólo mientras la dictadura detente el poder.
La doble función de los jueces de la dictadura es “judicializar el terrorismo de Estado” y “mantener en el poder con impunidad al dictador y su grupo”. Esto incluye la simulación electoral, la realización de “elecciones en dictadura, en las que el pueblo vota pero no elige”, para lo que por diversos mecanismos inhabilitan candidatos de oposición, habilitan candidatos funcionales, protegen criminales del régimen, encarcelan dirigentes medios y de base, persiguen actores de campaña y crean “condiciones legales para que el dictador gane”.
Son los jueces del crimen organizado que detenta el poder por medio de delitos que configuran el terrorismo de Estado y para hacerlo cometen más crímenes amparados en la fuerza y publicidad de la dictadura. En verdad no son jueces porque un juez debe “poseer condiciones académicas, valores personales y ser imparcial e independiente” y uno de esos valores personales es la “valentía de enfrentar presiones de personas o grupos de poder que busquen violentar la justicia”. Son verdugos de la dictadura porque son miserables ejecutores de las órdenes del crimen que detenta el poder.
El crimen actual es contra María Corina Machado, inhabilitada por los mecanismos de terrorismo de Estado por decisión del dictador por medio de su Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, cuyo único valor es el de prueba flagrante de delitos por el crimen organizado que tiene la necesidad de detentar indefinidamente el poder para no caer en manos de Jueces de verdad.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado, politólogo, catedrático y ensayista boliviano exiliado en Estados Unidos. Fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Es autor de varios libros sobre las dictaduras del siglo XXI y director del Interamerican Institute for Democracy.
