La realidad y la historia demuestran que cuando los gobiernos democráticos realizan acuerdos con el crimen es éste el que incumple y obtiene ventajas que le permiten seguir vulnerando el orden que se buscaba proteger o reestablecer. El crimen pacta para ganar tiempo, para sacar ventajas, para sobrevivir, no para cumplir y menos para perder el poder, como lo demuestra la dictadura de Venezuela, que rompiendo el denominado “acuerdo de Barbados”, comete más delitos para realizar elecciones en dictadura y detentar el poder indefinidamente.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional o Convención de Palermo define en su artículo 2 “a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá́ un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material; b) Por “delito grave” se entenderá́ la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”.
Estas definiciones describen con exactitud a quienes detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que dirigidos por Castro/Diaz Canel, Maduro/Cabello, Arce/Morales y Ortega/Murillo respectivamente, son “grupos delictivos organizados” de más de tres personas que actúan concertadamente cometiendo delitos graves como falsificaciones, uso de instrumentos falsificados, suplantaciones, usurpación de poder, arrogarse los derechos del pueblo, detenciones indebidas, acusaciones y denuncias falsas, torturas, asesinatos, masacres, persecuciones, prevaricatos, migraciones forzadas, violaciones, trata de personas, desapariciones, narcotráfico, contrabando, corrupción y más.
Los delitos son flagrantes, están probados publica e internacionalmente, certificados por gobiernos y organismos internacionales. Estos grupos delictivos están integrados por los detentadores del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de todo el Estado ocupado.
La situación está agravada porque los grupos delictivos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son el grupo transnacional llamado “socialismo del siglo 21″ que con “simulación de política y narrativa antiimperialista” difunde, sostiene y protege sus actividades delictivas para tener impunidad detentando indefinidamente el poder, habiendo llegado a asumir personería internacional con la representación de los Estados que controlan. La delincuencia organizada trasnacional ha penetrado los Estados, las relaciones y los organismos internacionales atacando y destruyendo la democracia que ha asumido acciones de contención, pero no de defensa.
En este contexto, la dictadura de Venezuela y la Plataforma Unitaria de oposición suscribieron el 17 de octubre de 2023 el denominado “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” conocido como el “Acuerdo de Barbados”, que son dos acuerdos, uno de “garantías electorales y derechos políticos} y el otro de “protección a los intereses vitales de la Nación”.
Participaron Noruega, Barbados, Rusia, Países Bajos, Colombia, México y Estados Unidos, reconociendo “el derecho de cada actor político de seleccionar a su candidato para las elecciones presidenciales, la concreción de garantías electorales y la realización de comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024″. Un día después, Estados Unidos “emitió cuatro licencias generales aliviando por 6 meses sanciones contra la industria de hidrocarburos, gas natural y aurífera” y “removiendo la prohibiciones de mercado secundario” (de capitales) de la dictadura.
El 22 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria de oposición en Venezuela para elegir al “candidato único” y ganó María Corina Machado con el 92,5%. Este contundente resultado produjo una doble derrota, a la dictadura que de inmediato denunció el triunfo como “una violación al Pacto de Barbados” y la oposición funcional que se quedó sin zona de maniobra para seguir siendo cómplice de la dictadura.
Ante la evidencia de encuestas y movilización popular que María Corina Machado derrotará en elecciones a Nicolas Maduro y a cualquier candidato que la dictadura postule, el sistema de crimen organizado opera nuevos delitos perpetrando este 26 de enero prevaricación y falsificaciones por medio de su Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la “inhabilitación para ejercer cargos públicos” de la candidata de oposición. Los jueces del castrochavismo solo reinciden en la comisión de delitos de supresión de libertad, acusaciones falsas, violación de derechos y garantías constitucionales y más, probando -una vez más- la inconsistencia de las democracias al celebrar acuerdos con el crimen organizado.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado, politólogo, catedrático y ensayista boliviano exiliado en Estados Unidos. Fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Es autor de varios libros sobre las dictaduras del siglo XXI y director del Interamerican Institute for Democracy.
