El reciente reposicionamiento de activos navales estadounidenses —incluidos buques de asalto anfibio como el USS Iwo Jima y el USS San Antonio— hacia aguas al norte de Cuba, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la disrupción de los flujos de petróleo venezolano, podría estar señalando un giro estratégico en la política de Washington hacia La Habana. Visto desde la lógica de la diplomacia coercitiva, este movimiento sugiere un cambio de foco: de Venezuela a Cuba, utilizando la interdicción energética como palanca principal, una herramienta clásica para presionar sin escalar de inmediato.
Como sostenía Thomas Schelling, el poder moderno no reside tanto en la conquista directa como en moldear las expectativas del adversario mediante una presión gradual y controlada. La negación selectiva de recursos —en lugar de un bloqueo total, que Schelling advertía puede endurecer la resistencia demasiado pronto— permite infligir dolor de manera calibrada, dejando abiertas salidas para la negociación y la desescalada. Alexander George desarrolló esta idea al subrayar que las estrategias coercitivas solo funcionan cuando el castigo viene acompañado de claridad: el régimen debe entender tanto el costo de resistir como las condiciones bajo las cuales la presión podría aliviarse.
Este enfoque recuerda la fase previa a la “cuarentena” durante la Crisis de los Misiles de 1962, cuando la presencia naval estadounidense y el lenguaje de los hechos demostraron determinación y control de la escalada sin recurrir de inmediato a un estrangulamiento total. Más recientemente, Daniel Drezner ha señalado que las sanciones y las estrategias de negación funcionan mejor cuando explotan vulnerabilidades estructurales ya existentes, en lugar de apostar por el sufrimiento generalizado como detonante de rebelión. En el caso cubano, esas vulnerabilidades son evidentes: dependencia extrema del petróleo importado y una asfixia fiscal crónica.
El colapso del suministro petrolero subsidiado desde Venezuela —que durante años cubrió una parte sustancial de las necesidades energéticas de la isla— ya ha profundizado la crisis. A inicios de enero de 2026, los apagones se intensificaron, con déficits reportados de entre 1.700 y 1.800 megavatios en horas pico. Atacar las pocas líneas de suministro que aún quedan, incluso mediante medidas secundarias contra proveedores alternativos, reduciría aún más el margen de maniobra del régimen sin declarar abiertamente un objetivo de cambio de sistema.
Nada de esto garantiza el éxito. Los regímenes ideológicamente duros, con algún respaldo externo de Rusia o China, han demostrado una notable capacidad para aguantar presiones prolongadas, y Cuba ha sobrevivido más de seis décadas de embargo sin ceder en lo esencial. Pero una presión sostenida y enfocada en la energía sí podría alterar el equilibrio, forzando conversaciones sobre liberalización política, derechos humanos o reducción de la represión. En definitiva, pondría a prueba si un sistema mantenido durante años por padrinos externos puede adaptarse cuando esos apoyos se van cerrando, uno por uno.
