Julio LorenteLos conceptos políticos e ideológicos de la modernidad son hijos de la temporalidad específica que los produjeron. Y a qué modernidad nos referimos, por supuesto a la modernidad política que se articula a partir de la Paz de Westfalia (1648) y que va a modelar las bases del Estado-Nación. A partir de aquí la discusión política comienza un proceso de secularización donde, por resultado, el poder político va a avanzar sobre la religión como institución normativa para hegemonizar sus imaginarios. Ha nacido la religión secular: el Dios Estado.
Esta operatoria se fija mediante la reforma protestante y el calvinismo como ideología estructurante que introduce la omnipotencia de las leyes y la perspectiva jurista del acoplamiento entre fe y organización política: Juan Calvino era jurista. Y esta es la base del contractualismo occidental moderno que desarrollaran posteriormente, con profundas influencias en la modernidad política occidental, Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau y John Locke.
La secularización modela un sujeto que desde el siglo XIII viene, humanismo mediante, ganando autonomía dentro de la cultura cristina que va a terminar en el autocentrismo inmanentista que limita la existencia humana al espacio y al tiempo. El hombre es proyectado como una abstracción política determinada por las estructuras del Estado que ya, para 1789, queda constituido como el marco estructural modélico donde se determina el discurso social.
La civilización occidental en sus tres elementos constitutivos: filosofía griega, civilización romana imperial y jurídica y cristianismo se da bajo la articulación política y desde ahí se instaura como ethos. No se puede hablar de <<pacto social de la cristiandad>> -ese <<pacto>> nunca existió como formalidad cultural sino como articulación institucional desde una estructura política- sin reconocer que para que el cristianismo se expanda como regulación moral tiene que ser asumido por el imperio y normalizado como práctica. Por lo tanto, el pacto sectario y comunal de los primeros cristianos se deshace mediante el contrato vinculante de un aparato de poder estructurado y con capacidad de coacción que lo regula como enunciado y no alcanza a todos, aunque funcione como categoría jurídica: derechos naturales. Entre pacto y contrato la diferencia es nominal, no estructural, en tanto ambos son solamente posible extensivamente, como advierte Ferdinand Tönnies, dentro de una sociedad política y por lo tanto admitida o legitimada por esta.
Pacto social digital para un castrismo real
El abogado cubano, radicado en Puerto Rico, Faisel Iglesias ha propuesto una iniciativa digital respaldada por intelectuales cubanos para intentar una transición democrática en Cuba. La misma propone utilizar la ‘’revolución digital que empodera al ciudadano’’ para concretar una <<Constituyente Ciudadana Digital>> que permita un ‘’proyecto constituyente verificable, seguro y fuera del control del aparato estatal actual’’; un pacto social refrendando mediante una recogida de firmas digitales. A esto, el abogado le suma nociones modélicas que van desde un <<pacto social entre los valores de Agramonte y Martí>> y un arquetípico ciudadano soberano, sujeto de derecho pleno. El mandato ciudadano resultante de este pacto social, aceptado por la comunidad internacional, supuestamente interpelaría al castrismo haciéndole perder legalidad.
En principio esta propuesta reproduce la abstracciones políticas de la Modernidad y la Ilustración. Desde el civitas romano hasta la Revolución francesa la categoría de ciudadano ha sido una construcción política regulada por el esquema de poder y su determinaciones prescriptivas mediante el estatus, clase, relaciones de propiedad o, finalmente, como una categoría ideológica para en nombre del Estado-Nación anular el disenso político; fueran los jacobinos contra los contrarrevolucionarios de La Vendée o el la Unión del Norte contra los Confederados del Sur, la ciudanía la detentaba o la reconocía quien lograba imponer el monopolio de la fuerza. El ciudadano nunca ha sido el sujeto soberano del derecho en tanto su determinación ha sido política, por lo tanto extrínsecamente determinada. La modernidad política, mediante sus formulaciones jurídicas, fijó cánones concebidos para definir seres inventados y simplificados por la legitimación política: entelequias ideológicas.
La propuesta del señor Faisel Iglesias objetiva el problema del castrismo desde una determinación jurídica que puede ser interpelada mediante una fiscalización ciudadana -digital- legitimada por la comunidad internacional, pero es aquí donde la propuesta evidencia sus contradicciones más insostenibles pues el castrismo es un monopolio político que se sostiene por la intransigencia política, y el mismo transforma moralidad revolucionaria como el único atributo jurídico reconocible por su propia estructura. Es entonces donde se entablan una serie de abstracciones políticas que encuentra sus aspiraciones en el lenguaje prescriptivo que, por imposibilidad institucional de interpelar al poder real -castrismo-, hecha mano de construcciones modélicas que van desde el liberalismo lockeano con sus formulaciones prepolíticas del derecho natural hasta un republicanismo igual de arquetípico que nos recuerda a Cicerón, Montesquieu y que el abogado cubano ilustra mediante una contradicción, en apariencia legible y pulcra, entre el Pacto Social Revolución estadounidense y Contrato Social Revolución francesa. Pero esto reproduce la antropología liberal, errónea en este sentido, que define una supuesta ‘’soberanía del individuo’’; metafísica totalizante heredada del Antiguo Régimen ya que el individuo nunca ha sido soberano por sí mismo al margen de la comunidad política. Además, pacto y contrato no son dicotomías estructurantes enfrentadas pues ambas son alineadas por una estructura política, el Estado, y por lo tanto fijadas como contrato vinculante.
Un sistema totalitario como el castrista ha cancelado cualquier posibilidad estructural de cuestionar su monopolio político. El castrismo diluyó dentro de sí toda la gestión ciudadana con margen de recursividad jurídica o fáctica, y en esto ha sido perversamente implacable y efectivo. De ahí que la oposición cubana, históricamente, haya sido tan poco efectiva a la hora de provocar un interrupción institucional del sistema, siendo el propio sistema el que provoca sus propias crisis por su parasitismo económico y su deficiencia material que se sostiene en la intransigencia antes anotada. Ante este escenario por supuesto que hay que construir alianzas, concertar criterios y prefigurar instituciones pero desde el realismo político y desde la capacidad operacional de las propuestas, pero cuando el lenguaje político le habla a una comunidad inventada -<<nación cubana>> con presencia digital- mediante un pacto moral, estamos asistiendo a la hipostatización o reificación de la comunidad política, estableciéndola como un sujeto de derecho para lo que es en realidad una grandilocuencia narrativa y, al mismo tiempo, una reducción estructural.
La sociedad cubana ha sido cancelada políticamente por 67 años, al mismo tiempo ha sufrido un empobrecimiento rotundo y cruel que la ha dejado en un estado de indigencia absoluto. Una sociedad expuesta a esta debacle y con un cansancio estructural y una nulidad política tal no está preparada ni animada para extensos debates sobre modelos políticos participativos ni análisis colectivos de esquemas de poder, y es aquí donde estas alianzas discursivas siguen operando como intérpretes morales y vanguardias intelectuales que terminan fijando categorías políticas puramente representacionales.
Los cubanos somos occidentales y por lo tanto tenemos la misma pertenencia política y cultural, con sus posibilidades e inconsistencias. A esto se le suma una historia republicana con cierta funcionalidad y una experiencia comercial estable en términos generales. Podríamos agregar a esta ecuación un exilio con una capacidad de inversión extraordinaria, característica que no ha tenido exilio alguno de ningún régimen comunista anterior, precisamente por la historia vinculante de Cuba con Estados Unidos. Si a esto se le suma la verticalidad incuestionable del castrismo y su falta de fisuras institucionales internas, pues en un escenario de colapso o intervención militar profiláctica, tendríamos los elementos precisos para iniciar un proceso de transición con decretos mínimos y efectivos. No se hace necesario un proceso interminable de consulta y discusión política redundante que consume tiempo y permite la organización de lobbies demagógicos que luchan para capitalizar el discurso. El liberalismo político hace más de doscientos años simplificó efectivamente el marco jurídico basal para una sociedad en principio funcional: igualdad ante la ley y libertad política efectiva.
El escenario de intervención militar puntual de Estados Unidos en Cuba no se presenta como solución, aunque esta sea el único camino que va dejando la intransigencia castrista, sino que es la opción más realista para remover la cúspide de la élite que controla la estructura y en este sentido no es caos, es presión estructural con capacidad de cambio efectivo. Por los tanto la proyección de pánico resultante y estado de caos después de una caída del castrismo sin un orden previo formulado es más proyección que posibilidad, pues creer que la concertación conceptual de un pacto ciudadano -virtual para mas ironía <<Constituyente Ciudadana Digital>>- se traduce en marco operativo funcional puede resultar en una falacia de autoridad, pues una estructura de poder si pugnas internas, como el castrismo, permite establecer principios jurídicos y políticos de rápida aplicación institucional una vez intervenido por la fuerza, y de ahí un proceso gradual de desmontaje.
No hay contradicción irresoluble en examinar la tradición política e ideológica de occidente admitiendo sus aciertos, desaciertos y sus agotamientos epistemológicos pues estas no son dogmas incuestionables, son resultado de la acción humana y la evolución institucional. Por lo tanto, si se puede utilizar la división de poderes ilustrada advirtiendo de sus internos desbalances; si se puede acudir a recursos republicanos o democráticos cuidándonos de sus excesos retóricos, pues sería todo lo contrario, un ejercicio fundamental de crítica constructiva que no es monopolio de intérpretes ni de intelectuales.
Desde la epistemología de la complejidad podemos advertir que las sociedades humanas son sistemas con límites difusos, compuesto por elementos heterogéneos caracterizados por dinámicas no lineales. En un sistema complejo la causalidad no fluye del estado a la masa, tampoco desde la deliberación abstracta y arquetípica, sino desde la posibilidad de encajar en un sistema publico, legal y estable la emergencia de las contradicciones estructurales.
Pero las cuestiones políticas cubanas se siguen pactando desde esa generalidad aspiracional de signo martiano -Martí influido hasta el tuétano por Rousseau y Emerson-, una direccionalidad política legible sobre una historia también direccionada, una quimera gnoseológica que sigue desconociendo que la Historia no tiene destino es un sistema abierto, un agregado colosal de millones de acciones humanas en condiciones de conflicto permanente que no pueden ser reducidos -y aquí el error persistente de la Ilustración que llega hasta nuestros días- a una representación política ni a un pacto de intenciones sin comunidad política, articulación ciudadana real y territorio real, no virtual, de concreción histórica.
La deliberación abierta es necesaria, también la resiliencia social y la concertación de intereses y propuestas que planteen principios institucionales posibles pero sin realismo político, sin objetividad estructural y sin capacidad de articular acciones efectivas que provoquen interrupciones institucionales reales en el régimen que se pretende interpelar, aun desde la proyección conceptual transitiva, pues la capacidad operacional no es más que la imposición de esquemas subjetivos de ideas sobre la realidad, aunque estos sean pronósticos futuros.
Hay múltiples enfoques interesante para sociedades funcionales y equilibradas como el liberalismo igualitario y su teoría de la justicia de John Rawls, los enfoques de gobernanza multinivel de Gary T. Marx, etcétera, pero estas propuestas se dan sobre sociedades con estructuras funcionales que incluso pueden admitir la deliberación continua, pero Cuba esta pulverizada como país e inexistente como nación y en este escenario se requiere, ante todo, pragmatismo útil porque de discursos y palabras está empedrado el camino al infierno.
