En los años 90, producto del programa de capitalización de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia se consolidó como un punto estratégico en el mercado energético internacional. Penosamente, en esa misma época, la sombra negra del Socialismo del Siglo XXI comenzó sus operaciones desestabilizadoras en el país.
Los piratas del asfalto dirigidos por Evo Morales, Oscar Olivera, Roberto de la Cruz y Felipe Quispe, pero apoyados por Cuba y Venezuela, ensangrentaron Bolivia con la Guerra del agua, febrero y abril del 2000, la Guerra de la coca, enero del 2002 y, finalmente, con la Guerra del gas, octubre 2003, que significó el derrocamiento de Sánchez de Lozada.
Una vez consolidado el golpe de Estado, Carlos Mesa, quien fue presidente producto de su deslealtad a Sánchez de Lozada y sus acuerdos oscuros con los golpistas, empezó el proceso de desinstitucionalización del país. Primero, otorgando amnistías a todos los milicianos y pandilleros que habían participado en el derrocamiento, y segundo, habilitando una Asamblea Constituyente a favor de Evo y sus socios cubanos y venezolanos.
Evo resultó ganador de las elecciones del 2005, pero eso no fue un triunfo del movimiento indígena, como pretende hacer creer, sino la anexión de Bolivia al club de las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI. Perdimos la patria, perdimos la esperanza, perdimos la libertad.
Inmediatamente, Evo aplicó la receta del Foro de Sao Paulo: 1) desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, 2) centralización de la economía en manos del gobierno central y 3) modificación de la Constitución.
La industria del gas fue la primera que cayó en las garras del régimen. Los recursos que ingresaron al país por la venta de gas a mercados de Brasil y Argentina, bordearon los 47142 millones de dólares y no se realizaron inversiones por parte del gobierno de Evo Morales; se perdió una década de oro por el boom de los precios altos de las materias primas; sin embargo, Luis Arce Catacora, no se quedó atrás, siguió la obra de su antecesor y no hizo significativos descubrimientos, por ende, cayeron los ingresos del gas.
Pero no conformes con eso, a partir del 2014, asaltaron sin ninguna piedad los recursos de los bolivianos en el sistema financiero, 15000 millones de dólares; metieron mano a las jubilaciones de los trabajadores en las AFPS, 10000 millones de dólares, y dilapidaron las Reservas Internacionales, 15000 millones de dólares. Esas son las causas para que en este momento Bolivia se encuentre en una crisis por la falta de divisas y combustibles.
Pero la cosa no acabó ahí, en el año 2000, la deuda externa ascendía a 4460 millones de dólares y el PIB era de 8411 millones. Para 2005 la deuda se había elevado a 4941 millones, mientras el PIB se ubicaba en 9573 millones de dólares. El ascenso desmesurado se dio a partir de 2017, cuando la deuda con organismos multilaterales y bilaterales rozó los 10000 millones de dólares. De acuerdo las cifras del Banco Central de Bolivia, la deuda externa de mediano y largo plazo alcanzó los 13805 millones de dólares a junio de 2025. Dentro de los préstamos, los acreedores multilaterales son los más importantes, con el BID, CAF y Banco Mundial a la cabeza, mientras que China se destaca entre los bilaterales.
¿Cuáles fueron las consecuencias de todo ese derroche?
Los datos recientes de la firma Bloomberg indican que Bolivia presenta uno de los índices de riesgo más elevados de la región, con 1801 puntos, solo superado por Venezuela, que encabeza la lista con 2700 puntos. Al respecto, Juan Pablo Spinetto, experto en inversiones de Bloomberg, afirma: «La economía boliviana se encuentra al borde de una crisis sin precedentes, con riesgos inminentes de devaluación y default de su deuda externa».
En conclusión, lo que debería ser un motivo de festejo, cumplir doscientos años lo amerita, es, en realidad, un infortunio, pues los bolivianos nos encontramos atrapados por una banda delictiva; sufriendo una crisis económica, y con una población que ve su futuro desvanecerse.
