El reciente Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba, publicado en septiembre de 2026, plantea fundamentalmente que la crisis cubana no puede resolverse únicamente mediante reformas económicas y propone una transición política inmediata y negociada hacia un sistema más democrático y pluralista. Hasta ahí, el documento coincide con lo que numerosos analistas, desde perspectivas diversas, han venido señalando desde hace años.
Según el grupo de Harvard, una salida pacífica exigiría la participación conjunta del régimen, al que los autores prefieren denominar “gobierno”; de la oposición; de una sociedad civil cuya composición no definen con precisión; del exilio, al que sistemáticamente llaman “diáspora”; y de diversos actores internacionales.
El Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba estuvo integrado por catorce académicos, economistas, activistas e investigadores que participaron a título individual. Entre ellos figuran Tania Bruguera, Alejandro de la Fuente, Jeffrey DeLaurentis, Rafael Rojas, Ana Covarrubias, Roberta Lajous, Omar Everleny Pérez Villanueva, Mayra Espina, Juan Carlos Albizu-Campos, Michael Bustamante, Víctor Deupi, Paloma Duong, Julio Antonio Fernández Estrada y Manuel Cuesta Morúa.
Llama la atención la relativa homogeneidad ideológica de los integrantes y, sobre todo, la ausencia de voces identificadas con sectores claramente opositores al régimen. Es una observación pertinente porque dificulta percibir, en la composición misma del grupo, la pluralidad que se invoca como principio rector de la transición propuesta. Si el objetivo es promover un diálogo entre todos los actores nacionales, resulta legítimo preguntarse por qué determinadas corrientes del pensamiento opositor no estuvieron representadas. Debe reconocerse, sin embargo, que tuvieron la decencia de impedir que participaran figuras asociadas de manera directa a los círculos más estrechos del poder económico y político del régimen, como López-Callejas/Levy.
Los participantes no hablan en nombre oficial de Harvard ni de las instituciones a las que pertenecen. Sin embargo, ello no excluye que sus análisis reflejen las tradiciones intelectuales, preferencias ideológicas y marcos conceptuales adquiridos en los entornos académicos y profesionales en los que se formaron. Puede sostenerse que el grupo presenta una considerable afinidad en torno a propuestas de algunas formas de socialismo, lo que inevitablemente influye en sus conclusiones.
1. Amnistía para los presos políticos
El informe propone una amnistía general para los presos políticos como medida de gran valor simbólico y práctico para iniciar una transición pacífica. Sin embargo, la propuesta pasa por alto una cuestión esencial: gran parte de esos presos fueron condenados sin acceso a un debido proceso judicial compatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Más que una simple amnistía, cabría plantearse la necesidad de reconocer y reparar violaciones fundamentales de derechos.
2. Restablecimiento de libertades civiles
El estudio propone la descriminalización de formas de protesta y expresión política, la derogación de los decretos leyes 349, 370 y 35, así como la eliminación de la práctica de los llamados “regulados”. No obstante, estas medidas resultan insuficientes en ausencia de un sistema judicial independiente. El problema de fondo no radica exclusivamente en determinadas normas, sino en la inexistencia de un verdadero Estado de derecho capaz de garantizar su cumplimiento imparcial.
3. Participación de las actuales autoridades en la transición
Este es probablemente el aspecto más controvertido del informe. La propuesta parece partir del supuesto de que las actuales autoridades estarían dispuestas a facilitar una transformación que podría poner en riesgo sus posiciones de poder, su influencia económica y, eventualmente, su propia situación jurídica. La experiencia histórica sugiere que este tipo de transición depende de incentivos y garantías complejos que el documento no desarrolla suficientemente. Sin duda, durante las primeras etapas de cualquier transición deberán participar numerosos funcionarios civiles y técnicos vinculados a las instituciones existentes para evitar el colapso administrativo o la ingobernabilidad. Sin embargo, una cosa es contar con ellos para asegurar la continuidad de servicios esenciales y otra muy distinta atribuirles la dirección política del proceso.
En este punto conviene recordar las diferencias observadas en Europa del Este. Las experiencias de Polonia y Hungría muestran que las transiciones negociadas pueden generar estabilidad, pero también que antiguos cuadros comunistas pueden conservar durante décadas importantes cuotas de poder económico y político, limitando la renovación institucional y la justicia histórica. En muchos casos lograron reciclarse políticamente, preservar redes de influencia e incluso beneficiarse de procesos de privatización. Por contraste, en Checoslovaquia y, posteriormente, en la República Checa, la ruptura con el aparato comunista fue considerablemente más profunda. La exclusión de numerosos funcionarios del antiguo régimen de las principales estructuras del nuevo Estado permitió una renovación institucional más rápida y una mayor legitimidad democrática. Aunque toda comparación histórica tiene limitaciones, los resultados obtenidos por la República Checa en términos de prosperidad económica, fortalecimiento institucional y consolidación democrática fueron, en muchos aspectos, superiores a los observados en países donde las antiguas élites conservaron una influencia significativa.
4. Gobierno de transición legítimo
El informe plantea la necesidad de un gobierno de transición percibido como legítimo.
La cuestión es cómo alcanzar esa legitimidad si quienes ejercieron el poder durante décadas continúan controlando los principales resortes políticos, económicos y de seguridad. Resulta igualmente llamativo que, mientras se invoca el pluralismo como objetivo, el propio estudio no incorpore representantes de sectores opositores más amplios.
5. Nueva Asamblea Constituyente
El documento propone convocar una nueva Asamblea Constituyente.
Sin embargo, pasa por alto que una parte importante de la oposición cubana ha defendido durante años la restauración provisional de la Constitución de 1940 como marco jurídico inicial para reconstruir el Estado de derecho. Posteriormente, esa Constitución podría ser reformada o sustituida mediante procedimientos democráticos. Esa alternativa apenas recibe consideración en el informe.
6. Economía social de mercado
Los autores defienden una “economía social de mercado”, pero el concepto aparece insuficientemente desarrollado. No queda claro qué equilibrio proponen entre libertad económica, intervención estatal y protección social. Asimismo, aunque reconocen la propiedad privada como una de las formas legítimas de propiedad, el documento no examina con suficiente profundidad el papel central que esta desempeña en la construcción de una sociedad libre ni aborda las reclamaciones de los propietarios cuyos bienes fueron confiscados o abandonados de manera forzada.
7. Respuesta de Estados Unidos
El informe considera que Washington debería responder positivamente al proceso mediante la reducción de determinadas sanciones y el apoyo a la estabilización económica. Para muchos críticos, este planteamiento concede un peso excesivo a los factores externos y presta relativamente poca atención a la responsabilidad interna acumulada durante décadas. El debate esencial sigue siendo si el origen principal de la crisis se encuentra en las sanciones o en las características estructurales del sistema político y económico cubano.
8. Integración internacional
Entre las propuestas económicas figura la reincorporación de Cuba a organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el BID. Sin embargo, el informe apenas aborda el problema de la credibilidad institucional. Cualquier proceso de reinserción internacional requerirá responder a la historia de incumplimientos financieros, expropiaciones y compromisos contractuales no respetados que han marcado la relación entre el régimen cubano y numerosos acreedores e inversionistas.
9. Papel de la diáspora
El estudio sostiene que la diáspora cubana debe desempeñar un papel más amplio que el envío de remesas, contribuyendo a la reconstrucción institucional, económica y social del país. No obstante, muchos exiliados argumentan que durante décadas ya han asumido una carga económica considerable sosteniendo a sus familiares y comunidades dentro de la isla. Desde esa perspectiva, resulta razonable preguntarse qué garantías existirían para que una nueva participación económica contribuya efectivamente a la reconstrucción nacional y no termine reforzando estructuras de poder previamente existentes.
10. Diagnóstico económico y demográfico
El informe documenta correctamente la profunda contracción económica, la caída de la producción agrícola e industrial, el deterioro demográfico y la creciente dependencia alimentaria. Sin embargo, evita formular una conclusión que muchos consideran inevitable: que dicha crisis constituye el resultado del fracaso acumulado del modelo político y económico instaurado durante décadas. El diagnóstico es contundente; la atribución de responsabilidades, en cambio, aparece notablemente más prudente. En síntesis, el informe propone una transición pacífica, gradual y negociada hacia una democracia pluralista y una economía social de mercado, con participación de las actuales autoridades, la oposición, la sociedad civil, el exilio y actores internacionales.
La cuestión de fondo es si ese modelo está concebido para desmontar las estructuras de poder que produjeron la crisis o para facilitar una transformación en la que una parte significativa de la élite gobernante conserve su posición e influencia bajo nuevas formas institucionales. Esa es, probablemente, la pregunta más importante que el informe deja abierta. Y también la principal razón por la que sus propuestas suscitarán un intenso debate entre los cubanos, dentro y fuera de la isla. En otras palabras: ni fu ni fa. ¿A usted no le parece? A mí sí.
