Luis Leonel León
Este 3 de noviembre se pone a prueba, una vez más, la inteligencia política de los electores de Florida. Se puede votar por la apariencia física de un candidato, su edad, sexo, origen étnico, religión, profesión, fortuna, fama o apellido. También por el partido al que pertenece, porque se parece a nosotros, por simpatía, tradición familiar, gratitud, entusiasmo, miedo, resentimiento o rechazo a su adversario. Se puede votar con el corazón, con el bolsillo y hasta con las vísceras. Pero votar inteligentemente exige algo más que emociones, intereses y lealtades.
Votar con inteligencia —y no artificial, menos aún en estos tiempos— significa conocer a quien solicita nuestro voto, contrastar sus promesas con sus antecedentes, calcular el costo de sus propuestas y comprender las consecuencias de entregarle poder. Porque la inteligencia política no consiste en descubrir quién promete más, sino en discernir qué hará después, con la autoridad que le dimos, quien lanzó esas promesas. Una república puede sobrevivir a gobiernos mediocres, leyes equivocadas y administraciones ineficientes, pero mucho más difícil resulta sobrevivir a la desaparición de los mecanismos que permiten corregir esos errores. Los padres fundadores, sabios y patriotas, comprendieron que la libertad no podía depender de la virtud de los gobernantes. Por eso diseñaron instituciones capaces de contener sus ambiciones.
Y es precisamente eso lo que debemos tener presente al mirar a quienes se disputan el escaño de Florida en el Senado. Ashley Moody, republicana designada en enero de 2025 para ocupar el escaño que dejó Marco Rubio, desarrolló su trayectoria en las instituciones jurídicas del estado. Nacida en Plant City, en una familia floridana de quinta generación, obtuvo títulos en Contabilidad y Derecho en la Universidad de Florida, además de una maestría en Derecho Internacional en Stetson University. Con apenas 31 años se convirtió en la jueza más joven de Florida y ganó dos elecciones para fiscal general del estado.
Su expediente contiene resultados concretos. Impulsó actuaciones contra el narcotráfico, la trata de personas y el fraude. Su oficina consiguió acuerdos judiciales por más de 3.000 millones de dólares relacionados con la crisis de los opioides, destinados a programas de prevención, tratamiento y recuperación. En Washington promovió la RIPPLE Act y la Stop GAPS Act, incorporadas a la legislación federal durante su primer año, para fortalecer la cooperación migratoria y los mecanismos de protección de menores no acompañados. Su agenda incluye asuntos de interés directo para las familias floridanas. La HELPER Act, presentada junto con legisladores demócratas, busca facilitar el acceso a hipotecas a policías, bomberos, personal de emergencias y docentes. Otras iniciativas procuran proteger las costas del estado y evitar que los consumidores de electricidad asuman determinados costos de infraestructura asociados con la expansión de los grandes centros de datos.
Moody pertenece a una corriente del conservadurismo que defiende la seguridad pública, la reducción de impuestos, la libertad religiosa, la iniciativa privada y el control de la inmigración ilegal. Es cercana a las comunidades de emigrantes hispanos del sur de Florida y en su entorno hay varios cubanos. Respalda la legislación tributaria de 2025. Su trayectoria en la Fiscalía General y el Senado permite examinar algo que no siempre abunda en las campañas electorales: decisiones tomadas desde responsabilidades públicas y no solamente promesas formuladas desde una tribuna. Sin duda, una carrera exitosa, limpia y envidiable para sus contrincantes y los enemigos de la libertad que defiende.
Su adversaria demócrata, Angie Nixon, propone medidas que han provocado rotundos fracasos en no pocas sociedades: mayores impuestos, incluidos los que gravan las grandes fortunas y sirven de cortina de humo, congelación nacional de alquileres, Medicare for All, cuidado infantil universal y eliminación de ICE. Medidas que, más allá de las promesas para conquistar votos, les han servido la mesa a dictaduras del siglo XXI. Pero su engatusador programa económico es apenas una parte de la controversia. Nixon pertenece a Democratic Socialists of America (DSA), organización procomunista que propone demoler el capitalismo, establecer la propiedad pública, transformar radicalmente las instituciones, abolir el Senado y sustituir la Presidencia y la Corte Suprema por órganos elegidos por el Congreso y subordinados a este. Es decir, echar por tierra la independencia de poderes para establecer un poder único donde, supuestamente, gobernaría el pueblo. ¿De verdad que no escuchaste esto antes?
A los miembros de la DSA no les importa contradecirse con tal de destruir las instituciones que detienen el totalitarismo. ¿No es sospechoso —y absurdo— que Nixon aspire a integrar el Senado que su organización propone eliminar? ¿Te has preguntado para qué quiere hacerlo? Ella sabe que la separación de poderes, la independencia judicial y la propiedad privada no son obstáculos caprichosos, sino garantías frente a la concentración de autoridad que ha caracterizado a las dictaduras. ¿Quiere hacer lo mismo por ingenua o por pura casualidad? El grave problema no es solamente el poder económico que acumularían los miembros del Estado, sino que las instituciones cívicas perderían la capacidad de impedir arbitrariedades y abusos. Los socialistas no son los tontos, sino quienes, como corderos o adolescentes molestos con el mundo entero, les regalan sus votos.
La relación de la DSA con el castrismo revela otra penosa contradicción. El 13 de agosto de 2026, durante el centenario de Fidel Castro, la organización homenajeó al dictador como símbolo de la lucha anticapitalista. También acusó a Marco Rubio de genocidio contra el pueblo cubano y exigió procesarlo por crímenes contra la humanidad. Los asesinatos de Raúl Castro no les parecen condenables. Cuando el periodista Cristian Benavides, de CBS News, preguntó a Nixon si Cuba era una dictadura, ella respondió: “Eso es lo que me han dicho. Nunca he estado en Cuba, así que tendré que creerles”. Los socialistas dirán lo que sea con tal de que voten por ellos. Luego, una vez en el poder, echan mano de la demagogia y la autocracia. La DSA se equivoca en pensar que la mayoría de los votantes somos idiotas. Claro que no hace falta visitar Cuba ni Corea del Norte para conocer la naturaleza del comunismo.
En Florida, el comunismo no es una abstracción universitaria ni una experiencia política sin consecuencias. Es la historia de familias despojadas de sus propiedades, de cárceles, fusilamientos, persecución religiosa, censura, separación familiar y exilio. Es también parte de una tragedia mucho mayor que, durante el siglo XX, dejó millones de víctimas bajo distintos regímenes comunistas. Por eso, examinar las propuestas de socialización económica, concentración del poder y transformación constitucional de la DSA no constituye una disputa superficial sobre palabras. Mientras Nixon defiende una mayor apertura económica y diplomática hacia La Habana, Moody ha respaldado sanciones contra el régimen cubano y resoluciones de condena a su represión. Nixon te quiere embaucar. Moody defiende nuestras libertades.
Estas elecciones reúnen a otros republicanos cuyas trayectorias y propuestas merecen atención. Byron Donalds y Bryan Ávila aspiran a la Gobernación y Vicegobernación de Florida, James Uthmeier a la Fiscalía General, Blaise Ingoglia a la Dirección Financiera y Wilton Simpson a la Comisión de Agricultura. En los distritos congresionales que comprenden Miami-Dade concurren Te Mayonna Brown, Scott Singer, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez. Al Senado estatal se presentan Elizabeth Jeanty, Ileana García, Alexis Calatayud y Ana María Rodríguez. Para la Cámara de Representantes de Florida compiten Fabián Basabe, Wancito Francius, Bruno Barreiro, Omar Blanco, Ashley Pérez-Biliskov, Miguel Granda, Mike Redondo y Juan Carlos Porras. Otros 5 republicanos, Tom Fabricio, David Borrero, Alex Rizo, Demi Busatta y Jim Mooney, ya quedaron reelegidos sin oposición. A ellos se suma Vicki López, quien disputa la Comisión de Miami-Dade por el distrito 5 en una elección no partidista. Son responsabilidades que van desde la administración estatal hasta la elaboración de leyes federales, y sus consecuencias no desaparecen por las simpatías o antipatías que despierte Trump, ni por los desacuerdos con algunas de sus políticas, incluidas las migratorias. No dejes que te engañen ni que el disgusto o la propaganda nublen tu juicio.
El presidente James Madison, uno de los principales artífices de nuestra Constitución y cofundador del Partido Demócrata-Republicano, comprendió que una república necesita mecanismos capaces de contener la autoridad, incluso cuando esta asegura actuar en beneficio del pueblo. Esa desconfianza hacia el poder sin límites no es una debilidad del sistema, sino una de sus mayores virtudes. Desde la tradición republicana constitucional, la propiedad privada, la libertad económica, la independencia judicial y la división de poderes no son concesiones del gobernante. Son garantías para que el ciudadano no termine dependiendo de su voluntad. Y ahí reside una de las cuestiones esenciales de esta elección. Las trayectorias de los candidatos, sus propuestas y las organizaciones con las que se identifican permiten conocer diferentes concepciones del Estado, de la economía y de la libertad. Examinar esas diferencias demanda algo más que adhesión partidaria o rechazo personal: exige comprender qué instituciones se fortalecen, cuáles se debilitan y qué consecuencias podrían tener sus decisiones.
No olvidemos que la pregunta fundamental de una democracia no es solamente quién gobierna, sino también cuánto poder puede acumular, quién puede impedir que abuse de él y qué libertades conservará el ciudadano cuando las promesas de campaña se hayan convertido en leyes. Ante esas preguntas clave, da igual de qué partido seas o lo mal que te pueda caer Trump: si eres inteligente, votarás republicano. Lo contrario sería votar contra ti y los tuyos.
