Gramática de un veredicto mediático: cómo un informe sin cargos se convirtió en “desvío”
Luis Leonel Leon
No hace falta publicar una mentira para alterar el significado de una noticia. A veces basta con decidir qué verdad ocupa el titular y cuál queda relegada al sumario o al cuerpo del texto. Eso ocurre en parte de la cobertura del informe filtrado sobre Hope Florida. El documento es severo: dice que el gran jurado concluyó que diez millones de dólares procedentes del acuerdo entre Florida y Centene fueron apropiados indebidamente (misappropriated) y utilizados con fines políticos. Omitirlo falsearía lo que dice el informe, pero también lo haría ignorar cómo termina: “encontramos evidencia insuficiente para acusar penalmente a alguien” (we find insufficient evidence to charge anyone criminally). Y unas líneas después añade: “no podemos probar quién es responsable” (we can’t prove who is responsible). Ningún testigo asumió ni identificó quién tomó la decisión original de enviar los diez millones a Hope Florida, decisión que el propio panel denomina “la apropiación indebida original” (original misappropriation).
El gran jurado sostiene que hubo apropiación indebida y, simultáneamente, reconoce que no reunió evidencia suficiente para acusar penalmente a nadie ni puede probar quién fue responsable. No intentaré aquí resolver esa tensión jurídica —que merece un análisis independiente—, sino examinar cómo trasladaron los medios esas dos partes del informe al público y cuál recibió mayor jerarquía.
Hagamos un poco de historia. La investigación tuvo su origen en las acusaciones formuladas durante la Legislatura de 2025 por Alex Andrade, representante republicano por el Distrito 2 de Florida, quien llegó a alegar la posible comisión de delitos. El asunto fue remitido después a la Office of the State Attorney for the Second Judicial Circuit, encabezada por Jack Campbell, fiscal estatal electo como demócrata. Hasta ahí llegan los datos: Campbell no es el autor personal del documento y no existe información pública fiable sobre la filiación de los integrantes del gran jurado. La investigación legislativa inicial fue impulsada por un republicano, el asunto pasó por una fiscalía encabezada por un demócrata y el presentment fue emitido por el gran jurado.
La palabra presentment no es menor. La Florida Bar distingue un presentment, que puede contener hallazgos y recomendaciones de un gran jurado, de un true bill o indictment, que constituye una acusación penal. La legislación de Florida contempla expresamente presentments referidos a personas sin estar acompañados de una acusación formal. El documento de Hope Florida posee, por tanto, autoridad institucional, pero no es una sentencia ni equivale a una condena.
El caso rebasa a Ron DeSantis y a los 10 millones de dólares. Pone de relieve un problema más profundo del periodismo contemporáneo: la pérdida de la disciplina que debería separar lo ocurrido de lo alegado, lo alegado de lo concluido y lo concluido de lo probado. El lenguaje periodístico dispone de mecanismos muy sencillos para conservar esas distancias: “según”, “afirma”, “alega”, “concluye”, “no pudo comprobarse”, “no se presentaron cargos”. Vale insistir en que no son adornos, sino de elementos clave que le indican al lector, con mayor o menor intención, o desde la inocencia o falta de profundidad: el grado real de certeza de una afirmación.
Podríamos llamarle exageración de certeza al fenómeno que aparece cuando esas señales comienzan a desaparecer: una afirmación gana seguridad en el lenguaje sin que nuevas pruebas justifiquen ese aumento. En términos más sencillos, ocurre cuando se cae el “según”. Primero leemos “según el gran jurado, hubo un desvío”. Después, “el informe encontró el desvío”, y llegamos entonces al “desvío de los diez millones”. Entre la primera frase y la última frase no apareció nueva evidencia, sino una atribución. De ahí que la pérdida de atribución explique el proceso: la fuente se borra mientras su conclusión permanece, hasta que el lector empieza a recibirla como un hecho autónomo. El resultado es, finalmente, una certeza exagerada. Y esa transición aparece en varias coberturas sobre Hope Florida.
CBS News Miami, que obtuvo y publicó una copia del informe, lo muestra con claridad. Tituló: “Grand jury finds DeSantis administration ‘misappropriated’ $10 million in taxpayer money to Hope Florida”. CBS informó desde los primeros párrafos que existía evidencia insuficiente para acusar penalmente a alguien. Más adelante, sin embargo, la pieza comienza a hablar de “the diversion of $10 million of taxpayer money” como una realidad narrativa ya establecida y utiliza además el verbo siphon para describir el supuesto esquema. “El gran jurado sostiene que hubo un desvío” empieza así a convertirse en “el desvío”. La atribución desaparece; la conclusión permanece.
The Guardian utilizó una construcción semejante: “Florida grand jury finds DeSantis administration ‘misappropriated’ funds from Medicaid settlement”, aunque su tratamiento fue más cuidadoso. El sumario informa inmediatamente que el gran jurado declinó acusar a persona alguna y los primeros párrafos reúnen la conclusión de misappropriation con la insuficiencia de evidencia para cargos. No hay ocultamiento; hay jerarquización. El lector que solo recibe el titular obtiene primero la acusación. Quien entra en la pieza encuentra inmediatamente su principal limitación.
NBC 6 South Florida y WUSF siguieron una arquitectura casi idéntica. NBC tituló “Leaked Hope Florida grand jury report says state ‘misappropriated’ funds” y colocó inmediatamente debajo: “The report didn’t find enough to pursue criminal charges against anyone”. WUSF encabezó con “Leaked Hope Florida grand jury report: State ‘misappropriated’ funds”, pero incluyó igualmente en el sumario la inexistencia de evidencia suficiente para cargos. Son coberturas más equilibradas de lo que sugieren sus encabezados leídos de forma aislada.
El periodismo digital añade aquí un factor decisivo: el titular ya no es solo la puerta de entrada al artículo. Circula de manera autónoma en buscadores, redes, agregadores y notificaciones ante lectores que quizá nunca lleguen al texto completo. Para ellos, la aclaración del segundo o tercer párrafo sencillamente no existe: el titular es la noticia.
Associated Press, FOX 35 Orlando y Florida Trident escogieron otra fórmula. AP tituló: “Florida grand jury finds DeSantis administration misused $10 million, but no charges filed”. FOX 35 escribió: “Grand jury finds $10 million in Hope Florida funds ‘misappropriated,’ but no one charged”. Y Florida Trident: “Sealed for seven months: Grand jury found $10 million ‘misappropriated’ to Hope Florida, but no one will be charged”. Los tres mantuvieron intacta la acusación y, al mismo tiempo, hicieron visible su límite penal. La falta de espacio, por tanto, no explica la omisión en otros encabezados. Había espacio. Varios medios lo encontraron.
Eso no hace impecables sus coberturas. Florida Trident, por ejemplo, escribe posteriormente “having found the money was taken”, una formulación más categórica que la simple atribución de misappropriation al panel. Aun así, una publicación abiertamente crítica de la administración y vinculada al litigio para hacer público el documento consideró que la inexistencia de acusados merecía compartir el titular con la acusación.
Action News Jax plantea un problema distinto. Su titular —“Grand jury says DeSantis administration ‘misappropriated’ $10 million of taxpayer money for Hope FL”— conserva la atribución. En el cuerpo afirma que ese dinero debía utilizarse para proporcionar seguro médico a niños pobres y añade al final “the report states”. La fuente está ahí, pero la estructura convierte en proposición principal una interpretación jurídica expresamente discutida dentro del procedimiento.
Andrew Sheeran, entonces general counsel de la Agency for Health Care Administration, declaró que Centene había identificado $56,248,611 como potenciales daños relacionados con Medicaid y aproximadamente $10.8 millones adicionales como otros posibles daños e incentivo para resolver el litigio. Según su interpretación, los diez millones destinados a Hope Florida no constituían recuperación de fondos de Medicaid. También defendió una lectura jurídica basada en el carácter pre-suit del acuerdo y en el pago directo a Hope Florida. El gran jurado rechazó esa interpretación y concluyó que la totalidad del acuerdo constituía reembolso a los contribuyentes. No corresponde decidir aquí cuál lectura jurídica es correcta, sino señalar que la controversia existía dentro del propio expediente. Presentar una de esas interpretaciones como premisa indiscutida la resuelve antes de explicarla.
El Washington Examiner resulta útil porque impide reducir el fenómeno a los “medios liberales contra DeSantis”. El periódico, generalmente identificado con una línea editorial conservadora, tituló: “DeSantis administration misappropriated $10 million in Hope Florida debacle: Grand jury”. La atribución aparece después de los dos puntos, pero el encabezado comienza afirmando la apropiación indebida y añade debacle, una valoración propia. En el segundo párrafo, sin embargo, reconoce la insuficiencia de evidencia para formular cargos. Una vez establecido un marco dominante —DeSantis administration, diez millones, misappropriated—, el vocabulario puede atravesar divisiones ideológicas y terminar normalizado como la forma de contar una historia.
Florida Politics, en cambio, eligió otro eje: “Gov. DeSantis’ office slams alleged leak of Hope Florida grand jury report”. La pieza informa desde temprano que el gran jurado calificó los fondos como misappropriated, pero añade inmediatamente que no recomendó cargos y que ningún individuo asumió la responsabilidad por dirigir el dinero hacia Hope Florida. La nota demuestra que no existía una única manera de contar la noticia. Un editor podía empezar por misappropriation, por la ausencia de cargos, incluir ambas cosas o colocar la controversia sobre la filtración en el centro. Todas son elecciones. Ninguna es neutral en sus efectos.
La lectura conjunta de estas diez coberturas permite ir más allá de la afirmación simplista de que “los medios mintieron”. No tenemos pruebas de coordinación entre redacciones y tampoco todas actuaron igual. Sí puede documentarse un patrón de encuadre desigual: misappropriated obtuvo en numerosos casos mayor prominencia que la insuficiencia de evidencia para acusar y la imposibilidad de probar quién fue responsable.
En los estudios de comunicación ese fenómeno se conoce como framing. Robert M. Entman explicó en su artículo “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, publicado en Journal of Communication en 1993, que el encuadre selecciona determinados aspectos de una realidad y los hace más prominentes para favorecer una definición del problema, una interpretación causal o una evaluación. Un encuadre no necesita construirse con falsedades. Puede formarse exclusivamente con hechos verdaderos: basta decidir qué se destaca, en qué orden y con qué peso.
La repetición añade otra dimensión. Susanne Schmidt y Martin Eisend mostraron en un metaanálisis publicado en 2015 en Journal of Advertising que la exposición repetida incrementa el recuerdo del mensaje. Su objeto de estudio es la publicidad, no el periodismo político, por lo que sus resultados no deben trasladarse mecánicamente. Pero respaldan una idea pertinente: aquello que se repite tiene más oportunidades de ser recordado. De ahí la importancia de que misappropriated, diverted Medicaid money, DeSantis administration, Hope Florida y Casey DeSantis ocupen reiteradamente los espacios de mayor visibilidad mientras “insufficient evidence to charge anyone criminally” aparece con menor prominencia.
La historia permite otra comparación, siempre dentro de sus límites. En Many Are the Crimes: McCarthyism in America, Ellen Schrecker estudió cómo investigaciones institucionales, publicidad y culpabilidad por asociación podían producir consecuencias profesionales y sociales muy superiores a aquello que había sido establecido judicialmente. Hope Florida no es el macartismo y equiparar ambos fenómenos sería absurdo. La comparación útil se limita a esto: una acusación revestida de autoridad institucional puede adquirir mediante su amplificación pública una fuerza social superior a su fuerza judicial. El problema, entonces, no es solamente de objetividad política, sino de disciplina sobre el grado de certeza. Una cosa es saber que diez millones fueron transferidos; otra, sostener que esa transferencia fue jurídicamente indebida; otra, concluir que constituyó una apropiación ilícita; y otra todavía, demostrar quién cometió un delito. Cuando esas categorías se comprimen en una sola palabra —desvío, scheme, misappropriation, scandal— el lector recibe la conclusión sin recorrer el camino probatorio que conduce hasta ella.
Buena parte de los titulares utiliza además una palabra aparentemente inocente: finds. Grand jury finds. Es una fórmula periodística legítima porque un gran jurado efectivamente formula findings. Pero finds no significa proved in court. La Florida Bar distingue entre el presentment, que puede contener hallazgos y recomendaciones, y el true bill que se convierte en una acusación formal. La diferencia importa porque este documento no produjo cargos contra una sola persona. No hace falta acudir a la defensa de Ron DeSantis para explicarlo. Lo dice el propio gran jurado: encontró evidencia insuficiente para acusar criminalmente a alguien, reconoce que ningún testigo asumió la decisión original y termina admitiendo que no puede probar quién es responsable.
Hay una diferencia periodística sustancial entre escribir “el gran jurado concluyó que hubo apropiación indebida” y afirmar “la administración DeSantis desvió diez millones de dólares”. La primera formulación informa de una conclusión y mantiene visible a quien la formula. La segunda incorpora esa conclusión a la voz narrativa y la presenta como hecho. La diferencia parece pequeña en gramática, pero es enorme en certeza. Basta comparar CBS y Associated Press. CBS tituló: “Grand jury finds DeSantis administration ‘misappropriated’ $10 million in taxpayer money to Hope Florida”. AP: “Florida grand jury finds DeSantis administration misused $10 million, but no charges filed”. Ambos informaron de la acusación. Solo el segundo hizo visible desde el titular su principal límite.
No había que absolver a DeSantis, desacreditar al gran jurado ni borrar misappropriation. Bastaba acompañarla de aquello que el mismo documento reconoce: no había evidencia suficiente para acusar a nadie y el gran jurado no podía probar quién fue responsable. No es una nota al pie, sino parte central de la noticia. Frente a esa exageración de certeza, la regla debería ser igualmente sencilla: certeza proporcional. Un periódico no debería afirmar algo con mayor seguridad de la que permiten sus fuentes y sus pruebas. Si una institución alega, debe seguir siendo una alegación; si concluye, una conclusión; si existen indicios, indicios; y cuando algo ha sido probado, entonces sí puede presentarse como hecho. Dicho de otra manera: el periodismo no debería subirle el volumen a la certeza.
También exige tratar la atribución como disciplina, no como trámite. Si escribimos “según el gran jurado” porque solo el gran jurado ha establecido determinada conclusión, el “según” no debería desaparecer salvo que el medio haya corroborado independientemente aquello que afirma. Cuando desaparece porque el hecho ha sido probado, el lenguaje avanza correctamente. Cuando desaparece sin nuevas pruebas, lo que aumenta no es el conocimiento, sino la seguridad con que decidimos contarlo. De ahí una máxima sencilla: el periodismo no debe aumentar la certeza de una afirmación a medida que desaparece quien la afirma.
La certeza proporcional exige tres obligaciones elementales: atribuir, distinguir y jerarquizar. Atribuir es mantener visible quién sostiene una afirmación controvertida. Distinguir es recordar que un presentment, un indictment y una condena no son equivalentes, como tampoco lo son evidencia, inferencia y prueba. Jerarquizar significa que, cuando un mismo documento formula una acusación severa y reconoce a la vez que no puede reunir evidencia suficiente para acusar a nadie ni establecer quién es responsable, ninguna de esas afirmaciones debería convertirse en información secundaria de la otra.
La exigencia aumenta porque el titular puede ser hoy toda la noticia que llegue a conocer un lector. Una aclaración situada varios párrafos después no corrige necesariamente una impresión producida en un buscador o una red social. Para el periodismo digital cabría una regla simple: un titular debería poder defenderse incluso si fuera la única parte de la noticia que el lector llegara a conocer. Y no es una regla para proteger a Ron DeSantis. Mañana puede proteger a un demócrata, un empresario, un activista, un funcionario, un periodista o cualquier ciudadano. Precisamente por eso debe ser una regla y no una conveniencia partidista.
El periodismo no puede controlar lo que un gran jurado concluye, lo que un político denuncia ni lo que una fuente filtra. Sí puede controlar algo que le pertenece: el grado de certeza con que decide contárselo al público. Ahí está una de las cuestiones centrales que deja Hope Florida. El problema no comienza cuando un periódico informa de una acusación grave, sino cuando deja de recordar al lector que sigue siendo una acusación, una conclusión o una inferencia y empieza a escribirla con la gramática de un hecho consumado. Recuperar esa diferencia no requiere una revolución, sino disciplina: que el lector pueda saber siempre qué conocemos, quién lo afirma, qué ha podido probarse y qué todavía no. Solo así una investigación seguirá siendo una investigación, una conclusión seguirá siendo una conclusión y un titular no terminará convertido en un veredicto público que ningún tribunal llegó a dictar.
