Luis Leonel Leon
¿Hace falta publicar una mentira para alterar el significado de una noticia, o basta, a veces, con decidir qué verdad ocupa el titular y cuál queda relegada al sumario o al cuerpo del texto? ¿Hasta qué punto puede distorsionarse la realidad manipulando la forma y la jerarquía con que se presentan los hechos? ¿Puede el periodismo controlar lo que concluye un gran jurado, lo que denuncia un político o lo que filtra una fuente? ¿Y hasta dónde llega su responsabilidad al decidir con qué grado de certeza se lo cuenta al público?
Estas y otras preguntas surgen al mirar más allá de los titulares de la cobertura del informe filtrado sobre Hope Florida. El documento es más que severo: dice que el gran jurado concluyó que diez millones de dólares procedentes del acuerdo entre Florida y Centene fueron objeto de “apropiación indebida” y utilizados con fines políticos. Omitirlo falsearía lo que dice el informe, pero también lo falsearía ignorar cómo termina: “encontramos evidencia insuficiente para acusar penalmente a alguien”.
El gran jurado, que sostiene que hubo apropiación indebida, reconoce a la vez que no pudo probar quién fue responsable ni reunir evidencia suficiente para acusar penalmente a alguien. Confieso que, al leerlo, fue inevitable preguntarme: ¿cómo puede sostenerse una conclusión tan grave y, al mismo tiempo, afirmar que no existe evidencia suficiente para acusar a nadie ni para establecer quién fue responsable? Esa tensión jurídica, que no fue planteada en las coberturas que aquí analizo y que hasta el momento no he leído en ningún medio, merece un examen independiente de especialistas en ese ámbito.
Retrocedamos un poco. La investigación tuvo su origen en las acusaciones formuladas durante la Legislatura de 2025 por Alex Andrade, representante republicano por el Distrito 2 de Florida, quien llegó a alegar la posible comisión de delitos. El asunto fue remitido después a la Fiscalía Estatal del Segundo Circuito Judicial, encabezada por Jack Campbell, fiscal estatal electo como demócrata. La Florida Bar distingue un informe o presentación del gran jurado, que puede contener hallazgos y recomendaciones, de una acusación formal que da paso a un proceso penal. La legislación de Florida contempla expresamente informes referidos a personas sin estar acompañados de una acusación. El documento de Hope Florida, aunque posea autoridad institucional, no es una sentencia ni equivale a una condena. Sin embargo, en varios medios hemos visto cómo un informe sin evidencia suficiente para acusar penalmente a nadie y sin cargos terminó convertido en sentencia mediática.
Tras conocerse la filtración, DeSantis rechazó esa caracterización y sostuvo que “no hubo ningún desvío de fondos de Medicaid”. El gobernador afirmó también que el acuerdo de AHCA era “jurídicamente sólido”, apropiado y acorde con los intereses del Estado, y describió los $10 millones como una contribución privada dentro de un acuerdo privado. Si vamos más allá de la noticia, el caso rebasa a Ron DeSantis y a los 10 millones. A mi juicio, expone un problema más profundo del periodismo contemporáneo: la pérdida de la disciplina que debería separar lo ocurrido de lo alegado, lo alegado de lo concluido y lo concluido de lo probado. El lenguaje periodístico dispone de mecanismos muy sencillos para conservar esas distancias: “según”, “afirma”, “alega”, “concluye”, “no pudo comprobarse”, “no se presentaron cargos”, que no son adornos, sino indicadores para que el lector sepa el grado real de certeza de una afirmación. Y de eso también quiero hablar aquí.
Apenas unos días antes había leído From “May” to “Is”: Certainty Distortion in Language Model Rewriting (De «puede» a «es»: distorsión de la certeza en la reescritura mediante modelos de lenguaje), un estudio muy reciente de Catarina G. Belem, Shang Wu, Hongyu Yao, Mark Steyvers, Sameer Singh y Padhraic Smyth, publicado como preprint en arXiv en junio de 2026. Allí describen la “distorsión de la certeza” como un cambio en la seguridad con que se formula una afirmación mientras su significado esencial permanece prácticamente intacto. Al encontrarme con estas coberturas, la relación fue difícil de ignorar. En los casos que aquí examino, ese desplazamiento va en una sola dirección: hacia una certeza exagerada. Primero leemos “según el gran jurado, hubo un desvío”. Después, “el gran jurado concluyó que hubo un desvío”.
Finalmente llegamos a “el desvío de los diez millones”. Nada ha cambiado salvo la desaparición de la fuente.
CBS News Miami, que obtuvo y publicó una copia del informe, ofrece un ejemplo claro. Tituló: “El gran jurado concluye que la administración DeSantis ‘se apropió indebidamente’ de 10 millones de dólares de los contribuyentes destinados a Hope Florida”. CBS informó desde los primeros párrafos que existía evidencia insuficiente para acusar penalmente a alguien. Más adelante, sin embargo, la pieza comienza a hablar de “el desvío de 10 millones de dólares de los contribuyentes” y utiliza además un verbo que puede traducirse como “desviar” o “sustraer fondos” para describir el supuesto esquema. Se produce entonces un desplazamiento semántico: “el gran jurado sostiene que hubo un desvío” empieza a convertirse en “el desvío”, sin que entre una formulación y otra haya aparecido una nueva prueba. La atribución desaparece y la conclusión permanece, ahora con apariencia de hecho.
The Guardian utilizó una construcción semejante: “El gran jurado de Florida concluye que la administración DeSantis ‘se apropió indebidamente’ de fondos procedentes del acuerdo de Medicaid”, aunque su tratamiento fue más cuidadoso. El sumario dice que el gran jurado declinó acusar a nadie y los primeros párrafos presentan juntas la conclusión de “apropiación indebida” y la insuficiencia de evidencia para formular cargos. No hay ocultamiento. Hay jerarquización.
Un estudio publicado en 2025 en Nature Human Behaviour, basado en más de 35 millones de publicaciones de Facebook, encontró que alrededor del 75% de los enlaces compartidos se difundían sin que quien los compartía hubiera hecho clic previamente en ellos. No significa que exactamente el 75% de los lectores solo lea titulares, pero sí demuestra hasta qué punto una noticia puede circular sin que se abra el artículo. Quien se queda con el titular recibe primero la acusación. Quien entra en el artículo puede conocer después su principal limitación.
La cifra obliga a otra pregunta incómoda: ¿hasta qué punto esto puede ocurrir sin premeditación, como resultado de hábitos y fórmulas incorporados por el periodismo con los años? Parte puede nacer de la orientación ideológica del periodista o de la línea editorial del medio, que no siempre coinciden. Un medio puede definirse, o intentar acercarse, a una línea conservadora o de centro y publicar una pieza cuya lectura política sea distinta. Un periodista puede trabajar dentro de una línea editorial diferente de la suya. También puede tratarse, sencillamente, de una gramática profesional que se reproduce por rutina, velocidad, imitación y economía del titular. La ausencia de intención, sin embargo, no elimina el efecto. Si una parte considerable de las noticias circula sin que el lector abra el artículo, lo que una redacción coloca en el titular adquiere un peso informativo desproporcionado.
Y hay otra dimensión, quizá más profunda: el efecto del titular no desaparece necesariamente cuando el lector abre la noticia. Ullrich Ecker, Stephan Lewandowsky, Ee Pin Chang y Rekha Pillai lo demostraron experimentalmente en un estudio publicado en 2014 en Journal of Experimental Psychology: Applied, revista científica de la American Psychological Association especializada en investigaciones experimentales aplicadas a problemas del mundo real. Los investigadores comprobaron que un titular puede inducir una interpretación engañosa sin contener una falsedad abierta y que los encabezados condicionan el procesamiento posterior de la información, con efectos sobre la memoria, las inferencias y hasta las intenciones de conducta del lector. Quizá más importante aún para este análisis sea que la información posterior no siempre consigue corregir la impresión generada inicialmente por el titular. El encabezado no es, por tanto, una simple puerta de entrada a la noticia. Puede convertirse en el marco cognitivo desde el cual se interpreta lo que viene después.
NBC 6 South Florida y WUSF recurrieron a una gramática prácticamente idéntica. NBC tituló “Informe filtrado del gran jurado sobre Hope Florida dice que el Estado ‘se apropió indebidamente’ de fondos” y colocó inmediatamente debajo: “El informe no encontró evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra nadie”. WUSF encabezó con “Informe filtrado del gran jurado sobre Hope Florida: el Estado ‘se apropió indebidamente’ de fondos”, pero incluyó igualmente en el sumario la inexistencia de evidencia suficiente para cargos. Son coberturas más equilibradas de lo que sugieren sus encabezados cuando se leen de forma aislada. Aparece aquí una asimetría epistemológica: la afirmación más visible adquiere para el lector un grado de certeza y relevancia superior al de las salvedades que la limitan. En el periodismo digital, donde el titular puede circular sin el artículo, una jerarquización desigual deja de ser una simple decisión de estilo.
Associated Press tituló: “Gran jurado de Florida: la administración DeSantis usó indebidamente $10 millones, pero no hubo cargos”. Incluso allí, la estructura presenta el uso indebido como la certeza principal del titular y la ausencia de cargos como contraste, mientras el propio gran jurado dijo que no pudo determinar quién fue responsable.
FOX 35 escribió: “Gran jurado: $10 millones de Hope Florida fueron ‘apropiados indebidamente’, pero nadie fue acusado”. Y Florida Trident: “Sellado durante siete meses: gran jurado halló $10 millones ‘apropiados indebidamente’ para Hope Florida, pero nadie será acusado”. En esos casos, la ausencia de cargos permanece visible, aunque la tensión entre el hallazgo y la imposibilidad de atribuir responsabilidad individual queda comprimida en una fórmula breve. Florida Trident va más lejos cuando escribe después “habiendo concluido que el dinero fue tomado”, una formulación más categórica que la simple atribución de “apropiación indebida” al panel. La relación gramatical termina colocando la apropiación indebida como certeza dominante y la inexistencia de responsables identificados como salvedad. A mi entender, esa jerarquía puede llevar al lector a percibir como establecida una atribución personal que el propio gran jurado dejó sin probar.
Action News Jax plantea un problema distinto. “Gran jurado dice que la administración DeSantis ‘se apropió indebidamente’ de $10 millones de los contribuyentes para Hope Florida” es un titular que conserva la atribución. En el cuerpo afirma que ese dinero debía utilizarse para proporcionar seguro médico a niños pobres y añade al final “señala el informe”. La fuente está ahí, pero la estructura convierte en proposición principal una interpretación jurídica expresamente discutida dentro del procedimiento.
Andrew Sheeran, entonces asesor jurídico general de la Agency for Health Care Administration, declaró que Centene había identificado $56,248,611 como potenciales daños relacionados con Medicaid y aproximadamente $10.8 millones adicionales como otros posibles daños e incentivo para resolver el litigio.
Según su interpretación, los diez millones destinados a Hope Florida no constituían recuperación de fondos de Medicaid. También defendió una lectura jurídica basada en que el acuerdo ocurrió antes de una demanda y en el pago directo a Hope Florida. El gran jurado rechazó esa interpretación y concluyó que la totalidad del acuerdo constituía reembolso a los contribuyentes. No pretendo decidir aquí cuál lectura jurídica es correcta. Me interesa señalar que la controversia existía dentro del propio expediente. De ahí que presentar una de esas interpretaciones como premisa indiscutida equivalga a resolverla antes de explicarla.
El Miami Herald introduce otro mecanismo. Tituló: “Los hallazgos del gran jurado de Hope Florida fueron revelados pese a los esfuerzos por mantener privado el informe” y colocó inmediatamente debajo que el gran jurado identificó al fiscal general James Uthmeier como el “nexo” de buena parte de la actividad relacionada con la transferencia. Ninguna de esas afirmaciones necesita ser falsa para producir, juntas, una impresión más grave que cada una por separado. El lector recibe primero la idea de un informe que alguien intentó mantener fuera de la vista pública y, enseguida, el nombre de un funcionario situado en el centro de la operación. El efecto no depende de acusar expresamente a Uthmeier de un delito. Basta ordenar los elementos de modo que la asociación sugiera una responsabilidad personal que el procedimiento penal no llegó a establecer. Aquí la exageración de certeza no nace de la desaparición de la atribución, sino de la proximidad narrativa. Dos afirmaciones verdaderas pueden, colocadas una junto a la otra, inducir una tercera conclusión que ninguna prueba por sí sola.
Florida Politics eligió, en cambio, otro eje: “La oficina del gobernador DeSantis arremete contra la supuesta filtración del informe del gran jurado sobre Hope Florida”. La pieza informa desde temprano que el gran jurado calificó los fondos como “apropiados indebidamente”, pero añade enseguida que no recomendó cargos y que nadie asumió la responsabilidad por dirigir el dinero hacia Hope Florida. Su tratamiento confirma que distintas redacciones pueden trabajar sobre el mismo documento y preservar mejor, o peor, la distancia entre una conclusión institucional y una responsabilidad individual establecida. Florida Politics demuestra que no había una sola manera de contar la noticia. El enfoque depende también de decisiones editoriales, hábitos profesionales y del grado de cautela con que cada medio decide narrarla.
De la lectura conjunta de estas diez coberturas extraigo una conclusión más precisa que la afirmación, para algunos simplista y para otros evidente, de que “los medios mintieron”. No tenemos pruebas de coordinación entre redacciones y tampoco todas actuaron igual. Sí puede documentarse que, en varias de las coberturas analizadas, los medios distorsionaron el grado de certeza de la noticia. Partieron de una conclusión del gran jurado y, mediante pérdida de atribución, formulaciones más categóricas, jerarquización desigual y asociaciones narrativas, la presentaron de un modo que podía hacer parecer establecidas responsabilidades individuales que el propio gran jurado no logró probar. Ahí estuvo, en mi opinión, el problema. Informar que el gran jurado concluyó que hubo apropiación indebida era correcto. Transformar, en determinados casos, una conclusión institucional limitada en una narrativa más definitiva de lo que permitían la ausencia de responsables identificados y la falta de evidencia suficiente para acusar penalmente a alguien ya es otra cosa.
Ese patrón tiene un marco teórico conocido en los estudios de comunicación. Robert M. Entman explicó en su artículo titulado Encuadre: hacia la clarificación de un paradigma fragmentado, publicado en Journal of Communication en 1993, que el encuadre selecciona determinados aspectos de la realidad y les otorga mayor prominencia para favorecer una definición del problema, una interpretación causal o una evaluación. No necesita construirse con falsedades. Puede operar enteramente con hechos verdaderos. Basta decidir qué se destaca, en qué orden y con qué peso.
La repetición agrega otra dimensión. Susanne Schmidt y Martin Eisend mostraron en un metaanálisis publicado en 2015 en Journal of Advertising que la exposición repetida incrementa el recuerdo del mensaje. Su objeto de estudio es la publicidad, no el periodismo político, por lo que sus resultados no debemos trasladarlos mecánicamente. Aun así, considero que respaldan una idea pertinente: aquello que se repite tiene más oportunidades de ser recordado. De ahí la importancia de que “apropiación indebida”, “fondos de Medicaid desviados”, “administración DeSantis”, Hope Florida y Casey DeSantis ocupen reiteradamente los espacios de mayor visibilidad, mientras que “evidencia insuficiente para acusar penalmente a alguien” aparece con menor prominencia.
Buena parte de los titulares utiliza una palabra aparentemente inocente: “concluye”, como en “el gran jurado concluye”. Es una fórmula legítima, pero no equivale a “probado ante un tribunal”. La diferencia aquí es clave, ya que el propio gran jurado reconoce que no reunió evidencia suficiente para acusar penalmente a nadie ni pudo probar quién era responsable. No es lo mismo escribir “el gran jurado concluyó que hubo apropiación indebida” que afirmar “la administración DeSantis desvió diez millones de dólares”. La primera fórmula conserva la atribución. La segunda convierte la conclusión en un hecho narrativo autónomo. La diferencia parece mínima en gramática, pero es grande en certeza. CBS tituló “El gran jurado concluye que la administración DeSantis ‘se apropió indebidamente’ de $10 millones de los contribuyentes destinados a Hope Florida”. Associated Press escribió “la administración DeSantis usó indebidamente $10 millones” y dejó la ausencia de cargos después del “pero”. En ambos casos, el hallazgo ocupa el lugar de mayor certeza, aunque AP haga visible desde el titular que no se presentaron cargos.
No había que absolver a DeSantis ni desacreditar al gran jurado. Bastaba con acompañar esa conclusión acusatoria de aquello que el mismo documento reconoce: no había evidencia suficiente para acusar a nadie y el gran jurado no podía probar quién fue responsable. Y para no quedar presos de esa exageración de certeza, propongo llamar principio de certeza proporcional a una regla sencilla: el grado de certeza expresado en el lenguaje periodístico debería corresponder al grado de certeza que justifican la evidencia y la fuente. Por ejemplo, si una institución alega, debe seguir siendo una alegación. Si concluye, una conclusión. Si existen indicios, indicios. Cuando algo ha sido probado, entonces sí puede presentarse como hecho. El periodismo no debería aumentar la certeza más allá de lo que justifica la evidencia ni minimizarla cuando la evidencia permite una certeza mayor.
En periodismo, borrar quién afirma algo también puede distorsionar la naturaleza de lo que se afirma. Si escribimos “según el gran jurado” porque solo el gran jurado ha establecido determinada conclusión, el “según” no debería desaparecer sin una corroboración independiente. El principio de certeza proporcional exige tres obligaciones: atribuir, distinguir y jerarquizar. Atribuir es mantener visible quién sostiene una afirmación controvertida. Distinguir es separar una conclusión institucional de una acusación penal y una condena, así como evidencia, inferencia y prueba. Jerarquizar es evitar que, cuando un mismo documento formula una conclusión severa y reconoce que no puede sustentar cargos ni establecer quién es responsable, una de esas dos realidades quede subordinada a la otra.
Perder esas distancias tiene consecuencias. Cuando una conclusión institucional se presenta con un grado de certeza superior al que permite el expediente, el lector puede terminar percibiendo como responsabilidad ya establecida lo que originalmente era una conclusión atribuida y limitada. Puede cambiar la percepción pública, endurecerse una narrativa política, producirse daño reputacional y asociarse personas concretas con responsabilidades no establecidas. Una aclaración posterior puede llegar, además, con menos fuerza que la impresión inicial. El riesgo periodístico consiste en convertir una diferencia de grado de certeza en una diferencia de realidad.
En tiempos de redes sociales, shorts y reels, la exigencia aumenta porque el titular puede ser toda la noticia que llegue a conocer un lector. Una aclaración situada varios párrafos después no corrige necesariamente la impresión producida en un buscador, una notificación o una plataforma digital. Para el periodismo digital cabría una regla sencilla: un titular debería poder defenderse incluso si fuera la única parte de la noticia que el lector llegara a conocer. Y no es una regla para proteger a Ron DeSantis, pues mañana puede proteger a un demócrata, un empresario, un activista, un funcionario, un periodista o cualquier ciudadano. Precisamente por eso debe ser una regla y no una conveniencia partidista.
En términos electorales, ese efecto tampoco es neutral. Cuando una cobertura aumenta la percepción de culpabilidad o responsabilidad alrededor de una administración republicana, el costo político recae principalmente sobre sus funcionarios, candidatos y sobre la propia marca partidista. En Hope Florida, mi lectura es que la dirección probable de ese efecto favorece a los demócratas y perjudica a los republicanos. No permite afirmar cuántos votos puede mover ni medir su magnitud sin estudios específicos de opinión pública, pero sí permite identificar razonablemente quién soporta el daño político y quién puede beneficiarse de él.
Si mañana aparecieran documentos, testimonios o pruebas capaces de identificar responsables y sostener cargos criminales, el escenario sería otro y el lenguaje periodístico debería cambiar con él. Si una nueva investigación produjera una acusación formal o, más adelante, una condena, los titulares podrían reflejarlo con toda la contundencia que esos hechos permitieran. Hasta que eso ocurra, la obligación es describir exactamente lo que hoy sabemos: el gran jurado concluyó que hubo apropiación indebida, no pudo probar quién fue responsable y no reunió evidencia suficiente para acusar penalmente a nadie.
El periodismo no puede controlar lo que un gran jurado concluye, lo que un político denuncia ni lo que una fuente filtra. Sí puede controlar el grado de certeza con que decide contárselo al público. Una acusación, conclusión o inferencia empieza a deformarse cuando se escribe con la gramática de un hecho consumado. Solo así un titular evitará convertirse en un veredicto público que ningún tribunal llegó a dictar. Que, en determinadas coberturas, un informe sin evidencia suficiente para acusar y sin cargos terminara convertido en una sentencia mediática, con efectos políticos y reputacionales reales, no puede atribuirse al documento por sí solo. La responsabilidad por esa distorsión de la certeza corresponde, en mi análisis, a los periodistas y medios que eligieron contarlo de ese modo.
Nota del autor: Agradezco a mis colegas, el coronel Ron MacCammon (Washington Examiner) y Leonardo Morales (Diario Las Américas), por sus inteligentes lecturas y precisas observaciones durante la edición de este ensayo.
