Neocastrismo, continuidad de la ilegitimidad

El octavo congreso del partido comunista significa el paso de cierre del castrismo en su intento de sellar su permanencia en el poder. La construcción del neocastrismo ha sido un largo camino en el que Raúl Castro ha jugado un papel crucial. A diferencia de su hermano, Castro II ha colocado a su familia y allegados en posiciones claves y diseñado una estructura de poder que responde directamente a sus intereses.

El objetivo principal radica en buscar una supuesta institucionalidad en el ejercicio del poder y por lo tanto legitimidad hacia el interior y exterior de la Isla. La estructura implica una nueva clase de leales que ven en su alineamiento la posibilidad de adquirir cuotas de poder con las prerrogativas que esto conlleva. 

En las democracias, la legitimidad del poder político está asociada a la idea del consenso o aceptación popular sin que este consenso esté determinado o viciado por el uso permanente de la fuerza o la amenaza de esta. Su esencia radica en la soberanía popular que incluye a todos los sectores cuantificables de la población, no solo a las mayorías circunstanciales. Guarda relación con la posibilidad de tomar parte en la gestión pública, directamente o a través de representantes, sin que un sector pueda excluir al resto.

La legitimación se materializa en la idea del poder instituido a través de elecciones auténticas como expresión de consenso.

 ¿Por qué el castrismo, régimen imperante en Cuba, es ilegítimo?

Llegó al poder por las armas, no por las urnas. Empezó siendo un gobierno de transición, que prometió institucionalizarse a través de la restitución de la Constitución 1940 e inmediata convocatoria a elecciones democráticas, lo cual nunca sucedió. Castro se perpetuó incumpliendo sus promesas. Así se mantuvo hasta 1976 en que impuso una falsa constitución de corte estalinista e intentó dar apariencia de legitimidad por medio de procesos electorales carentes de toda autenticidad. 

Confiscó miles de propiedades, negocios y prohibió la empresa privada, a cubanos y extranjeros. No ha existido un proceso de compensación creíble a todas las partes afectadas por tales arbitrariedades.

Se realizaron centenares de farsas judiciales, sin las mínimas garantías de un debido proceso, que conllevaron la aplicación de centenares de brutales condenas a prisión y centenares de fusilamientos. 

Impone al Marxismo-Leninismo y al Partido Comunista como única ideología y forma de asociación política posibles. Excluye, criminaliza y reprime al resto de las alternativas. Debido a ello, amplios sectores poblacionales quedan excluidos de participar, directamente o a través de representantes en la gestión pública. No existe soberanía popular.

Impone el carácter inamovible de un orden político, social y económico en el artículo 4 de la “Constitución”, violando el inalienable derecho a la libre determinación de los pueblos, a determinar libremente su condición política, y a elegir forma de su constitución o gobierno; lo cual se niega a la población actual y a futuras generaciones. El precepto incluye uso de violencia armada contra quien o quienes intenten modificar un sistema impuesto originariamente por las armas. En un Estado de Derecho, la alternancia en el poder y modificación del sistema es posible mediante herramientas legales y vías pacíficas.

No se han realizado hasta la fecha elecciones auténticas. El sistema electoral actual impide la asociación política y participación proporcional de los sectores contrarios al partido comunista. La nominación de candidatos a los principales cargos públicos, se realiza mediante ¨comisiones de candidaturas¨, compuestas por las llamadas “organizaciones sociales y de masa” que a su vez son dirigidas y controladas por el partido comunista. Entre otras irregularidades, las comisiones proponen igual número de candidatos que cargos a ocupar (ej. un único candidato para presidente de la república, igual número de candidatos que diputados, etc.) Se trata de votaciones no elecciones, pues un proceso electoral implica elegir entre alternativas.

Las leyes y por tanto la base del llamado sistema jurídico, solo cuentan con validez formal. Emanan de un órgano legislativo (Asamblea Nacional) que no es el resultado de la elección popular de todos los sectores cuantificables de la población. Es un ente homogéneo y excluyente, afín a la ideología y partido único. Por tanto, no es una institución soberana y sus leyes no son expresión de consenso, sino de imposición y arbitrariedad.

No existe separación de poderes o principales funciones estatales y, en particular, el poder judicial no es libre ni independiente. Se somete a las directrices trazadas por el partido comunista, denominado fuerza dirigente superior del Estado. El Consejo de Estado, órgano permanente de la Asamblea Nacional, dicta instrucciones de obligatorio cumplimiento al Tribunal Supremo y este al resto de tribunales.

Desde el arribo al poder en 1959 se han vulnerado sistemáticamente derechos y libertades universales, tales como libertad de expresión, de culto, reunión, asociación, derechos de participación y sindicales, entre otros.
Si partimos de los presupuestos enunciados, ninguno de ellos se encuentra en proyecto de subsanación ni abordado en el reciente octavo congreso del partido, todo lo contrario. Podemos afirmar que el castrismo nunca gozó de legitimidad y el neocastrismo que, enuncia como premisa la “continuidad”, se encuentra en igual situación.

De ese congreso sale la nueva dirección del partido. Díaz-Canel se convierte en el 1er. secretario y el Buró Político tiene como marcado signo la presencia del poder militar en pleno, los ministros de las fuerzas armadas y del interior, así como el presidente del conglomerado GAESA. 

De esta forma el poder queda diseñado en tres escalones:

• Familia Castro y allegados
• Partido comunista
• Poder Popular

Si bien Castro II busca una estructura de poder que garantice la estabilidad del neocastrismo, la economía desastrosa, altos niveles de frustración, desesperanza y descontento social, incrementados por la situación del Covid-19, ponen en duda el arribo a puerto feliz. Las maniobras económicas anunciadas previas al congreso, resultan en extremo insuficientes para frenar el continuo deterioro. El régimen se encuentra en un momento crucial, tratando de vender una legitimidad espuria y afrontando una profunda crisis general.

Sin embargo, el escenario tan incierto pero favorable para empujar por cambios, contrasta con la lamentable situación de la oposición y la sociedad civil, que se encuentran en uno de sus puntos más bajos de los últimos lustros. La falta de un apoyo resuelto y la pretensión de imponer agendas y actores desde el exterior, le han servido en bandeja de plata al castrismo para que ejecute sus acciones siempre violatorias contra cualquier actor o grupo que rete su poder y control, menguando considerablemente al sector contestatario. Urge un relanzamiento de la oposición cubana.

La confrontación y fin del pretendido engendro neocastrista, deben ir de la mano del crecimiento de una opción política con capacidad de reemplazar al totalitarismo. Esto implica no solo propuestas para la reconstrucción de la nación, sino el capital humano necesario para emprender dicha empresa.

*Este artículo fue publicado en Estado de Sats