La amenaza más recurrente fue tomar represalias legales contra estas personas para llevarlos a prisión, pero también la de quitar la custodia de los hijos e incluso con la muerte
Autores13 de abril de 2024 Redacción ICLEP
La represión a la libertad de expresión y prensa en Cuba durante el mes de marzo se incrementó un 60,5% en comparación al mes anterior. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) registró 61 violaciones, cometidas en 14 provincias del país.
Entre las cifras más alarmantes está la ocurrencia de 18 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 14 expresiones de uso abusivo del poder estatal, 6 restricciones en el espacio digital, 3 reclusiones de ciudadanos en cárceles y 3 agresiones físicas. Las provincias donde se registraron mayor número de violaciones fueron Santiago de Cuba (18, en gran parte asociadas a las protestas en esa provincia), La Habana (8) y Camagüey (6).
Se registraron violaciones contra 43 personas (8 mujeres y 35 hombres), de ellos 14 presos políticos, 14 ciudadanos, nueve activistas, cuatro opositores y dos periodistas. Los hechos represivos fueron cometidos mayormente por oficiales de la Seguridad del Estado, funcionarios del sistema penitenciario, la Policía Nacional Revolucionaria y el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA.
De las 18 amenazas registradas por el ICLEP, diez fueron motivadas por publicaciones en redes sociales. Como en meses anteriores continuó la práctica, cometida fundamentalmente por oficiales de la Seguridad del Estado, de citar a estaciones policiales y llamar por teléfono a ciudadanos y activistas por comentarios en Facebook, publicaciones en redes sociales, apoyo a las protestas, denuncias de violaciones y mostrar la militarización de las calles.
Las restantes amenazas, principalmente fueron dirigidas por agentes estatales contra personas que realizaron comentarios críticos en espacios públicos, prisioneros políticos que sacaron al exterior denuncias sobre violaciones en las cárceles, a una opositora que realizó una pintada antigubernamental en su vivienda y al periodista Carlos Michael Rodríguez a quien el mismo día que extinguió su sanción por participar en las protestas del 11J, lo amenazaron con una nueva causa penal si continuaba ejerciendo como reportero.
La amenaza más recurrente fue tomar represalias legales contra estas personas para llevarlos a prisión, pero también la de quitar la custodia de los hijos e incluso con la muerte.
Es importante señalar las advertencias y detención arbitraria cometida el 18 de marzo contra el reportero independiente de Cubanet Osniel Carmona Breijo, a quien prohibieron salir a la calle a hacer trabajos periodísticos relacionados con las protestas que estaban ocurriendo, so pena de ir a la cárcel.
Además del reportero de Cubanet, otras 16 personas estuvieron sometidas a detenciones, de los cuales tres ya fueron recluidos en centros penitenciarios (Manuel de Jesús Rodríguez García, Daniel Alfaro Frías y Víctor Manuel Hidalgo Cabrales) y otros seis (Yerismar Valdés Cruz, Yoandra Mir Cedeño, Rey Asiel Naranjo Palau, Ernesto Salazar Rodríguez, Liuber Caballero González y Ramón Jesús Velázquez Toranzo) permanecían detenidos en estaciones policiales o de instrucción al cierre del mes de marzo.
Las detenciones en su mayoría estuvieron motivadas por publicaciones, comentarios o compartidos en redes sociales, sospechas de autoría de carteles, por alocuciones durante protestas y convocatorias. Entre los excarcelados, una ciudadana resultó multada y obligada a firmar durante un año en estaciones policiales por un comentario en Facebook y otro con una fianza de 50 mil pesos y pendiente a juicio por “Desacato” por una directa en esa red social.
Las tres agresiones físicas registradas en el mes se produjeron durante detenciones. Dos de estas cuando sacaron por la fuerza de sus domicilios a Daniel Alfaro, en Santa Antonio de los Baños, por sospecha de estar relacionado con los carteles que amanecieron en el pueblo el día anterior; y Yoandra Mir Marrero, en Banes, por compartir en Facebook publicaciones de un perfil que expone denuncias sobre funcionarios del municipio. La tercera agresión ocurrió contra Asdrúbal Kindelán Garbey, cuando realizaba una directa frente al centro de operaciones del reparto Versalles, en Santiago de Cuba, donde estaba detenido su hijo por supuestamente aparecer en un video de las protestas del 17 de marzo.
En el caso de los usos abusivos del poder estatal, la mayoría fueron cometidos contra presos políticos, a los cuales les fueron restringidas las llamadas telefónicas o enviados a celda de castigo, como represalia por denunciar las pésimas condiciones de las cárceles y los abusos a los que son sometidos. Al periodista y prisionero político Lázaro Yuri Valle Roca le fue negada la licencia extrapenal a pesar de su delicado estado de salud; el estibador César Jaime Cedeño fue expulsado de su puesto de trabajo por un comentario en Facebook sobre la comida en su centro laboral y la opositora Milagro Cervera González fue abandonada a 20 kilómetros de su casa y bajo lluvia, tras asistir a una citación policial por pintar en un muro de su casa consignas contra el régimen.
En cuanto a las restricciones en el espacio digital, durante las protestas del 17 de marzo se registraron cortes focalizados de internet por varias horas, en zonas donde ocurrieron las manifestaciones y en territorios aledaños. También al colaborador del medio independiente Cubanet, Adel Bonne Gamboa, le inhabilitaron una de sus líneas telefónicas tras ofrecer una entrevista a la cadena de televisión estadounidense Univisión y a los cuatro miembros de la familia Velázquez que se encontraban en El Cobre realizando un llamamiento pacífico al pueblo de Cuba les fue cortada la comunicación por internet y por vía telefónica.
Como muestra este subregistro de violaciones a la libertad de expresión y prensa, continúa siendo un ejercicio de riesgo expresarse en Cuba, ya sea en el espacio físico o virtual; pero también deja evidencia de que son cada día más las personas que pierden el miedo a ejercer este derecho, a pesar de la represión desmedida.
Texto originalmente publicado en el portal del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), una ONG sin ánimo de lucro fundada en el 2012 y con dirección ejecutiva en Cuba. ICLEP es la primera y única ONG que ha logrado crear una red de medios de comunicación comunitarios en la isla y hacer un periodismo ciudadano con y para los cubanos.
Panorama Pinareño, El Majadero de Artemisa, Amanecer Habanero, Cimarrón de Mayabeque, El Espirituano y Páginas Villareñas son los seis medios de comunicación que componen la red del ICLEP, donde se edita, imprime y distribuye, de forma gratuita, a la población pequeños periódicos con periodicidad quincenal. Cada uno de estos medios se encuentra en seis diferentes provincias cubanas. Desde el 2016, el ICLEP monitorea, documenta y redacta un informe temático, cada año, sobre hechos violatorios a la libertad de expresión y prensa. Ese mismo año Reporteros Sin Fronteras (RSF) tomó como fuente un informe del ICLEP y ubicó al gobernante cubano, Raúl Castro, entre los 35 Depredadores a la Libertad de Prensa en el mundo.
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