El crimen organizado del socialismo del siglo 21 falsifica, encarcela, exilia, tortura y mata para perpetuarse en el poder, pero más allá del control por la fuerza y la violencia, tales actos son nulos de pleno derecho, no tienen legitimidad y no tienen legalidad, son prueba de los crímenes que solo se sostienen mientras de detenta el poder
Autores02 de septiembre de 2024 Carlos Sánchez Berzaín
A cinco semanas del 28-J la situación está definida en Venezuela con el reconocimiento de la contundente victoria de Edmundo González Urrutia y la comprobación de que el grupo de delictivo de Nicolás Maduro solo tiene el crimen como instrumento para continuar usurpando el poder. Maduro y su cártel de terrorismo de Estado transnacional han perpetrado la falsificación de un resultado electoral y han tratado de legalizarlo con sus jueces títeres, pero el Tribunal de Justicia Legítimo de Venezuela ha declarado nulos tales actos y señalado la no impunidad.
Los venezolanos siempre han luchado por su libertad y defendido la democracia. Algunos se opusieron a la habilitación del reo golpista Hugo Chávez como candidato, algunos más trataron de impedir democráticamente que llegue a la presidencia, muchos se arriesgaron para evitar que consolide su dictadura, bastantes nunca creyeron en su narrativa y pronosticaron la miseria, y cuando su muy oportuna muerte -para la dictadura de Cuba- se transformó en control total, millones de venezolanos pasaron a la resistencia y al exilio.
En esta larga lucha, las fuerzas del crimen organizado castrochavista retuvieron el gobierno por la existencia de una “oposición funcional” que nunca tuvo el propósito de tomar el poder sino de acompañar y sostener a la dictadura, pero sucedieron hechos históricos importantes como la elección del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por la Asamblea Nacional, el 21 de julio de 2017 por un período de 12 años.
Inmediatamente después de la juramentación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro ordenó públicamente la detención y juzgamiento de los magistrados por tribunales militares, acusándolos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir, imponiendo la congelación de su patrimonio y de sus cuentas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron el 22 de julio de 2017 al magistrado Ángel Zerpa, integrante de la Sala Político-Administrativa, y el resto de los magistrados pasaron a la clandestinidad y salieron de Venezuela.
Este es el Tribunal Supremo -legítimo- de Justicia de Venezuela que tiene mandato constitucional hasta el 21 de julio de 2029 y es el único órgano judicial competente. Se mantiene integrado por 23 magistrados exiliados en 5 países: 13 en Estados Unidos, 3 en Chile, 3 en Panamá, 2 en España, 1 en Colombia y 1 en Alemania.
El 13 de octubre de 2017 en acto público celebrado en la Organización de Estados Americanos en Washington DC el Tribunal comenzó el cumplimiento de su mandato constitucional como supremo órgano de la administración de justicia de Venezuela y desde entonces ha dictado resoluciones relevantes que la dictadura incumple, que el sistema internacional reconoce y que prueban los crímenes del grupo criminal que detenta el poder en Venezuela evitando la impunidad.
El desconocimiento, enjuiciamiento fraguado, persecución, y desconocimiento de las potestades legales del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por parte de Nicolás Maduro y su grupo delictivo es la constante criminosa que ahora pretende repetir con el triunfo de Edmundo González Urrutia y con el liderazgo de María Corina Machado. El crimen organizado del socialismo del siglo 21 falsifica, encarcela, exilia, tortura y mata para perpetuarse en el poder, pero más allá del control por la fuerza y la violencia, tales actos son nulos de pleno derecho, no tienen legitimidad y no tienen legalidad, son prueba de los crímenes que solo se sostienen mientras de detenta el poder.
Mediante Resolución SP-R021/2024 de 30 de Agosto de 2024, el Tribunal Supremo se Justicia de Venezuela en PLENO “ordena al Consejo Nacional Electoral completar los actos electorales relativos a las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio de 2024, DECLARANDO COMO PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL CIUDADANO EDMUNDO GONZALEZ URRUTIA” y “se declaran como ACTOS INEXISTENTES Y POR ENDE NULOS DE PLENO DERECHO, LA PROCLAMACION LEIDA POR EL CIUDADANO ELVIS AMOROSO HIDOBRO en fecha 29 de julio de 2024, en la cual anuncio como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro Moros”.
El artículo segundo “declara NULO E INEFICAZ el documento leído por la ciudadana abogado Carysilia Beatriz Rodríguez, conjuntamente con los abogados Fanny Márquez e Inocencio Figueroa, quienes usurpando funciones, pretenden validar judicialmente la irresponsable actuación del Consejo Nacional Electoral”.
Está ordenado por autoridad competente, los actos delictivos no generan derecho, son nulos, producen responsabilidades penales y civiles, y no hay impunidad. Es el gran rol que está cumpliendo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
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