González Urrutia debe asumir como Presidente Constitucional de Venezuela e iniciar un gobierno con Machado

El socialismo del siglo 21 ha perpetrado este 10 de enero en Venezuela el paso de dictadura a régimen criminal de ocupación. Ningún argumento ni narrativa da a Nicolás Maduro y su grupo de delincuencia organizada trasnacional condición política alguna, porque Venezuela tiene un Presidente Constitucional elegido e internacionalmente reconocido que es Edmundo González Urrutia, cuya juramentación ha sido impedida por acciones terroristas. Para restituir la soberanía al pueblo de Venezuela, González Urrutia tiene el deber de asumir como Presidente Constitucional e iniciar gobierno con María Corina Machado

Desde el 10 de enero 2025 Venezuela es un país ocupado por un grupo de delincuencia organizada trasnacional con control militar. En Derecho Internacional la “ocupación es el control efectivo por un estado o grupo, de un territorio sobre el que no tiene soberanía, sin el consentimiento del Estado del territorio”.

El mandato soberano expresado el 28 de julio ordena que Edmundo González Urrutia sea juramentado como Presidente Constitucional de Venezuela, pero por acciones de terrorismo y crimen organizado el socialismo del siglo 21 o castrochavismo -con ocupación militar y criminal- ha tomado el control del Estado contra la voluntad y la soberanía, falsificando una posesión presidencial de Nicolás Maduro quien luego ha informado que “se prepara junto con los regímenes de Cuba y Venezuela para tomar las armas”.

Asumiendo la representación del país que ocupa, Maduro ha dicho: “Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para…tomar las armas”. Hay que entender que sus hermanos mayores son las dictaduras de Irán, Rusia, Corea del Norte y China, que podrían estar dispuestas a hacer de Venezuela un nuevo frente de la “Guerra Global” en la que ya agreden con Rusia a Ucrania y con el terrorismo e Irán a Israel.

Crimen organizado trasnacional liderado por Cuba y acompañado abiertamente por Nicaragua y Bolivia, terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, narcoestado y ahora ocupación militar/criminal, son es estado de situación de Venezuela hoy.

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Es un escenario que hace pública la amenaza a las democracias de las Américas. Es técnicamente una declaración de guerra, porque los países que no estén dispuestos a aceptar y consentir los crímenes perpetrados en Venezuela y los que siguen y suman, deben estar dispuestos a sufrir la violencia armada con la que ya someten al pueblo venezolano.

Sin embargo, la cuestión de fondo es que Venezuela tiene Presidente Constitucional, Edmundo González Urrutia, electo por más de dos tercios de votos el 28 de julio 2024, reconocido como presidente electo por las democracias del mundo, quien es hoy el elemento fundamental para terminar la ocupación que sufre Venezuela.

El mandato del pueblo venezolano, la ocupación territorial, la confesa vulneración de la paz y seguridad internacionales imponen que Edmundo González Urrutia asuma como Presidente Constitucional de Venezuela. No se trata de una cuestión de forma de dónde o cómo, es un asunto de fondo porque Maduro no representa a Venezuela y el gobierno constitucional encabezado por González-Urrutia/Machado tiene el mandato y el deber de recuperar la soberanía venezolana.

A González Urrutia como Presidente Constitucional de Venezuela le corresponde proceder de inmediato -desde cualquier lugar del mundo- a nombrar vicepresidenta o jefa de gobierno a María Corina Machado, designar gabinete de ministros, embajadores y todo el personal del sistema diplomático y consular y ordenar a los mandos militares actuales la inmediata aprehensión de los invasores de la soberanía venezolana.

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El presidente electo puede hacer invocaciones que no han sido escuchadas, pero el Presidente Constitucional dará ordenes que generan desacato y gravísimas responsabilidades internas e internacionales a quienes pretendan seguir ocupando Venezuela con cargos y funciones usurpadas.

Las órdenes del Presidente Constitucional serán el certificado de ilegalidad e ilegitimidad de los ocupantes criminales, impedirán la suplantación de las representaciones diplomáticas y consulares en el mundo poniendo a los países receptores en la obligación de respetar sus obligaciones internacionales, y permitirán la distinción entre los militares/criminales y los que estén al servicio de su Patria y su pueblo.

Ante el caso de que las órdenes del Presidente Constitucional como Jefe de las Fuerzas Armadas no fueran acatadas, entonces como Jefe de Estado y Jefe de las Relaciones Internacionales, podrá pedir a las democracias de las Américas y del Mundo “la conformación de una Fuerza de Tarea Multinacional bajo el mando del Presidente Constitucional para cesar la ocupación y recuperar la soberanía de Venezuela”, instancia legítima de uso de la fuerza y que destroza la narrativa de agresión o invasión que prepara el socialismo del siglo 21 para mantener la ocupación.

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