Mientras cualquier emprendedor en Bolivia está sujeto a tremendas fiscalizaciones por parte del Estado, un narco, que movía más de 600 millones de dólares semestrales de manera ilegal, gozaba de protección y apoyo de altas esferas de la Policía Boliviana
Autores20 de agosto de 2023 HUGO BALDERRAMA
Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador y gran estudioso de la política sudamericana, en su libro, Las dictaduras del Socialismo del Siglo 21, expresa lo siguiente:
"Una vez que los autócratas del Socialismo del Siglo 21 recibieron las amplias atribuciones que les otorgaban las nuevas constituciones, armaron un enjambre de leyes que mantienen atrapadas las instituciones de la democracia. Mediante el sometimiento de las funciones legislativas, judiciales y de los órganos de control, conformaron un sistema de dominación política, económica, social, electoral y cultural. También se valieron de juicios penales, acciones administrativas, inspecciones laborales, fiscalizaciones tributarias y otras formas de intimidación para, aparentando usar la ley, perseguir maliciosamente a los adversarios políticos".
Este proceso, tan claramente descrito por Hurtado, es el que aplicó Evo Morales para entregar el país a las garras del castrochavismo. Obviamente, la ausencia de democracia, institucionalidad y libertad en Bolivia tiene consecuencias que son evidentes para la vida, la libertad, la economía y la propiedad privada de los bolivianos, veamos.
Una de las jugarretas de marketing que usaron los panegiristas de Morales fue mostrar a Bolivia como un "milagro económico". Sin embargo, la realidad es distinta, el modelo económico del cocalero y su ministro estrella, Arce Catacora, no fue otra cosa que un incremento masivo del gasto público, la mayoría destinado a cumplir caprichos de Morales y sus secuaces, por ejemplo, el museo de Orinoca.
Al respecto, el trabajo de Acceso Investigativo y CONNECTAS sobre el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, mostró que los contratos millonarios favorecieron a empresarios cercanos al poder, incluso muchas de estas empresas ni siquiera contaban con el registro ante el Servicio de Impuestos Nacionales. En resumen, el repartir dineros a manos llenas entre los cuates terminó en obras inconclusas, subutilizadas y sobredimensionadas. Desde luego, esta genial investigación es solamente una pequeña muestra del desastre, ya que la destrucción de capital y corrupción son mucho más grandes.
Los datos económicos que presenta la dictadura boliviana son un dibujo libre, ya que no existe ninguna institución que produzca estadísticas de manera independiente del poder central. De hecho, cuando uno escucha a Marcelo Montenegro o Arce Catacora hablar de economía siente que se trata de imponer una posverdad al fiel estilo orwelliano, pues hay que ser muy cínico para afirmar que somos la envidia del mundo mientras la mayoría de los bolivianos tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Por otra parte, el jefe cocalero, junto con sus sindicatos de productores de coca, pandillas en realidad, ha puesto la política exterior boliviana al servicio de las tiranías de Irán, Rusia y China. Además, bajo el pretexto de luchar contra el imperialismo, expulsó a la DEA y abrió Bolivia a todos los cárteles del narcotráfico mundial. Prueba de esto último es la presencia descarada en el país de uno de los narcotraficantes más buscados a nivel mundial, Sebastián Marset.
Acá hay que resaltar una paradoja, mientras cualquier emprendedor en Bolivia está sujeto a tremendas fiscalizaciones por parte del Estado, un narco, que movía más de 600 millones de dólares semestrales de manera ilegal, gozaba de protección y apoyo de altas esferas de la Policía Boliviana.
Hay que decirlo sin miedo: Bolivia es una narcodictadura. Nuestro país tiene más de 200 presos políticos. Jeanine Áñez y Fernando Camacho son sólo los casos más notables. La economía boliviana, luego de haber gozado de unos ingresos jamás pensados por gobiernos anteriores, enfrenta una ausencia de dólares que hace muy difícil el abastecimiento de productos importados, entre ellos, la medicina. Y cualquier boliviano que decida ejercer el libre pensamiento puede ser víctima del terrorismo de Estado.
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