A principios del Siglo XXI, todos los países de América Latina, en general, y Bolivia, en particular, vivieron episodios luctuosos, pues grupos violentos tomaban las calles y carreteras con una sola consigna: cambio.
El ataque a nuestras naciones venía en, al menos, tres frentes: 1) La creación de una narrativa que ponía a presidentes como Gonzalo Sánchez de Lozada y Jamil Mahuad como cabezas de gobiernos opresores y discriminadores contra los pobres. 2) La subversión y la violencia extrema camufladas de protestas sociales. 3) La manipulación de la información mediante operadores en medios de comunicación social.
La experiencia revela cómo movimientos, aparentemente progresistas, son, en realidad intereses egoístas de bandidos que aprovechan el caos, la retórica emancipadora y el fervor popular para consolidar poder, enriquecerse o implantar nuevas formas de opresión, por ejemplo, Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Seamos honestos, hay que ser muy ingenuos para seguir pensando que los dictadores del Socialismo del Siglo XXI son políticos.
Además, las dictaduras trajeron varias plagas apocalípticas: pobreza, inseguridad, desinversión y corrupción. Verbigracia, el World Justice Project (WJP), una organización internacional cuya misión es promover el Estado de derecho, determinó que nuestro país ocupa el último puesto de 32 países en la región, mientras que a escala mundial se ubica en el puesto 141 de 142 naciones evaluadas. Es decir, somos el país más corrupto de América Latina y el segundo del mundo.
La metodología del informe usa ocho factores de medición, pero el que tiene más peso ponderado en el caso de Bolivia es el referido al acápite de la administración de justicia. El examen mide si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o agilizar procesos, y si el Poder Judicial y sus decisiones están libres de influencia indebida por parte del gobierno, intereses privados y organizaciones criminales.
Asimismo, se observa si los policías y los investigadores criminales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para realizar servicios policiales básicos o investigar delitos, y si los funcionarios gubernamentales en la Policía y el Ejército están libres de influencia indebida por parte de intereses privados u organizaciones criminales.
Por último, se mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables sobre la legislación.
WJP explica que este factor evalúa cuán eficaz es la justicia penal de un país, tomando en cuenta que se trata de un mecanismo para reparar agravios y entablar acciones legales contra las personas por delitos contra la sociedad. Con resultados tan malos, cualquier explicación sobra.
Observe lo grave del asunto, la corrupción es tan grande que se debe sobornar incluso para las cosas más simples. por citar un caso, entregar una demanda a la contraparte en un juicio.
Así es, si el funcionario judicial no recibe su «cariño», imposible que cumpla algo tan básico como hacer su trabajo por el cual los bolivianos le pagamos un sueldo. De hecho, quienes tuvimos la mala experiencia de litigar en procesos judiciales, recibimos siempre el mismo consejo: «todo es con plata».
A modo de conclusión, la única oferta real, creíble y necesaria es la de desmontar todo el sistema de leyes infames y mecanismos de corrupción que atentan contra la vida, la propiedad y la libertad de los bolivianos, puesto que todo lo demás cae en saco roto, incluso las buenas intenciones de conseguir dólares en pocas semanas.
