Todo apunta a que el gobierno de Chile pretende tratar el tema como crimen común, pero no se trata de crímenes comunes pues la realidad objetiva señala su naturaleza política trasnacional y de lesa humanidad (Art. 7.1.h,i,k Estatuto de Roma)
Autores09 de marzo de 2024 Carlos Sánchez Berzaín
Un perseguido político por la dictadura de Venezuela asilado en Chile, fue secuestrado y asesinado por un grupo armado que lo sacó de su vivienda en Santiago. Los antecedentes de la víctima y la naturaleza de la dictadura que detenta el poder en Venezuela obligan a investigar un acto de “extraterritorialidad del terrorismo de Estado” que practica el socialismo del siglo 21, que ultraja la soberanía de Chile y cuestiona al presidente Boric.
La información de prensa revela que el ciudadano venezolano Ronald Ojeda, de 32 años de edad, Oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas, preso político, parte del Premio Sajarov 2017, torturado que había escapado de la prisión de Ramo Verde, degradado y expulsado del Ejercito por la dictadura de Venezuela, con asilo político otorgado en Chile, casado y padre de un niño de cuatro años, el “miércoles 21 de Febrero fue raptado por cuatro sujetos armados y con acento caribeño, desde su domicilio en la comuna santiaguina de Independencia”. Más de una semana después “su cuerpo fue encontrado en una estructura de cemento, al interior de una maleta, en un campamento irregular de la comuna de Maipú” en el mismo Santiago.
El 18 de enero de 2024 los gobiernos de Chile y Venezuela representados por Manuel Monsalve Subsecretario del Interior de Chile y José Humberto Ramírez Marque Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal de Venezuela, suscribieron el titulado “Convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Publica de la Republica de Chile y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, en Materia de Colaboración Policial”.
Este “Convenio de Colaboración” se firmó entre un país con democracia que es Chile y una dictadura como es Venezuela, mencionando como objeto la “colaboración con el fin de facilitar información en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales” y señalando como “acciones a realizar” el “desarrollar acciones dirigidas a la colaboración y el intercambio de información respecto a delitos violentos….”. El contenido del convenio, lejos de beneficiar a la seguridad de Chile, lo ratifica en la órbita de los gobiernos para dictatoriales, esto es “gobiernos democráticos al servicio de la dictaduras” del castrochavismo. La incongruencia del convenio es notable.
Suponemos que la ubicación, secuestro y asesinato de Ronald Ojeda no tiene ninguna vinculación con el Convenio de Colaboración vigente entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y del dictador Nicolas Maduro, pero su existencia y extensión es una amenaza escrita contra todos los perseguidos, refugiados y asilados venezolanos en territorio chileno.
Luego del secuestro de Ojeda, el gobierno del presidente Boric afirmó que “no se descarta ninguna hipótesis” y que trabajaba en “tres líneas investigativas: un posible rapto por parte de agentes de la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana, un auto secuestro para perderle la pista al régimen de Maduro y un simple secuestro extorsivo llevado a cabo por el crimen organizado…”. Con la constatación del asesinato, la ministra del Interior de Boric expresó “condolencias a su familia y cercanos” y agregó que “seguiremos apoyando la investigación que lleva la Fiscalía de Chile para que este crimen sea plenamente aclarado y castigado con la mayor dureza”.
Todo apunta a que el gobierno de Chile pretende tratar el tema como crimen común, pero no se trata de crímenes comunes pues la realidad objetiva señala su naturaleza política trasnacional y de lesa humanidad (Art. 7.1.h,i,k Estatuto de Roma). La condición de la víctima, las circunstancias de su presencia en Chile, la naturaleza de la dictadura de Venezuela, las imágenes del “operativo de secuestro” con aparente suplantación de autoridad en el video del edificio donde su produjo el secuestro y el asesinato, no permiten la distancia que el presidente Boric y su gobierno pretenden tomar de este caso.
Se trata de un asunto de interés mundial, que ultraja la soberanía de Chile como país independiente y democracia, porque su poder y autoridad han sido violados en su propio territorio. Los efectos del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda urgen la investigación del ejercicio de terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Venezuela en territorio chileno. ¿Quién tiene interés en este tipo de crímenes que no sea el detentador del poder que somete al pueblo venezolano? Terrorismo de Estado es producir miedo y ha sido producido en territorio chileno con efectos en Venezuela, en las Américas y en el mundo.
Una persona con posiciones tan notorias en el señalamiento de la violación de derechos humanos como Gabriel Boric, está ahora cuestionado por su silencio respecto a estos crímenes que se han cometido bajo su jurisdicción y que no pueden ser encubiertos bajo su autoridad.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado, politólogo, catedrático y ensayista boliviano exiliado en Estados Unidos. Fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Es autor de varios libros sobre las dictaduras del siglo XXI y director del Interamerican Institute for Democracy.
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