Todo apunta a que el gobierno de Chile pretende tratar el tema como crimen común, pero no se trata de crímenes comunes pues la realidad objetiva señala su naturaleza política trasnacional y de lesa humanidad (Art. 7.1.h,i,k Estatuto de Roma)
Autores 09 de marzo de 2024 Carlos Sánchez Berzaín
Un perseguido político por la dictadura de Venezuela asilado en Chile, fue secuestrado y asesinado por un grupo armado que lo sacó de su vivienda en Santiago. Los antecedentes de la víctima y la naturaleza de la dictadura que detenta el poder en Venezuela obligan a investigar un acto de “extraterritorialidad del terrorismo de Estado” que practica el socialismo del siglo 21, que ultraja la soberanía de Chile y cuestiona al presidente Boric.
La información de prensa revela que el ciudadano venezolano Ronald Ojeda, de 32 años de edad, Oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas, preso político, parte del Premio Sajarov 2017, torturado que había escapado de la prisión de Ramo Verde, degradado y expulsado del Ejercito por la dictadura de Venezuela, con asilo político otorgado en Chile, casado y padre de un niño de cuatro años, el “miércoles 21 de Febrero fue raptado por cuatro sujetos armados y con acento caribeño, desde su domicilio en la comuna santiaguina de Independencia”. Más de una semana después “su cuerpo fue encontrado en una estructura de cemento, al interior de una maleta, en un campamento irregular de la comuna de Maipú” en el mismo Santiago.
El 18 de enero de 2024 los gobiernos de Chile y Venezuela representados por Manuel Monsalve Subsecretario del Interior de Chile y José Humberto Ramírez Marque Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal de Venezuela, suscribieron el titulado “Convenio entre el Ministerio del Interior y Seguridad Publica de la Republica de Chile y el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, en Materia de Colaboración Policial”.
Este “Convenio de Colaboración” se firmó entre un país con democracia que es Chile y una dictadura como es Venezuela, mencionando como objeto la “colaboración con el fin de facilitar información en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales” y señalando como “acciones a realizar” el “desarrollar acciones dirigidas a la colaboración y el intercambio de información respecto a delitos violentos….”. El contenido del convenio, lejos de beneficiar a la seguridad de Chile, lo ratifica en la órbita de los gobiernos para dictatoriales, esto es “gobiernos democráticos al servicio de la dictaduras” del castrochavismo. La incongruencia del convenio es notable.
Suponemos que la ubicación, secuestro y asesinato de Ronald Ojeda no tiene ninguna vinculación con el Convenio de Colaboración vigente entre el gobierno del presidente Gabriel Boric y del dictador Nicolas Maduro, pero su existencia y extensión es una amenaza escrita contra todos los perseguidos, refugiados y asilados venezolanos en territorio chileno.
Luego del secuestro de Ojeda, el gobierno del presidente Boric afirmó que “no se descarta ninguna hipótesis” y que trabajaba en “tres líneas investigativas: un posible rapto por parte de agentes de la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana, un auto secuestro para perderle la pista al régimen de Maduro y un simple secuestro extorsivo llevado a cabo por el crimen organizado…”. Con la constatación del asesinato, la ministra del Interior de Boric expresó “condolencias a su familia y cercanos” y agregó que “seguiremos apoyando la investigación que lleva la Fiscalía de Chile para que este crimen sea plenamente aclarado y castigado con la mayor dureza”.
Todo apunta a que el gobierno de Chile pretende tratar el tema como crimen común, pero no se trata de crímenes comunes pues la realidad objetiva señala su naturaleza política trasnacional y de lesa humanidad (Art. 7.1.h,i,k Estatuto de Roma). La condición de la víctima, las circunstancias de su presencia en Chile, la naturaleza de la dictadura de Venezuela, las imágenes del “operativo de secuestro” con aparente suplantación de autoridad en el video del edificio donde su produjo el secuestro y el asesinato, no permiten la distancia que el presidente Boric y su gobierno pretenden tomar de este caso.
Se trata de un asunto de interés mundial, que ultraja la soberanía de Chile como país independiente y democracia, porque su poder y autoridad han sido violados en su propio territorio. Los efectos del secuestro y asesinato de Ronald Ojeda urgen la investigación del ejercicio de terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Venezuela en territorio chileno. ¿Quién tiene interés en este tipo de crímenes que no sea el detentador del poder que somete al pueblo venezolano? Terrorismo de Estado es producir miedo y ha sido producido en territorio chileno con efectos en Venezuela, en las Américas y en el mundo.
Una persona con posiciones tan notorias en el señalamiento de la violación de derechos humanos como Gabriel Boric, está ahora cuestionado por su silencio respecto a estos crímenes que se han cometido bajo su jurisdicción y que no pueden ser encubiertos bajo su autoridad.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado, politólogo, catedrático y ensayista boliviano exiliado en Estados Unidos. Fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Es autor de varios libros sobre las dictaduras del siglo XXI y director del Interamerican Institute for Democracy.
Pero ojo, aunque grupos y partidos de extrema izquierda hayan sufrido un golpe electoral, la izquierda no ha sido derrotada, y los populares no son precisamente sus vitales enemigos. Hoy los conservadores y la derecha real se enfrentan, además de a sus históricos enemigos de la izquierda, también a los farsantes de la centroderecha
Los canallescos actos de subversión que tienen lugar en los campus de Estados Unidos están bien financiados y organizados. El dinero que financia a muchos de los grupos que están coordinando logísticamente el vandalismo, las protestas y las ocupaciones y destrucción de espacios públicos, son donantes importantes de grupos y causas de la extrema izquierda y políticos del Partido Demócrata
El Socialismo del Siglo XXI ha demostrado ser, en teoría, un recalentado de viejos errores, verbigracia, la centralización de la actividad económica en manos del Estado
Además de incentivar el victimismo en las mujeres, promover la ideología de género y el aborto, y sembrar el odio hacia el hombre, era una maquiavélica máquina de gastos injustificables e insostenibles. Lejos de ayudar a las mujeres, el citado ministerio les ha fallado. No se podía esperar lo contrario
Todas estas conductas son delitos graves que hacen aplicable la Convención de Palermo por mandato del artículo 2 inciso b que define: “por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”
Aunque usted no lo crea, la gran mayoría de mis colegas creían, todavía creen, que mientras más gasta el Estado, mejor nos va como país. En síntesis, Arce Catacora y Evo Morales estaban siguiendo la receta que se enseña en la Facultad de Economía: el multiplicador keynesiano
El Partido Republicanos sigue ganando más apoyo entre los más jóvenes. "Trump se niega a aceptar esta versión falsa, patética y mutilada del sueño americano", dice Kirk, de 30 años
“¡Necesito que todos los patriotas nos sintonicen! ¡Ahora es el momento de que usted lleve su apoyo al siguiente nivel, para que podemos hacer grande a Estados Unidos otra vez!”
Y continuarán las tragedias mientras dure este régimen criminal que, según sus conveniencias, lo mismo alienta el éxodo que ordena hundir embarcaciones cargadas de personas que huyen de la miseria
Cuando en 1967 le confirieron a Asturias el Premio Nobel de Literatura —fue el segundo latinoamericano en recibirlo, luego de la chilena Gabriela Mistral en 1945— muchos escritores izquierdistas latinoamericanos, entre ellos Gabriel García Márquez, lo atacaron con saña, calificándolo de “traidor” y “vendido”
Con un repudio de cerca del 80% del pueblo venezolano, con encuestas que le dan 21% de intención de voto frente al 64% de González Urrutia tiene el sistema para falsificar el resultado pero la realidad objetiva ya no se lo permite. En esta realidad, Maduro ha perpetrado terrorismo de Estado directo amenazando con “un baño de sangre y una guerra civil fratricida” si no gana la elección que no puede ganar
