El 28 de febrero del 2008, Evo Morales, en acuerdo con Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, los opositores con mayor presencia en el congreso, promulga la Ley 3837, permitiendo que la República de Bolivia sea reemplazada por el Estado Plurinacional
Cumbre del crimen organizado de Las Américas con sigla Alba en Venezuela
Todas estas conductas son delitos graves que hacen aplicable la Convención de Palermo por mandato del artículo 2 inciso b que define: “por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”
Autores03/05/2024 Carlos Sánchez Berzain
La reunión de los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en Caracas bajo la sigla de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, es la más reciente prueba de la manipulación del sistema internacional por el crimen organizado trasnacional, en la estrategia de encubrir como política los delitos que cometen y que anuncian volverán a perpetrar. Lo que se ha tratado de presentar como una reunión de presidentes ha sido la cumbre de los capos del castrochavismo y acólitos.
Castrochavismo es “la denominación que describe el sistema de crimen organizado transnacional que usurpa el poder político en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que debe ser tratado como una estructura de delincuencia organizada y no como un proceso político”.
Su naturaleza criminal está señalada por la Convención de Palermo o Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, artículo 2 inciso a), que define: “por grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Los dictadores de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han convertido los países que someten en narcoestados, centros de protección y exportación del crimen y se aferran al poder mediante terrorismo de Estado que es “la utilización de métodos ilegítimos, comisión de crímenes por parte de un gobierno, con el propósito de producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían de otra forma”.
Todas estas conductas son delitos graves que hacen aplicable la Convención de Palermo por mandato del artículo 2 inciso b que define: “por delito grave se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”.
El ALBA-TCP es un mecanismo de las dictaduras de Cuba y Venezuela creado el 14 de diciembre de 2004 para ampliar su influencia y debilitar la institucionalidad del sistema internacional, que se define como “una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación...”.
Evo Morales incorporó a Bolivia en 2006, Daniel Ortega a Nicaragua en 2007, Rafael Correa a Ecuador en 2009 que se retiró en 2018, Manuel Zelaya a Honduras en 2008 que se retiró en 2010. Las naciones caribeñas Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía se agregaron.
La denominada “23 cumbre del Alba” ha sido simplemente la reunión de emergencia de los dictadores del socialismo del siglo 21 -todos en crisis de repudio popular y miseria- por la derrota estratégica sufrida por la dictadura de Venezuela en el proceso de “elecciones en dictadura” con la habilitación del candidato único de oposición Edmundo Gonzales Urrutia, luego de inhabilitar con acciones delictivas a la candidata ganadora de la primaria opositora María Corina Machado y a su designada Corina Yoris.
El dictador/candidato Nicolas Maduro con un repudio popular que supera el 80% es el seguro perdedor de las elecciones marcadas y manipuladas por el régimen para el próximo 28 de julio, salvo que el crimen organizado del socialismo del siglo 21 repita operaciones como las de Venezuela 2018, Bolivia 2020 y Nicaragua 2021.
La denominada “Declaración de la 23 Cumbre del ALBA-TPC de Caracas” del 24 de abril 2024 con 22 puntos declarativos y repetitivos de respaldo a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, proclamas antiimperialistas y anti Europa a quien piden “compensación por el colonialismo y los horrores de la esclavitud”, de quejas por sanciones, protestas por señalamientos a las violaciones de derechos humanos que perpetran las dictaduras, protección encubierta al terrorismo internacional y más, tiene un mensaje central en el punto 18 que expresa: “Saludamos el proceso electoral en Venezuela, que se llevará a cabo el 28 de julio de 2024, y ratificamos nuestro respeto al derecho de cada país a elegir a sus autoridades, sin intervenciones de ningún tipo que atenten contra la integridad y transparencia de su proceso democrático”.
Las dictaduras del socialismo del siglo 21 no están pidiendo “elecciones libres y justas fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular”, todo lo contrario, están suplantando este derecho humano universal y obligación jurídica internacional con el sofisma “derecho de cada país a elegir sus autoridades sin intervenciones de ningún tipo”, dando carácter interpretativo a la democracia con el agregado “de su proceso democrático”.
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