Las dictaduras del socialismo del siglo 21 en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua tienen una simulación de “poder legislativo” o “asamblea” que proclaman como el “supremo poder del Estado”, con la competencia de “aprobar, modificar y derogar leyes”, pero que en verdad es un subalterno de régimen para simular separación e independencia de poderes e intentar legalizar el terrorismo de estado y el crimen organizado por medio de “leyes infames”.
He definido como “ley infame” la “norma que elaborada y establecida siguiendo el procedimiento formal para su creación, viola en su objeto y/o contenido los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Las leyes infames son el producto normal de los legislativos de las dictaduras, pero pueden darse también en democracia en la que el control de constitucionalidad base en el “estado de derecho” repara prontamente el abuso.
En democracia, el legislativo es parte del gobierno basado en la “separación e independencia de los poderes públicos, que además de formular leyes tiene funciones de fiscalización del ejecutivo, que son efectivas y notorias incluso en los gobiernos con mayoría parlamentaria, por la sujeción al “estado de derecho”, que es el cumplimiento de la ley sometido al control de constitucionalidad ejercido por el órgano judicial o por un tribunal constitucional.
La narrativa de las dictaduras está fundada en la falsificación y la suplantación de conceptos, como lo prueba la constitución de la dictadura de Cuba, que se nomina como “república proclamada el 10 de Abril de 2019″, que se llama como “estado democrático”, y en el que inscriben crímenes e instigación al delito como el caso de su artículo 4 que determina “el sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable.
Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta constitución”.
El seudo constitucionalismo dictatorial de Cuba se ha expandido en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y fracasado en Chile, Argentina, Perú y otros países. Es solamente la redacción bajo imposición de la fuerza de enunciados que violentan los principios y valores de la libertad y la democracia, los fundamentos mínimos del respeto a los derechos humanos. Se trata del crimen organizado dictando textos para convertir a los delincuentes en políticos y transformar crímenes de lesa humanidad en hechos que falsifican el conceptos.
En este orden, los legislativos de las dictaduras son solo obediencias de las decisiones de la concentración de poder por medio de títeres operadores que se hacen llamar asambleístas, legisladores o congresistas y que deben ser separados y repudiados de tales denominaciones para proteger a los verdaderos representantes de la soberanía popular que solo son posibles en democracia, con sufragio universal, elecciones libres, rendición de cuentas, estado de derecho, libertad de prensa, libre asociación política y sin terrorismo de Estado.
En las dictaduras del socialismo del siglo 21 no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Por el contrario, sus características consisten en la negación de tales elementos porque las dictaduras pueden ser reconocidas por la violación de los derechos humanos y libertades individuales probadas por los presos políticos, por la inexistencia de separación e independencia de los poderes públicos evidenciadas por la participación activa en el terrorismo de estado de sus jueces y legisladores, por la ausencia de estado de derecho acreditada por la violación de las leyes de vigencia universal, por la desaparición del sufragio universal como expresión de la soberanía popular reemplazado por la dictadura electoralista en la que el pueblo vota pero no elige, y por la imposibilidad de libre organización política expresada en sistemas de partido único o con oposiciones funcionales.
Este recordatorio de viejas constataciones debería evitar seguir cayendo en el juego de las dictaduras, de sus simulaciones, de sus falsificaciones, de sus trampas que son más crímenes y que solo les dan más tiempo para detentar el poder. Ninguna norma que emane de las llamadas legislaturas o asambleas de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua puede seguir siendo aceptadas por los países democráticos ni por sus líderes.
Las dictaduras son una anormalidad, una agresión a la humanidad y al sistema internacional. La tolerancia de los países democráticos y de los jefes de estado y de gobierno de las democracias de las Américas y del mundo a su existencia y a la sostenida falsificación de sofismas institucionales, solo deja en falta a los lideres, en un tiempo en el que la información señala la falsedad.
Las leyes infames que son injustas son resistidas por los pueblos sometidos por las dictaduras, pero no pueden ser aceptadas y toleradas por el sistema internacional. El silencio no es una opción, el peor de los crímenes es el de omisión.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado, politólogo, catedrático y ensayista boliviano exiliado en Estados Unidos. Fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Es autor de varios libros sobre las dictaduras del siglo XXI y director del Interamerican Institute for Democracy.
