El socialismo del siglo 21 repite en Venezuela su ritual delictivo para falsificar la elección de un dictador que tiene más del 80% de repudio popular. El llamado proceso electoral es una seguidilla de delitos que ha inscrito como candidatos al dictador Nicolas Maduro y 12 seudo postulantes de su amaño, impidiendo que la candidata única de oposición María Corina Machado participe. La gravedad y contundencia de los hechos deja a los líderes democráticos venezolanos y de la comunidad internacional con la única opción de desconocer y terminar esta delictiva farsa.
El sistema de “dictadura electoralista en que el pueblo vota pero no elige”, creado por el socialismo del siglo 21 para detentar indefinidamente el poder con dictadores que son supuestamente electos indefinidamente, está nuevamente en operación en el mal llamado proceso electoral de Venezuela que tiene como día de votación el 28 de julio de 2024. La expansión del castrismo cubano convertido en castrochavismo latinoamericano en el siglo XXI difunde la falacia de que votar es democracia, manipulando votaciones que en lugar de representar la voluntad popular la falsifican.
Votaciones con partido único en la dictadura de Cuba se han expandido a votaciones con candidato dictatorial que resulta ser también único -porque es el único que puede ganar- en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En las votaciones que se manipulan con el rótulo de elecciones en estas dictaduras satélites, el régimen impone su dictador como candidato y la participación de una larga lista de candidatos que la misma dictadura autoriza pero que no pueden ganar, son los candidatos de la oposición funcional, candidatos cuyo papel es el de legalizar y legitimar el falsificado pluralismo y la inexistente libertad, con su corrupción.
Además de simular participación plural con candidatos opositores funcionales, la dictadura impide que el líderes de la verdadera oposición o que candidatos con opciones reales participen y lo hacen utilizando la fuerza: el sistema administrativo o judicial dictatorial para inhabilitarlos con falsedades como el caso de María Corina Machado en Venezuela, encarcelándolos o exiliándolos como en Nicaragua 2021 o Bolivia 2020, o con su asesinato como el caso de Fernando Villavicencio en Ecuador 2023.
La tragedia es que este conjunto de delitos se repite ya como ritual en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua transformados en narcoestados, convirtiendo a dictadores en presidentes y manteniendo en el poder al crimen organizado. Las dictaduras siguen indefinidamente en el poder por medio de delitos, pese a las “enérgicas protestas de la comunidad internacional” que en ocasiones impone sanciones que no impiden la continuidad dictatorial.
Este año es Venezuela con los llamados “acuerdos de Barbados”, que buscando la realización de elecciones con un aceptable grado de libertad y con la participación de opositores de verdad, solo han conseguido fortalecer la dictadura por medio del reconocimiento de su condición de gobierno con la liquidación previa del “gobierno legítimo de Venezuela”, el levantamiento de sanciones y el empoderamiento del crimen que ha tomado más presos políticos.
El llamado proceso electoral demuestra que en Venezuela no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia: se violan los derechos humanos y las libertades fundamentales, no hay estado de derecho, la dictadura concentra todos los poderes del Estado incluyendo el electoral que manipula a su antojo, no hay libre organización política y en consecuencia las elecciones libres y justas son imposibles.
La dictadura ha conformado la lista de candidatos con el dictador Nicolas Maduro y 12 candidatos que le son funcionales porque con su inscripción admiten la no participación de la “candidata única de oposición”. Los candidatos funcionales saben que no pueden ganar y menos siendo 12, porque por eso es que la oposición buscó un candidato único, que ganó la elección primaria con el 92,5% y que es María Corina Machado, la inhabilitada por decisión delictiva de la dictadura.
El candidato de la dictadura, habilitado y jefe local del sistema delictivo es Nicolás Maduro que se proclamará presidente reelecto el próximo 28 de julio. Si existiera “estado de derecho” en Venezuela, Maduro debería ser el primer inhabilitado porque se trata de un reo requerido por la justicia por narcotráfico con 15 millones de dólares de recompensa por su captura, en proceso de acusación por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Penal Internacional y probado violador de derechos humanos que permanece impune porque controla la justicia de Venezuela.
La agravante de la falsificación electoral que está en curso en Venezuela es que en plena dictadura y bajo régimen de “terrorismo de Estado” el reo internacional Nicolás Maduro, tiene menos del 12% del respaldo popular , los 12 candidatos funcionales que ha inscrito no llegan al 20% entre todos y la candidata inhabilitada María Corina Machado supera el 60% de respaldo popular.
Los candidatos funcionales solo pueden retirar sus vergonzosas postulaciones y exigir se acepte la de María Corina Machado, y la oposición verdadera y la comunidad internacional solo tienen la opción de desconocer y terminar la delictiva farsa electoral pues corren el riesgo de ser cómplices de delitos flagrantes que todo el mundo está constatando.
Carlos Sánchez Berzaín es abogado, politólogo, catedrático y ensayista boliviano exiliado en Estados Unidos. Fue ministro de la presidencia, ministro de gobierno y ministro de defensa durante el primer y segundo gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Es autor de varios libros sobre las dictaduras del siglo XXI y director del Interamerican Institute for Democracy.
