si bien la democracia se recuperó en octubre de 1982, se la volvió a perder en octubre del 2003. Es muy irresponsable seguir pensando que, en un país con más de 250 presos políticos, 800 exiliados y con un poder judicial actuando como sicarios contra los opositores, todavía exista democracia
Autores25/10/2023 Hugo Balderrama
La historia de Bolivia en los años 80 estuvo marcada por dos momentos muy importantes: 1) la recuperación de la democracia en 1982, y 2) la puesta en vigencia del Decreto Supremo 21060, que, entre otras muchas cosas buenas, frenó la inflación galopante. Hagamos un pequeño repaso de ambos íconos.
Fue el domingo 10 de octubre de 1982 cuando Hernán Siles Suazo tomaba el poder dejando atrás un pasado de violencia que caracterizó a las dictaduras militares que habían gobernado Bolivia desde 1964.
No obstante, y a pesar de que Bolivia parecía, por fin, encontrar un rumbo de paz, libertad, institucionalidad y democracia, la economía continuaba hundiéndose. Lo primero era solucionar el desabastecimiento de productos básicos, pues la inflación, que siempre desajusta la coordinación entre oferta y demanda, había dejado vacíos los mercados bolivianos. Ya no quedaba tiempo de huidas hacia adelante, mucho menos de reformas parciales, solamente quedaba tomar serias políticas de austeridad y profundas reformas estructurales, que incluían, obviamente, terminar con el rol del Estado empresario.
Dos de las medidas que buscaban equilibrar el presupuesto público y acabar con el déficit fiscal fueron: a) Eliminar el subsidio a los carburantes, y b) El despido de más de 21000 trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) de un total de 27500.
En cuanto a las reformas estructurales, se estableció la liberalización casi por completo del comercio internacional, especialmente, con modificaciones arancelarias profundas y reduciendo significativamente el monto y número total de impuestos, pero se puso mucho énfasis en liberar el mercado laboral.
Sin embargo, a pesar de lo positivo de las medidas, ya que en 1987 la economía registró un crecimiento de 2.5%, el primer dato positivo en casi una década, no se aprovechó el momento para dolarizar el total de la economía boliviana, es decir, quitarle por completo la posibilidad de financiar déficits imprimiendo billetes. Al respecto, el economista Mauricio Ríos García, en un artículo titulado: A 35 años del 21060: la oportunidad perdida para dolarizar afirma lo siguiente:
"No obstante, tal vez por falta de convicción o, peor aún, escaso dominio teórico sobre la naturaleza del problema, a pesar de que se detuvo la medida de desdolarización, así como respecto de las empresas públicas, se cometió el grave error de no establecer la reforma más importante: se perdió la oportunidad de desnacionalizar la moneda de manera definitiva al preservar la moneda nacional estableciendo su curso legal en manos del monopolio público de emisión monetaria que es el Banco Central de Bolivia. En otras palabras, no se estableció garantía alguna para que un capítulo hiperinflacionario no volviera a ocurrir en el país. Esto es lo que constituye el pecado monetario del 21060. Luego de la estabilización simplemente se sustituyó el nombre de la moneda nacional de Peso Boliviano con Boliviano".
A pesar de sus errores, puesto que no existe nada perfecto al alcance de los humanos, las medidas correctivas para la economía mostraban a una clase política boliviana madura y patriota, pues el Doctor Víctor Paz Estenssoro, en ese entonces presidente de Bolivia, consiguió el apoyo del Congreso mediante una alianza firmada con Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Hugo Banzer. Nada de intereses partidarios, mucho menos egos caudillistas, pusieron la patria primero.
La siguiente década, empezando por el gobierno de Jaime Paz Zamora (89 – 93), estuvo marcada por el compromiso de Bolivia de luchar contra el narcotráfico y la aplicación de las reformas de segunda generación, llevadas a cabo en el primer gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Para quienes nos tocó vivir la adolescencia en esa época, parecía que teníamos una Bolivia con oportunidades laborales y de emprendimiento, ya que la llegada de importantes transnacionales abrió un gran mercado laboral para los bolivianos. Pero las oportunidades no estaban, exclusivamente, en las empresas extranjeras, por ejemplo, en el Chapare cochabambino florecía una importante red empresarial, más de 150. Empero, a la par de todo lo anterior, se pergeñaba un plan macabro.
Sucede que, mientras los bolivianos nos preparábamos para ingresar al mercado laboral y aprovechar las oportunidades en una Bolivia con futuro, Evo Morales y sus secuaces del Foro de Sao Paolo (FARC, Sendero Luminoso, G2 cubano, etc.) empezaban acciones terroristas que ensangrentaron al país desde inicios del nuevo siglo.
La Guerra del Agua fue el primer globo de ensayo de esta nueva metodología criminal. Luego vino la invasión de cocaleros a Cochabamba en enero del 2002. En esa ocasión, el teniente de ejército Marcelo Trujillo Arana y el policía Antonio Gutiérrez Pallarico fueron asesinados cruelmente por los matones de Evo Morales. El plan fue consumado con la Guerra del Gas, un eufemismo para ocultar un golpe de Estado contra el segundo mandato de Sánchez de Lozada. Ese 17 de octubre del 2003 moría la república y nacía el narcoestado.
En conclusión, si bien la democracia se recuperó en octubre de 1982, se la volvió a perder en octubre del 2003. Es muy irresponsable seguir pensando que, en un país con más de 250 presos políticos, 800 exiliados y con un poder judicial actuando como sicarios contra los opositores, todavía exista democracia.
Hay que decirlo sin miedo: Bolivia es una narcodictadura.
Hugo Marcelo Balderrama es un columnista y docente boliviano que, desde Estados Unidos, colabora con medios internacionales como Panampost y La Iberia, y centros de pensamiento como el Instituto Interamericano por la Democracia. Tiene un doctorado en Economía y una maestría en Administración de Empresas. Es autor de los libros Viernes conservador (2020), Gestión de los patrimonios familiares (2019) y Fe en la libertad (2017).
Los columnistas son responsables de sus opiniones.
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