Me entrevistaron dos medios de comunicación de habla hispana. En esas entrevistas señalé que la crisis venezolana está cada vez más cerca de desembocar en una guerra civil. Ninguna de las entrevistas fue publicada porque probablemente fueron consideradas incendiarias. Sin embargo, no estaba incitando a la violencia. Simplemente llegué a una inevitable conclusión.
Varios hechos me llevaron a tal deducción. El dictador venezolano Nicolás Maduro reveló su intención de no renunciar a su poder al principio del proceso. Inhabilitó a María Corina Machado para postularse después de que recibió un apoyo abrumador en las primarias de la oposición.
Maduro también bloqueó la presencia de observadores internacionales en Venezuela. Y negó acceso al aeropuerto de Caracas a un avión que transportaba a expresidentes y líderes latinoamericanos. Por el contrario, el gobierno de Maduro, al igual que Putin durante las elecciones presidenciales rusas, trajo observadores internacionales de más de 100 países. Estos pseudo observadores no eran más que militantes simpatizantes de su régimen, y su función era confirmar un resultado electoral falso que daría la victoria al gobierno.
Entre esos “observadores” se encontraban el argentino Fernando Esteche, líder del grupo proiraní “Quebracho”, María Teresa Pérez, portavoz del partido de extrema izquierda español “Podemos”, Rodrigo Londoño (Timochenko), excomandante en jefe. del grupo rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ernesto Samper, expresidente colombiano acusado de haber recibido financiación de los cárteles de la droga, y decenas de otros militantes de América Latina y España.
Quienes creyeron en el proceso quedaron dolorosamente decepcionados. Entonces, como en Ucrania en 2004, los ciudadanos venezolanos, sintiendo una profunda traición salieron a las calles en protesta. Hasta ahora, el régimen asesinó a veinticuatro personas y más de 1.400 personas han sido arrestadas.
Algunas personas también están desaparecidas y se desconoce su suerte. El régimen venezolano es conocido por llevar a cabo desapariciones forzadas, un método practicado por las dictaduras militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980.
Mientras tanto, los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se pusieron de acuerdo con una resolución que pedía la publicación de pruebas de los resultados electorales y el fin de la persecución de los opositores. Diecisiete estados miembros votaron a favor de la resolución, 11 se abstuvieron y otros cinco países no enviaron ningún representante a la reunión. Brasil y Colombia se abstuvieron, mientras que México no envió representantes.
El presidente de México, Andrés López Obrador, ha sido un firme defensor de la no intervención en los asuntos internos de los países soberanos, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, ha sido un apologista y partidario de la dictadura venezolana.
Para añadir cinismo a tan vergonzosa actitud, Lula con apoyo de Gustavo Petro, un simpatizante del Madurismo, propuso una nueva elección, como si Maduro no fuera a cometer otro fraude. Lula, con un espíritu negador que limita con la crueldad, también afirmó que el régimen de Maduro tiene “un desagradable sesgo autoritario, pero no es una dictadura”.
Sin embargo, Luis Almagro, el valiente secretario de la OEA está intentando obtener una orden de arresto de la Corte Penal Internacional para Maduro.
Para ser realistas, incluso si la OEA hubiera alcanzado los 18 votos necesarios para aprobar la resolución sobre Venezuela, los países miembros carecen de suficiente poder como para implementar algo tangible. Incluso si Estados Unidos aplicara la máxima presión económica a través de sanciones, una entidad totalitaria como el actual gobierno venezolano haría todo lo posible para permanecer en el poder, incluso si eso significa sacrificar a su pueblo.
Basta mirar a los regímenes cubano e iraní, ambos aliados y modelos de Maduro. Los estados totalitarios, al igual que los grupos terroristas como Hamás y el Estado Islámico, ven a sus ciudadanos y civiles como prescindibles.
Además, los gobiernos de países como China, Rusia y Turquía brindarían a Maduro toda la ayuda necesaria para sobrevivir.
Los militares han sido politizados y cooptados por la maquinaria criminal del régimen. Sus líderes han sido sobornados y sus disidentes han sido purgados. El gobierno ha otorgado al ejército el control sobre los recursos nacionales primarios, como la minería, el petróleo, la distribución de alimentos y las aduanas. La “alianza entre el pueblo y los militares” se ha convertido en una alianza de los militares con el régimen.
Un escenario en el que los militares abandonen al gobierno como sucedió en las Filipinas bajo la dictadura de Ferdinand Marcos, es poco probable, más aún cuando el aparato de contraespionaje del régimen los vigila de cerca.
En su reciente libro How Civil Wars Start (Como comienzan las Guerras civiles), la politóloga Barbara Walter afirma que después de que todos los medios no violentos fracasan en lograr el objetivo, los elementos más extremos toman el control y recurren a la violencia. Bueno, yo diría que, en el caso de Venezuela, a los elementos no extremistas tampoco les quedara otra opción que recurrir a la violencia.
Se deben aplicar todos los medios posibles para obligar al gobierno de Maduro a renunciar sin recurrir a la guerra civil.
Ojalá, Venezuela, no llegue a esa tenebrosa etapa. Sin embargo, si estalla una rebelión, Estados Unidos, América Latina y las democracias mundiales deben apoyar a los rebeldes con todos los medios disponibles. La supervivencia del régimen implica no solamente una expansión de las practicas totalitarias en el continente sino también la proliferación del crimen organizado transnacional y una descontrolada anarquía que solo traerá elementos malignos a la región.
