El socialismo del siglo XXI o castrochavismo que ocupa Venezuela como grupo criminal transnacional de delincuencia organizada y con terrorismo de Estado, ahora comete más crímenes con lo que denomina “elecciones legislativas y regionales”. “Dictadura electoralista” -aplicada en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia- en la que “el pueblo vota pero no elige” porque la sociedad delictiva entre el régimen y los “opositores funcionales” suplanta la soberanía popular con crímenes contra la soberanía popular.
Para que hayan elecciones tiene que haber democracia porque elegir es “escoger o preferir a alguien”, es optar en ejercicio de la libertad que tiene el ciudadano como componente esencial del poder soberano que solo radica en el pueblo y que es periódicamente delegado por medio de mandato a los elegidos, sometidos al cumplimiento del estado de derecho, de la temporalidad del cargo y la rendición de cuentas, como mínimo.
Por eso, los elementos esenciales de la democracia -obligatorios en las Américas- son “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Venezuela es un país ocupado desde el 10 de enero de 2025 en que Nicolás Maduro y la organización criminal trasnacional que opera bajo la denominación política de socialismo del siglo XXI no entregaron el poder al Presidente electo de Venezuela Edmundo Gonzales Urrutia y la Vice Presidenta designada María Corina Machado.
Las elecciones del 28 de Julio de 2024 ofrecieron un resultado contundente de victoria del pueblo venezolano por la libertad y para recuperar la democracia y la respuesta del derrotado Maduro y la organización transnacional de crimen a la que responde fue la de aplicar terrorismo de Estado, matar, falsificar, perseguir, encarcelar, torturar y repetir todo el bagaje criminal con el que la dictadura de Cuba somete a su pueblo desde hace 65 años y que ha expandido en el siglo XXI en Venezuela, Nicaragua y Bolivia.
Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y los demás componentes del Cartel de los Soles y de diversas expresiones del crimen organizado trasnacional que detentan el poder en Venezuela, solo están cometiendo más crímenes. Venezuela tiene un Presidente Electo que opta hasta ahora por esperar el desplome del grupo criminal antes de juramentarse, pero eso no da ninguna legalidad ni legitimidad a los usurpadores que con cada acto -incluidas lo que llaman elecciones legislativas y regionales- solo delinquen mas.
Con la nueva aplicación de su metodología de “dictadura electoralista” este 25 de mayo, el socialismo del siglo XXI pretende legitimar a su dictadura satélite de Venezuela para seguir usándola como narcoestado, base de conspiración y amenaza contra la seguridad hemisférica y mundial, robándole su petróleo y riquezas, centro de protección del crimen y el narcotráfico, base de operaciones de las dictaduras extracontinentales y más. Pero el efecto real es la repetición de crímenes de lesa humanidad que solo aceleran la irremediable caída de la infamia.
En la situación de ocupación, usurpación y sometimiento que sufre el pueblo de Venezuela, los 24 gobernadores, 285 diputados a la Asamblea Nacional y 520 legisladores regionales que resulten electos y todos los que se han presentado como candidatos son también autores de los delitos de atribuirse los derechos del pueblo, falsificaciones materiales e ideológicas, uso de instrumentos falsificados, suplantación de autoridad, alta traición a la patria, sometimiento a poder extranjero y más.
Los candidatos, los electos, los promotores y todos los opositores funcionales que están participando con los usurpadores del poder, son además son cómplices de asociación con grupos delictivos de narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo porque esos son los cargos de Maduro, Cabello y Padrino López por los que tienen orden de captura internacional, con 25 millones de dólares de recompensa para cada uno de los primeros y 15 millones de dólares para Padrino.
La primera obligación de los líderes democráticos, de los presidentes y jefes de Gobierno de las democracias de las Américas y del mundo es separar la política del crimen. ¿Será que los países democráticos, luego de la comisión pública de estos y otros delitos, y de la pública asociación con el crimen organizado que ocupa y usurpa Venezuela, pueden seguir recibiendo en su territorio y dando calidad de dirigentes políticos a esta gente?
