Estados Unidos fortalece su posición frente a la dictadura cubana

MEMORANDO PRESIDENCIAL DE SEGURIDAD NACIONAL/NSPM-5

30 de junio de 2025

Versión en español

ASUNTO: Reemisión y enmiendas al Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 5 sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba

Sección 1. Propósito .   Estados Unidos reconoce la necesidad de mayor libertad y democracia, mayor respeto a los derechos humanos y mayor libre empresa en Cuba. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad y no respeta su dignidad humana esencial.

La política de mi Administración se guiará por los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, así como por la solidaridad con el pueblo cubano. Buscaré promover un país estable, próspero y libre para el pueblo cubano. Para ello, debemos canalizar fondos hacia el pueblo cubano y alejarlos de un régimen que no ha cumplido con los requisitos más básicos de una sociedad libre y justa.

En Cuba, disidentes y manifestantes pacíficos son detenidos arbitrariamente y recluidos en terribles condiciones carcelarias. La violencia y la intimidación contra disidentes se producen con impunidad. Familiares de presos políticos sufren represalias por protestar pacíficamente contra el confinamiento indebido de sus seres queridos. Los fieles son acosados ​​y se bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil. Se niega el derecho a la libertad de expresión, incluso a través del acceso a internet, y no existe libertad de prensa. Estados Unidos condena estos abusos.

Las medidas iniciales establecidas en este memorando, que incluyen la restricción de ciertas transacciones financieras y viajes, alientan al gobierno cubano a abordar estos abusos. Mi Administración continuará evaluando sus políticas para mejorar los derechos humanos, fomentar el estado de derecho, promover el libre mercado y la libre empresa, y promover la democracia en Cuba.

Sección 2. Política .   Será política del poder ejecutivo :

(a) Poner fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano o a sus agencias o personal militar, de inteligencia o de seguridad a expensas del pueblo cubano.

b) Garantizar el cumplimiento de la prohibición legal del turismo a Cuba.

(c) Apoyar el embargo económico contra Cuba descrito en la sección 4(7) de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD) de 1996 (el embargo), incluso oponiéndose a medidas que exigen el fin del embargo en las Naciones Unidas y otros foros internacionales y mediante informes periódicos sobre si existen las condiciones para un gobierno de transición en Cuba.

(d) Ampliar los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libertad de prensa, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales.

(e) No restablecer la política de “Pies mojados, pies secos”, que alentó a incontables miles de ciudadanos cubanos a arriesgar sus vidas para viajar ilegalmente a los Estados Unidos.

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(f) Garantizar que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de Estados Unidos y del pueblo cubano. Estos intereses incluyen: promover los derechos humanos en Cuba; fomentar el crecimiento de un sector privado cubano independiente del control gubernamental; hacer cumplir las órdenes definitivas de expulsión contra ciudadanos cubanos en Estados Unidos; proteger la seguridad nacional y la salud y seguridad públicas de Estados Unidos, incluyendo la debida participación en causas penales y la labor para asegurar el regreso de los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o se encuentran bajo el amparo del gobierno cubano; apoyar la agricultura estadounidense y proteger la sanidad vegetal y animal; promover la comprensión de Estados Unidos sobre los desafíos científicos y ambientales; y facilitar la seguridad de la aviación civil.

Sección 3. Implementación .   Los jefes de departamentos y agencias ejecutivas (agencias) comenzarán a implementar la política establecida en la sección 2 de este memorando, de la siguiente manera :

(a) Dentro de los 30 días a partir de la fecha de este memorando, el Secretario del Tesoro y el Secretario de Comercio, según corresponda y en coordinación con el Secretario de Estado y el Secretario de Transporte, iniciarán un proceso para ajustar las regulaciones vigentes sobre las transacciones con Cuba.

(i) Como parte de los cambios regulatorios descritos en esta subsección, el Secretario de Estado identificará cualquier entidad o subentidad, según corresponda, que esté bajo el control de, o actúe para o en nombre de, o para el beneficio de, los servicios o personal militar, de inteligencia o de seguridad cubanos (como el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), sus afiliadas, subsidiarias y sucesores), y publicará una lista de aquellas entidades y subentidades identificadas con las cuales las transacciones financieras directas o indirectas beneficiarían desproporcionadamente a dichos servicios o personal a expensas del pueblo cubano o la empresa privada en Cuba.

(ii) Salvo lo dispuesto en el inciso (a)(iii) de esta sección, los cambios regulatorios descritos en este inciso prohibirán las transacciones financieras directas o indirectas con aquellas entidades o subentidades en la lista publicada de conformidad con el inciso (a)(i) de esta sección. 

(iii) Los cambios regulatorios descritos en esta subsección no prohibirán las transacciones que el Secretario del Tesoro o el Secretario de Comercio, en coordinación con el Secretario de Estado, determinen que son consistentes con la política establecida en la sección 2 de este memorando y:

(A) se refieren a las operaciones del Gobierno Federal, incluidas la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo y la misión de los Estados Unidos en La Habana; 

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(B) apoyar programas para construir la democracia en Cuba;

(C) se refieran a operaciones aéreas y marítimas que respalden los viajes, la carga o el comercio permitidos;

(D) apoyar la obtención de visas para viajes permitidos;

(E) apoyar la expansión de las telecomunicaciones y el acceso directo a Internet para el pueblo cubano;

(F) apoyar la venta de productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos vendidos a Cuba de conformidad con la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones de 2000 (22 USC 7201 et seq .) y la Ley de Democracia Cubana de 2002 (22 USC 6001 et seq .);

(G) se relacionen con el envío, procesamiento o recepción de remesas autorizadas;

(H) de otra manera promover la seguridad nacional o los intereses de política exterior de los Estados Unidos; o

(I) sean requeridos por la ley.

(b) Dentro de los 30 días a partir de la fecha de este memorando, el Secretario del Tesoro, en coordinación con el Secretario de Estado, iniciará un proceso para ajustar las regulaciones actuales para asegurar el cumplimiento de la prohibición legal del turismo a Cuba.

(i) El reglamento enmendado exigirá que los viajes educativos tengan fines educativos legítimos. Salvo los viajes educativos permitidos por el reglamento vigente desde el 27 de enero de 2011, todos los viajes educativos se realizarán bajo los auspicios de una organización sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, y todos los viajeros deberán estar acompañados por un representante de la organización patrocinadora.

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(ii) Las regulaciones exigirán además que quienes viajen con fines permitidos de educación no académica o para brindar apoyo al pueblo cubano:

(A) participar en un programa de actividades a tiempo completo que mejoren el contacto con el pueblo cubano, apoyen a la sociedad civil en Cuba o promuevan la independencia del pueblo cubano de las autoridades cubanas; y

(B) interactuar significativamente con personas en Cuba.

(iii) Las regulaciones continuarán estableciendo que toda persona que realice un viaje a Cuba deberá mantener registros completos y exactos de todas las transacciones relacionadas con el viaje autorizado, independientemente de si se efectuaron de conformidad con una licencia o de otra manera, y dichos registros estarán disponibles para su examen por el Departamento del Tesoro durante al menos 5 años después de la fecha en que ocurran.

(iv) El Secretario de Estado, el Secretario del Tesoro, el Secretario de Comercio y el Secretario de Transporte revisarán la aplicación por parte de sus respectivas agencias de todas las categorías de viajes permitidos dentro de los 90 días a partir de la fecha en que se finalicen las reglamentaciones descritas en esta subsección para asegurar que dicha aplicación esté de acuerdo con las políticas descritas en la sección 2 de este memorando.

(c) El Secretario del Tesoro auditará periódicamente los viajes a Cuba para garantizar que los viajeros cumplan con las leyes y regulaciones pertinentes. El Secretario del Tesoro solicitará al Inspector General del Departamento del Tesoro que inspeccione las medidas adoptadas por este para implementar este requisito de auditoría. El Inspector General del Departamento del Tesoro presentará un informe al Presidente, a través del Secretario del Tesoro, que resuma los resultados de dicha inspección dentro de los 180 días siguientes a la modificación de las regulaciones vigentes descritas en el inciso (b) de esta sección y anualmente a partir de entonces.

(d) El Secretario del Tesoro ajustará la regulación actual del Departamento del Tesoro que define el término “funcionarios prohibidos del Gobierno de Cuba” de manera que, para los efectos del título 31, parte 515 del Código de Regulaciones Federales, incluya a los ministros y viceministros; miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros; miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular; miembros de cualquier asamblea provincial; jefes de sector local de los Comités de Defensa de la Revolución; directores generales, subdirectores generales y superiores de todos los ministerios y organismos estatales cubanos; empleados del Ministerio del Interior (MININT); empleados del Ministerio de Defensa (MINFAR); secretarios y primeros secretarios de la Confederación del Trabajo de Cuba (CTC) y sus sindicatos componentes; editores jefes, editores y subeditores de organizaciones y programas de medios de comunicación estatales cubanos, incluidos periódicos, televisión y radio; y miembros y empleados del Tribunal Supremo Nacional.

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(e) El Secretario de Estado y el Representante de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas se opondrán a los esfuerzos en las Naciones Unidas o (con respecto al Secretario de Estado) en cualquier otro foro internacional para levantar el embargo hasta que exista un gobierno de transición en Cuba, como se describe en la sección 205 de la Ley LIBERTAD.

(f) El Secretario de Estado, en coordinación con el Fiscal General, presentará un informe al Presidente en el que evaluará si el gobierno cubano ha cumplido, y en qué medida, los requisitos de un gobierno de transición descritos en el artículo 205(a) de la Ley LIBERTAD, tomando en cuenta los factores adicionales enumerados en el artículo 205(b) de dicha Ley. Este informe incluirá un análisis de los abusos de derechos humanos cometidos contra el pueblo cubano, como detenciones ilegales, arrestos arbitrarios y tratos inhumanos.

(g) El Fiscal General deberá, dentro de los 90 días a partir de la fecha de este memorando, emitir un informe al Presidente sobre asuntos relacionados con los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano.

(h) El Secretario de Estado y el Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional revisarán todos los programas de desarrollo de la democracia del Gobierno Federal en Cuba para garantizar que se ajusten a los criterios establecidos en la sección 109(a) de la Ley LIBERTAD.

(i) El Secretario de Estado convocará un grupo de trabajo, integrado por agencias pertinentes, incluida la Oficina de Transmisiones a Cuba, y organizaciones no gubernamentales y entidades del sector privado apropiadas, para examinar los desafíos tecnológicos y las oportunidades para ampliar el acceso a Internet en Cuba, incluso mediante el apoyo del Gobierno Federal a programas y actividades que fomenten la libertad de expresión a través de medios de comunicación independientes y la libertad en Internet, de modo que el pueblo cubano pueda disfrutar del flujo libre y no regulado de información.

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(j) El Secretario de Estado y el Secretario de Seguridad Nacional continuarán desalentando la migración ilegal y peligrosa que pone en riesgo la vida de cubanos y estadounidenses. El Secretario de Defensa continuará brindando apoyo, según sea necesario, al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional en el desempeño de sus funciones de interdicción migratoria.

(k) El Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario del Tesoro, el Secretario de Defensa, el Fiscal General, el Secretario de Comercio y el Secretario de Seguridad Nacional, informará anualmente al Presidente sobre la interacción de los Estados Unidos con Cuba para asegurar que esa interacción promueva los intereses de los Estados Unidos.

(l) Todas las actividades realizadas de conformidad con las subsecciones (a) a (k) de esta sección se llevarán a cabo de una manera que promueva los intereses de los Estados Unidos, incluida la protección adecuada de fuentes, métodos y operaciones sensibles del Gobierno Federal.

Sección 4. Medidas Presidenciales Anteriores .   (a) Este memorando modifica las secciones 1 y 3 del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional n.° 5 del 16 de junio de 2017 (Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba) (NSPM-5) y reedita el NSPM-5 en su totalidad. No modifica el texto ni los plazos del NSPM-5 original ni pretende ordenar a las agencias que repitan las medidas ya implementadas en virtud de dicho NSPM.

(b) Este memorando reemplaza tanto la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 52 del 28 de junio de 2007 (Política de Estados Unidos hacia Cuba), como la Directiva Presidencial de Política 43 del 14 de octubre de 2016 (Normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba).

(c) Este memorándum no afecta ni la Orden Ejecutiva 12807 del 24 de mayo de 1992 (Interdicción de extranjeros ilegales), ni la Orden Ejecutiva 13276 del 15 de noviembre de 2002 (Delegación de responsabilidades relativas a los extranjeros indocumentados interceptados o interceptados en la región del Caribe).

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Sec . 5. Disposiciones generales .   (a) Nada en este memorando se interpretará como que perjudica o afecta de otra manera:

(i) la autoridad otorgada por ley a un departamento o agencia ejecutiva, o al jefe del mismo; o

(ii) las funciones del Director de la Oficina de Administración y Presupuesto relacionadas con propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(b) El presente memorando se implementará de conformidad con la legislación aplicable y sujeto a la disponibilidad de asignaciones. 

(c) Este memorando no pretende crear, y no crea, ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, exigible por ley o en equidad por ninguna de las partes contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

(d) Por la presente se autoriza y ordena al Secretario de Estado publicar este memorando en el Registro Federal. 

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Original en inglés

MEMORANDUM

FOR THE VICE PRESIDENT

THE SECRETARY OF STATE

THE SECRETARY OF THE TREASURY

THE SECRETARY OF DEFENSE

THE ATTORNEY GENERAL

THE SECRETARY OF THE INTERIOR

THE SECRETARY OF AGRICULTURE

THE SECRETARY OF COMMERCE

THE SECRETARY OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

THE SECRETARY OF TRANSPORTATION

THE SECRETARY OF HOMELAND SECURITY

THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE

THE DIRECTOR OF THE CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

THE CHAIRMAN OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF

THE ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND CHIEF OF STAFF

THE DIRECTOR OF THE OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET

THE ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR NATIONAL SECURITY AFFAIRS

THE ASSISTANT TO THE PRESIDENT AND HOMELAND SECURITY ADVISOR

THE COUNSEL TO THE PRESIDENT

THE ASSISTANT TO THE PRESIDENT FOR ECONOMIC POLICY

THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE

THE DIRECTOR OF THE OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY

THE REPRESENTATIVE OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO THE UNITED NATIONS

THE ADMINISTRATOR OF THE SMALL BUSINESS ADMINISTRATION

THE ADMINISTRATOR OF THE UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

THE DIRECTOR OF THE OFFICE OF PERSONNEL

SUBJECT: Reissuance of and Amendments to National Security Presidential Memorandum 5 on Strengthening the Policy of the United States Toward Cuba

Section 1.  Purpose.  The United States recognizes the need for more freedom and democracy, improved respect for human rights, and increased free enterprise in Cuba.  The Cuban people have long suffered under a Communist regime that suppresses their legitimate aspirations for freedom and prosperity and fails to respect their essential human dignity.

My Administration’s policy will be guided by the national security and foreign policy interests of the United States, as well as solidarity with the Cuban people.  I will seek to promote a stable, prosperous, and free country for the Cuban people.  To that end, we must channel funds toward the Cuban people and away from a regime that has failed to meet the most basic requirements of a free and just society.

In Cuba, dissidents and peaceful protesters are arbitrarily detained and held in terrible prison conditions.  Violence and intimidation against dissidents occur with impunity.  Families of political prisoners are retaliated against for peacefully protesting the improper confinement of their loved ones.  Worshippers are harassed, and free association by civil society organizations is blocked.  The right to speak freely, including through access to the internet, is denied, and there is no free press.  The United States condemns these abuses.

The initial actions set forth in this memorandum, including restricting certain financial transactions and travel, encourage the Cuban government to address these abuses.  My Administration will continue to evaluate its policies so as to improve human rights, encourage the rule of law, foster free markets and free enterprise, and promote democracy in Cuba.

Sec. 2.  Policy.  It shall be the policy of the executive branch to:

(a)  End economic practices that disproportionately benefit the Cuban government or its military, intelligence, or security agencies or personnel at the expense of the Cuban people.

(b)  Ensure adherence to the statutory ban on tourism to Cuba.

(c)  Support the economic embargo of Cuba described in section 4(7) of the Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1996 (the embargo), including by opposing measures that call for an end to the embargo at the United Nations and other international forums and through regular reporting on whether the conditions of a transition government exist in Cuba.

(d)  Amplify efforts to support the Cuban people through the expansion of internet services, free press, free enterprise, free association, and lawful travel.

(e)  Not reinstate the “Wet Foot, Dry Foot” policy, which encouraged untold thousands of Cuban nationals to risk their lives to travel unlawfully to the United States.

(f)  Ensure that engagement between the United States and Cuba advances the interests of the United States and the Cuban people.  These interests include:  advancing Cuban human rights; encouraging the growth of a Cuban private sector independent of government control; enforcing final orders of removal against Cuban nationals in the United States; protecting the national security and public health and safety of the United States, including through proper engagement on criminal cases and working to ensure the return of fugitives from American justice living in Cuba or being harbored by the Cuban government; supporting United States agriculture and protecting plant and animal health; advancing the understanding of the United States regarding scientific and environmental challenges; and facilitating safe civil aviation.

Sec. 3.  Implementation.  The heads of executive departments and agencies (agencies) shall begin to implement the policy set forth in section 2 of this memorandum as follows:

(a)  Within 30 days of the date of this memorandum, the Secretary of the Treasury and the Secretary of Commerce, as appropriate and in coordination with the Secretary of State and the Secretary of Transportation, shall initiate a process to adjust current regulations regarding transactions with Cuba.

(i)    As part of the regulatory changes described in this subsection, the Secretary of State shall identify any entities or subentities, as appropriate, that are under the control of, or act for or on behalf of, or for the benefit of, the Cuban military, intelligence, or security services or personnel (such as Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA), its affiliates, subsidiaries, and successors), and publish a list of those identified entities and subentities with which direct or indirect financial transactions would disproportionately benefit such services or personnel at the expense of the Cuban people or private enterprise in Cuba.

(ii)   Except as provided in subsection (a)(iii) of this section, the regulatory changes described in this subsection shall prohibit direct or indirect financial transactions with those entities or subentities on the list published pursuant to subsection (a)(i) of this section.

(iii)  The regulatory changes described in this subsection shall not prohibit transactions that the Secretary of the Treasury or the Secretary of Commerce, in coordination with the Secretary of State, determines are consistent with the policy set forth in section 2 of this memorandum and:

(A)  concern Federal Government operations, including Naval Station Guantanamo Bay and the United States mission in Havana;

(B)  support programs to build democracy in Cuba;

(C)  concern air and sea operations that support permissible travel, cargo, or trade;

(D)  support the acquisition of visas for permissible travel;

(E)  support the expansion of direct telecommunications and internet access for the Cuban people;

(F)  support the sale of agricultural commodities, medicines, and medical devices sold to Cuba consistent with the Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act of 2000 (22 U.S.C. 7201 et seq.) and the Cuban Democracy Act of 2002 (22 U.S.C. 6001 et seq.);

(G)  relate to sending, processing, or receiving authorized remittances;

(H)  otherwise further the national security or foreign policy interests of the United States; or

(I)  are required by law.

(b)  Within 30 days of the date of this memorandum, the Secretary of the Treasury, in coordination with the Secretary of State, shall initiate a process to adjust current regulations to ensure adherence to the statutory ban on tourism to Cuba.

(i) The amended regulations shall require that educational travel be for legitimate educational purposes.  Except for educational travel that was permitted by regulation in effect on January 27, 2011, all educational travel shall be under the auspices of an organization subject to the jurisdiction of the United States, and all such travelers must be accompanied by a representative of the sponsoring organization.

(ii)   The regulations shall further require that those traveling for the permissible purposes of non academic education or to provide support for the Cuban people:

(A)  engage in a full-time schedule of activities that enhance contact with the Cuban people, support civil society in Cuba, or promote the Cuban people’s independence from Cuban authorities; and

(B)  meaningfully interact with individuals in Cuba.

(iii)  The regulations shall continue to provide that every person engaging in travel to Cuba shall keep full and accurate records of all transactions related to authorized travel, regardless of whether they were effected pursuant to license or otherwise, and such records shall be available for examination by the Department of the Treasury for at least 5 years after the date they occur.

(iv)   The Secretary of State, the Secretary of the Treasury, the Secretary of Commerce, and the Secretary of Transportation shall review their respective agencies’ enforcement of all categories of permissible travel within 90 days of the date the regulations described in this subsection are finalized to ensure such enforcement accords with the policies outlined in section 2 of this memorandum.

(c)  The Secretary of the Treasury shall regularly audit travel to Cuba to ensure that travelers are complying with relevant statutes and regulations.  The Secretary of the Treasury shall request that the Inspector General of the Department of the Treasury inspect the actions taken by the Department of the Treasury to implement this audit requirement.  The Inspector General of the Department of the Treasury shall provide a report to the President, through the Secretary of the Treasury, summarizing the results of that inspection within 180 days of the adjustment of current regulations described in subsection (b) of this section and annually thereafter.

(d)  The Secretary of the Treasury shall adjust the Department of the Treasury’s current regulation defining the term “prohibited officials of the Government of Cuba” so that, for purposes of title 31, part 515 of the Code of Federal Regulations, it includes Ministers and Vice-Ministers; members of the Council of State and the Council of Ministers; members and employees of the National Assembly of People’s Power; members of any provincial assembly; local sector chiefs of the Committees for the Defense of the Revolution; Director Generals and sub-Director Generals and higher of all Cuban ministries and state agencies; employees of the Ministry of the Interior (MININT); employees of the Ministry of Defense (MINFAR); secretaries and first secretaries of the Confederation of Labor of Cuba (CTC) and its component unions; chief editors, editors, and deputy editors of Cuban state-run media organizations and programs, including newspapers, television, and radio; and members and employees of the Supreme Court (Tribuno Supremo Nacional).

(e)  The Secretary of State and the Representative of the United States of America to the United Nations shall oppose efforts at the United Nations or (with respect to the Secretary of State) any other international forum to lift the embargo until a transition government in Cuba, as described in section 205 of the LIBERTAD Act, exists.

(f)  The Secretary of State, in coordination with the Attorney General, shall provide a report to the President assessing whether and to what degree the Cuban government has satisfied the requirements of a transition government as described in section 205(a) of the LIBERTAD Act, taking into account the additional factors listed in section 205(b) of that Act.  This report shall include a review of human rights abuses committed against the Cuban people, such as unlawful detentions, arbitrary arrests, and inhumane treatment.

(g)  The Attorney General shall, within 90 days of the date of this memorandum, issue a report to the President on issues related to fugitives from American justice living in Cuba or being harbored by the Cuban government.

(h)  The Secretary of State and the Administrator of the United States Agency for International Development shall review all democracy development programs of the Federal Government in Cuba to ensure that they align with the criteria set forth in section 109(a) of the LIBERTAD Act.

(i)  The Secretary of State shall convene a task force, composed of relevant agencies, including the Office of Cuba Broadcasting, and appropriate non-governmental organizations and private-sector entities, to examine the technological challenges and opportunities for expanding internet access in Cuba, including through Federal Government support of programs and activities that encourage freedom of expression through independent media and internet freedom so that the Cuban people can enjoy the free and unregulated flow of information.

(j)  The Secretary of State and the Secretary of Homeland Security shall continue to discourage dangerous, unlawful migration that puts Cuban and American lives at risk.  The Secretary of Defense shall continue to provide support, as necessary, to the Department of State and the Department of Homeland Security in carrying out duties regarding interdiction of migrants.

(k)  The Secretary of State, in coordination with the Secretary of the Treasury, the Secretary of Defense, the Attorney General, the Secretary of Commerce, and the Secretary of Homeland Security, shall annually report to the President regarding the engagement of the United States with Cuba to ensure that engagement is advancing the interests of the United States.

(l)  All activities conducted pursuant to subsections (a) through (k) of this section shall be carried out in a manner that furthers the interests of the United States, including by appropriately protecting sensitive sources, methods, and operations of the Federal Government.

Sec. 4.  Earlier Presidential Actions.  (a)  This memorandum amends sections 1 and 3 of National Security Presidential Memorandum 5 of June 16, 2017 (Strengthening the Policy of the United States Toward Cuba) (NSPM-5), and reissues NSPM-5 in its entirety.  It does not otherwise amend the text or timelines reflected in the original NSPM-5 and is not intended to direct agencies to repeat actions already implemented under that NSPM.

(b)  This memorandum supersedes and replaces both National Security Presidential Directive 52 of June 28, 2007 (U.S. Policy toward Cuba), and Presidential Policy Directive 43 of October 14, 2016 (United States-Cuba Normalization).

(c)  This memorandum does not affect either Executive Order 12807 of May 24, 1992 (Interdiction of Illegal Aliens), or Executive Order 13276 of November 15, 2002 (Delegation of Responsibilities Concerning Undocumented Aliens Interdicted or Intercepted in the Caribbean Region).

Sec. 5.  General Provisions.  (a)  Nothing in this memorandum shall be construed to impair or otherwise affect:

(i)  the authority granted by law to an executive department or agency, or the head thereof; or

(ii)  the functions of the Director of the Office of Management and Budget relating to budgetary, administrative, or legislative proposals.

(b)  This memorandum shall be implemented consistent with applicable law and subject to the availability of appropriations.

(c)  This memorandum is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person.

(d)  The Secretary of State is hereby authorized and directed to publish this memorandum in the Federal Register.

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